La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, el 27 de octubre de 2017, puso fin al Procés Soberanista y abrió la puerta al Procés Sanchista.
El balance de Pedro Sánchez es demoledor: eliminación del delito de sedición, reducción de penas por malversación, indultos para los artífices encarcelados, control político de organismos públicos e instituciones del Estado, amnistía para los delincuentes… Y el toque de gracia a los derechos y libertades de los ciudadanos está en camino, con el paquete de “Calidad Democrática” para domesticar a los jueces y amordazar a la Prensa libre.
El Procés Soberanista arrancaba en diciembre de 2012 con el Pacto de Gobernabilidad, entre Artur Más y Oriol Junqueras, para la celebración de una “consulta de autodeterminación” en Cataluña. Desde entonces hasta hoy, todos recordamos los hechos que se fueron sucediendo, siendo los más destacados el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de la declaración unilateral de independencia, que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y que contó con el apoyo del PSOE en las Cortes. La Ley de Leyes ponía fin al Procés Soberanista y Pedro Sánchez abría la puerta al Procés Sanchista.
El proceso independentista ilegal comenzó en diciembre de 2012 y finalizó en 2017, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero Sánchez ha reabierto otro Procés para otorgar privilegios a Cataluña y discriminar al resto de España.
El “aventajado” alumno de Zapatero se hacía con el Gobierno de España el 1 de junio de 2018, tras la moción de censura que promovió para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. Desde ese momento, Sánchez contraería una deuda impagable con quienes le llevaron al Poder (Podemos-Bildu-ERC-PNV-Compromís-PDeCAT y Nueva Canarias) y que le han traído hasta nuestros días.
Iniciaba una senda interminable de bulos, mentiras y contradicciones, tratando de justificar lo injustificable bajo la denominación de ‘cambios de opinión’. Sus asesores tuvieron que emplearse a fondo en la búsqueda de juegos de palabra y eufemismos que suavizaran sus grandes incumplimientos y farsas.
En 2019, Sánchez pacta con Pablo Iglesias, tras afirmar que no conciliaría el sueño si gobernaba con Podemos, e inicia el camino para que España siga los pasos de Venezuela.
Pero hasta eso habría sido tolerable en política, si no hubiera comenzado el camino hacia la venezuelización de España.
Su alianza con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sería el pistoletazo de salida de esta carrera, después de que el PSOE obtuviera unos resultados insuficientes para gobernar en las elecciones de noviembre de 2019.
Sánchez emprendía su viaje para lograr el control de los organismos e instituciones del Estado: RTVE, CNI, TC, CIS, Fiscalía del Estado, … con el fin de ir pagando parte de la deuda contraída con sus socios de gobierno. Modifica el Código Penal para eliminar el delito de sedición, reduce las penas por malversación, indulta a los promotores del Procés Soberanista…
Foto. Pedro Sánchez aseguró que no eliminaría el delito de sedición, ni el de malversación, ni tampoco que se probaría la almnistía para los delincuentes del Procés y después “cambió de opinión” tras necesitar los votos de Junts, ERC, Bildu y PNV para mantenerse en La Moncloa
Entre broncas, ceses y dimisiones de sus ministros y acólitos transcurre una estéril legislatura, centrada en el pago de su deuda a sus “socios preferentes” por los apoyos recibidos. Y cuando considera que la situación es insostenible, en verano de 2023 nos convoca por sorpresa a las urnas.
Si hasta entonces la situación política e institucional había sido mala, a partir de ese momento se convertiría en crítica, al necesitar de nuevo el apoyo de sus “acreedores” para permanecer en La Moncloa. Su debilidad numérica para formar Gobierno incrementaba notablemente la deuda contraída, y el chantaje se hace cada vez más visible.
Tras las Elecciones Generales de julio de 2023, Pedro Sánchez ha permitido que los 395.000 votos de Carles Puigdemont hayan puesto en jaque a 48 millones de españoles
Sánchez va estrechando el círculo de los derechos y libertades de los ciudadanos y ensanchando el de su arbitrariedad. Poder Ejecutivo y Legislativo ya caminan juntos. Sólo le falta la tercera pata institucional, el control de la Justicia; y el del Cuarto Poder: La Prensa.
Si el Procés Soberanista fue grave, por cuanto contravenía la Constitución Española y nuestro Ordenamiento Jurídico, mucho más grave es el Procés Sanchista, y de unas consecuencias imprevisibles.
Foto. Sánchez ha liquidado la separación de poderes, eliminado el delito de sedición del Código Penal, indultado a los delincuentes golpistas y pretende amnistiar a los que pretenden fracturar España
El fiscal General del Estado, Álvaro García, -que actúa de fiscal General del PSOE-ordena a los fiscales del Procés que apliquen la amnistía, saltándose la Ley por malversación; y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concederá una “financiación singular” a Cataluña para condonarle 15.000 millones de deuda. ¿Se puede ser más desigual ante la Ley?
Por si no fuera suficiente, el pasado mes de abril, Sánchez protagonizaba la mayor burla que un gobernante puede hacer a su Pueblo, cuando, tras cinco días de retiro para reflexionar, anunció que emprenderá una “Regeneración Democrática”, cuyo único objetivo es someter a jueces y fiscales independientes y amordazar a la prensa libre que ejerce su derecho a la crítica.
Sánchez pretende finalizar su hoja de ruta para liquidar la separación de poderes, sometiendo a la Justicia y amordazando a los medios críticos. Es decir, vamos camino de convertirnos en una sucursal de Venezuela.
Amordazar al Poder Judicial y a los medios de comunicación independientes es su fin, como anunció la semana pasada en su RTVE, sólo que en lugar de decirlo con claridad volvió a recurrir al eufemismo de la “Calidad Democrática”.
Sánchez inició el proceso de venezuelización del España en junio de 2018 y hay que decir que los avances logrados por Tirano Pedrone han sido notables para convertirnos en una dictadura “progresista”.
Mientras, los ciudadanos españoles asisten incrédulos a la estrategia de Sánchez de acribillarles a impuestos; comprueban cómo cada vez cierran más empresas; cómo la inversión extranjera ha ido cayendo año tras año; cómo en lugar de generar empleo de calidad, reparte puestos de trabajo por horas y el número de funcionarios se dispara.
Foto. Nunca en la historia de España, 7 votos han tenido un coste tan alto para la democracia
El objetivo de Pedro Sánchez es muy evidente: hacernos cada vez más dependientes de un Gobierno que pretende aglutinar todos los poderes del Estado, restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Procés Soberanista acabó con la aplicación del 155 de la Constitución Española, pero el Procés Sanchista continúa ante una adormecida Sociedad, que cuando quiera reaccionar ya será tarde, al igual que sucedió en Venezuela.
