La nefasta política de vivienda del Gobierno de Sánchez, unida a la nueva ley aprobada en 2023, que protege al okupa, ha disparado las okupaciones en Galicia y la suma total supera las 1.500 viviendas.
La venezuelización de España avanza sin detenerse, y una nueva prueba de ello es el incremento que han experimentado las okupaciones de vivienda en los últimos años, situación a la que Galicia no escapa. Ya hemos informado que la duración media para resolver las ocupaciones ilegales va desde los 18 a los 36 meses, a lo que hay que añadir 6 meses más para la ejecución de la sentencia.
Las 180.000 viviendas sociales prometidas por Sánchez no se han hecho realidad y los problemas para alquilar un hogar se multiplican, ante el temor de los propietarios a que los inquilinos se conviertan en inquiokupas y tengan que mantenerlos a gastos pagados durante casi tres años, desde que se inicia la demanda de desahucio.
Gráfica. Mientras Pedro Sánchez incumple su promesa de construir 180.000 viviendas sociales, el número de okupaciones en Galicia sigue una tendencia creciente
Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España, en Galicia las ocupaciones se han incrementado un 125%, pasando de las 110 de 2028 a las 246 nuevas registradas en 2023. Según las estimaciones de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), hoy los inmuebles okupados en Galicia supera la cifra de las 1.500.
Mientras el okupa campa a sus anchas por tu propiedad, con los gastos pagados, tienes que demostrar que eres titular del inmueble, que no eres gran tenedor y que no es la vivienda habitual del delincuente
Esta es una de las razones principales por la que muchos propietarios optan por mantener sus propiedades cerradas, sin de sacarlas al mercado de alquiler, pero no es la única.
Con la nueva ley de vivienda aprobada la primavera de 2023, el delincuente goza de mayores privilegios, puesto que, si se declara vulnerable -y lo puede hacer mediante una simple declaración responsable una unidad familiar con ingresos de unos 25.000 €-, el tiempo de desalojo se amplía dos meses más que hasta entonces, si se trata de personas físicas, y hasta 4 en caso de jurídicas, porque se paraliza el desalojo para buscar acomodo a los okupas. Así, el tiempo medio que tendría que esperar el propietario para recuperar su casa desde que inicia los trámites judiciales va desde los 18 a los 36 meses, más 6 meses para la ejecución de la sentencia.
Si el okupa se declara en situación vulnerable, el desalojo se paraliza hasta que se logre un alojamiento
El calvario no acaba con la presentación de la demanda, con el coste que eso conlleva, sino que el dueño de la vivienda deberá certificar que no gran tenedor de inmuebles (más de 10), y para ello tendrá que recurrir al Registro de la Propiedad.
Además, el propietario tendrá que demostrar que el inquiokupa utiliza esa vivienda como habitual y, por si no fuera suficiente, el titular del inmueble deberá constatar que ha intentado la conciliación y el acercamiento con quien está usurpando su casa.
¿Quién se atreve a poner en alquiler una vivienda de su propiedad, comprada con el esfuerzo y los ahorros de su vida, para que se la ocupen y tenga que estar entre dos y tres años pagando los gastos de la vivienda a los inquiokupas, y los costes judiciales que conlleva el desalojo?
Evidentemente existe un serio problema de okupación en España y en Galicia, por más que se empeñen en minimizarlo los defensores de las causas perdidas. Un problema generado por un Gobierno incompetente, que hace dejación de funciones continuamente, y descarga sus responsabilidades de proporcionar una vivienda digna en los propietarios de inmuebles, para no asumir su nefasta gestión.
Si un Gobierno es incapaz de garantizar el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución, mal vamos; y si en España solamente hay un 3% de viviendas sociales y se necesita llegar al 30%, prometer 180.000 viviendas sociales y no hacer ni la primera sólo se puede calificar de una nueva estafa de Pedro Sánchez.
