Ayer se produjo un importante terremoto informativo con la publicación de OKdiario, medio digital de ámbito nacional, sobre la investigación que está realizando el juzgado coruñés de instrucción número 2 a Lage Tuñas, el todopoderoso superconcejal de Economía y Planificación Urbana, por prevaricación y tráfico de influencias.

La demanda presentada por Más Cuidados Multiservicios SLU señala a Lage Tuñas, a dos funcionarios del ayuntamiento y a la responsable de la empresa Servigal por la adjudicación del contrato del servicio de recogida, transporte, mantenimiento y residencia de animales domésticos en A Coruña a la mencionada empresa y solicita que sean llamados a declarar en dependencias judiciales.

Este contrato, adjudicado en sesión urgente dos días antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 con un incremento del coste del 33%, impulsó la demanda de Más Cuidados debido a que, según afirman los denunciantes, se adjudicó el contrato a Servigal sabiendo que había cometido diversos incumplimientos contractuales en el anterior contrato, que había sido objeto de denuncias ecologistas durante los últimos años, con una oferta económica más cara que otras que se presentaron a la licitación y, también siendo conocedores de que sobre las instalaciones de esa empresa pesa una orden de demolición.

EL PP Y EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EXIGE ACCEDER AL EXPEDIENTE

Tras la polémica suscitada por esta adjudicación, el Grupo Municipal del PP solicitó el 9 de agosto una copia de la  documentación sobre la adjudicación del nuevo contrato y ayer denunciaron que todavía no han tenido acceso a ninguna información para poder realizar su labor de control como partido de la oposición.

Tras más de dos meses de espera, el grupo popular, liderado por Miguel Lorenzo, no ha podido estudiar el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas ni la oferta que presentó la empresa que resultó adjudicataria. El gobierno municipal de Inés Rey, además de ocultar la información a la oposición, también está jugando con fuego y se ha hecho el remolón con su obligación de facilitar la mencionada documentación al Juzgado de Instrucción nº 2 que está investigando esta denuncia, y la jueza ha dado diez días de plazo a la alcaldesa para que le envíe el expediente de la adjudicación del contrato.

Todo indica que el, en tiempos anteriores, experto en transparencia Lage Tuñas no practica con el ejemplo y trata de echar tierra sobre este turbio asunto.