El pasado 26 de mayo entraba en vigor la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, cuya misión principal era garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles. Tras algo más de seis meses desde su publicación, en La Moncloa se preguntarán cómo es posible que, habiendo aprobado una ley, los españoles sigan teniendo dificultades para conseguir un alquiler que no se lleve más del 60% del salario. Si es que se lo llegan a preguntar, claro. Porque la realidad es que el discurso de la vivienda ya no forma parte del debate público mainstream. Ellos han aprobado una ley y, cuando eso ocurre, el problema es como si desapareciese y se solventase por arte de magia. O al menos eso dan a entender las fotos y los titulares.

A propósito de la intervención gubernamental de la economía, el economista Milton Friedman señalaba que “Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones, más que por sus resultados”. Nada más lejos de la realidad. Para sorpresa de muchos, la publicación de más de medio centenar de páginas en el Boletín Oficial del Estado que iban a garantizar alquileres baratos para todos, lejos de resolver el problema, lo han empeorado.

Según el portal inmobiliario Fotocasa, durante el primer semestre del año 2023 el alquiler alcanzó su precio máximo histórico a nivel nacional con 11,69€/m2, superando la marca registrada durante la burbuja de 2007. Centrándonos en la ciudad herculina, en los últimos seis meses, el precio del alquiler en A Coruña ha subido un 3,88% y, en lo tocante a la oferta, ésta se encuentra en mínimos históricos por debajo de las 400 ofertas activas de inmuebles.

Para un lego en economía hablar de escasez de vivienda carece de sentido si se tiene en cuenta que, según la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN), hay 15.250 pisos o casas que llevan más de tres años desocupadas en A Coruña. Sin embargo, aunque no exista escasez en el sentido de falta de inmuebles, sí que hay escasez en términos económicos, ya que los propietarios de los inmuebles prefieren destinar sus viviendas a usos alternativos más atractivos como podrían ser la venta o el alquiler turístico.

Siendo el problema del mercado del alquiler un problema de oferta, lo más lógico sería pensar que la Ley de Vivienda debería, precisamente, estimular dicha oferta para que cada vez más viviendas se incorporen al circuito del alquiler. No obstante, el buque insignia del PSOE y Unidas Podemos, apuesta por medidas que persiguen todo lo contrario: límites de precios, prórrogas extraordinarias de los contratos y paralización de desahucios.

Por un lado, la prohibición de actualizar la renta al IPC, estableciendo como máximo el 2% para este año y el 3% para el próximo año, provoca que los precios hayan estado y vayan a estar artificialmente por debajo de los precios de mercado, de modo que la mayor parte del peso de la inflación recae sobre el propietario. Si a esto se le suma que los contratos puedan prorrogarse extraordinariamente, en caso de vulnerabilidad económica o social o en caso de que el inmueble esté ubicado en una zona tensionada, se fuerza al casero a mantener una inversión más tiempo del que desearía y que, en un contexto inflacionario, podría dejar de ser rentable.

Por otro lado, además de la limitación de los precios, el segundo ingrediente del cóctel perfecto para ahuyentar a futuros arrendadores es la paralización de los desalojos forzosos que, con el aumento de los parámetros y trámites administrativos para obtener el desalojo de un ocupante ilegal, desprotegen al propietario y deterioran la seguridad jurídica.

Es cierto que todas estas medidas benefician a los inquilinos, pero sólo a los que ya tienen un alquiler. En cambio, no ocurre lo mismo con aquellos que actualmente están buscando uno, pues esos se enfrentan a un mercado donde cada vez la oferta es más reducida y, por ende, el precio de salida de las viviendas, más elevado.