El siguiente artículo busca analizar exclusivamente el impacto económico que va a tener la ley de amnistía para el Estado; una concesión que ha necesitado Pedro Sánchez para formar el nuevo Gobierno de coalición. Más adelante, habrá una segunda parte para las empresas españolas. Por ello, me remito única y exclusivamente al enfoque económico y no entro en cuestiones de índole político, jurídico o ideológico.

Una de las problemáticas de esta nueva ley de amnistía es que pone en riesgo el Estado de Derecho español, algo a tener muy en cuenta porque es una certeza de una gran parte de ciudadanos. Esto supone, fundamentalmente, una pérdida de credibilidad del gobierno español, que seguirá repercutiendo como pérdida de reputación como país, aunque dentro de cuatro años entren a gobernar personas de otro color político. La credibilidad y la confianza de un país es algo que tarda muchos años en lograrse y que, por desgracia, se pierde en segundos con malas decisiones.

Esta pérdida de reputación siempre viene acompañada de una reducción de la inversión extranjera en España, la cual, según datos del INE, ya se está produciendo en estos momentos. Por otro lado, podría provocar que la rentabilidad del bono español se mantenga estructuralmente alto, ya que los inversores van a exigir una prima mayor a un Estado de “dudosa credibilidad”, frente a uno como Francia, por ejemplo, donde esto no sucede. Este fenómeno se convierte, antes o después, en una subida de la prima de riesgo.

Una vez dicho esto, me gustaría que el lector reflexione sobre una cuestión, nos encontramos en un momento donde los tipos de interés son altos y el coste de financiación del Estado es muy elevado, pero no tanto como debería de ser, ya que el Banco Central Europeo está vendiendo bonos alemanes y holandeses y utilizando ese dinero para comprar deuda española y presionar los rendimientos a la baja. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, ¿quién es el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez o Christine Lagarde?

Si mañana Lagarde toma la decisión de dejar de comprar deuda española, motivada por alguna decisión del gobierno multicolor de Sánchez que no sea del agrado de la presidenta del Banco Central Europeo, pondría la situación financiera del Estado español contra las cuerdas, siendo ella la presidenta “de facto” y Sánchez “de iure”.

Este pensamiento generalizado de la vulneración del Estado de Derecho con la, más que probable, aprobación de la ley de amnistía, unida a la falta de seguridad jurídica, con toda certeza provocará el efecto de fuga de capitales, que ya se estaba dando en años anteriores. Otra conclusión preocupante para nuestra economía es que si los grandes capitales, debido a la subida de presión fiscal decretada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se ven obligados a asumir un incremento de impuestos lo más probable es que decidan marcharse de España a otros países con mejores condiciones y, en consecuencia, habrá descapitalización y merma de inversiones.

Con un coste de financiación del Estado cada vez mayor, debido en buena parte a la estrategia permanente de déficit y endeudamiento decidida por el gobierno de Sánchez en los últimos años, no quedará más remedio que subir la presión y el esfuerzo fiscal a los españoles que todavía residan en territorio nacional, para poder cuadrar unas cuentas públicas. Unos presupuestos públicos que tienden a incrementar el gasto y a minorar los ingresos menores, lo que provoca que se mantenga la espiral de déficit público, otro motivo de preocupación para el Banco Central Europeo que puede ser utilizado como arma política para que España lleve a cabo duras medidas fiscales o de ajuste de gasto, lo que supone una clara pérdida de soberanía del Estado y de los ciudadanos.