La duración media para resolver las ocupaciones ilegales va desde los 18 a los 36 meses, a lo que hay que añadir 6 meses más para la ejecución de la sentencia.
En los últimos años, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente y preocupante en España. Este fenómeno no solo afecta a los propietarios legítimos, sino también a los vecinos y comunidades que sufren las consecuencias de estas ocupaciones.
La legislación vigente no es eficaz para abordar este problema de manera rápida y justa, lo que genera una sensación de inseguridad entre los ciudadanos y, en muchos casos, fomenta nuevas ocupaciones.
El Estado no es capaz de garantizar la propiedad privada de los pequeños propietarios y tampoco se ha impulsado las 250.000 viviendas sociales prometidas por el Gobierno central
Un informe reciente, elaborado por un despacho de abogados coruñés, especializado en la materia, para una asociación europea, sobre la ocupación ilegal de viviendas, analiza la legislación y propone posibles reformas, destacando tres condiciones esenciales para una acción eficaz contra los ocupantes ilegales:
- Una legislación actualizada a la realidad social,
- Una interpretación de las leyes que considere las circunstancias predominantes,
- Y un sistema judicial ágil en la resolución de los casos.
Lamentablemente, ninguna de estas condiciones se cumple actualmente, lo que incrementa la inseguridad ciudadana y estimula nuevas ocupaciones. A pesar de que no existe una ley que explícitamente proteja la ocupación ilegal, la normativa procesal actual carece de herramientas rápidas y efectivas para que los propietarios reclamen sus propiedades.
Se precisa reformar la legislación para impulsar medidas cautelares que permitan el desalojo exprés de las ocupaciones ilegales
La Ley 5/2018, aunque bien intencionada, no ha logrado proporcionar una solución adecuada. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el promedio de duración de los procedimientos civiles para obtener una sentencia final fue de 36 meses en 2019, un incremento respecto a los 33 meses en 2018. En el ámbito penal, la duración media fue de 18 meses en 2019. Además, la ejecución de la sentencia puede extenderse hasta 6 meses más, lo que agrava aún más la situación para los propietarios y las comunidades afectadas.
Ante este panorama, se han propuesto varias reformas legislativas. Entre ellas, la incorporación de medidas cautelares que permitan el desalojo inmediato en casos de ocupación ilegal, y la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley 5/2018 para incluir a entidades legales y propiedades distintas a las viviendas.
La actual inseguridad jurídica actual en España provoca que miles de viviendas no salgan al mercado inmobiliario de alquiler
Estas reformas buscan agilizar y hacer más efectivo el proceso de recuperación de la posesión, proporcionando una respuesta rápida y firme que desincentive la ocupación ilegal. No obstante, es fundamental abordar el problema desde múltiples ángulos.
Además de nuevas regulaciones, es necesario solucionar el problema del acceso a la vivienda, regulando los precios de alquiler y aumentando el parque de viviendas de alquiler social. En España, este tipo de viviendas representan solo el 2% del total, comparado con el 30% en los Países Bajos o el 17% en Francia y el Reino Unido.
Se sataniza a las viviendas turísticas como responsables del incremento del precio de la vivienda, pero en España solamente hay un 2% de viviendas sociales, frente a un 15% a 30% en los países de nuestro entorno
En conclusión, el problema de la ocupación ilegal de viviendas requiere una respuesta legislativa integral y efectiva. Es imperativo que se proteja tanto a los propietarios legítimos como a las comunidades afectadas, y que se implementen medidas que faciliten el acceso a la vivienda sin recurrir a la ocupación ilegal. Solo así se podrá garantizar una convivencia justa y segura para todos los ciudadanos.
Este enfoque es necesario para evitar que las deficiencias actuales sigan afectando negativamente a la sociedad. La ocupación ilegal no puede seguir siendo un refugio para aquellos que, aprovechando la lentitud judicial y la falta de herramientas legales eficaces, se apropian de lo que no les pertenece. Es tiempo de una legislación que, de manera justa y equilibrada, proteja a todos los actores involucrados, promoviendo una verdadera justicia social y una convivencia armónica.
