Por: Benjamín Santamaría

La investidura de Pedro Sánchez puede tener más consecuencias de las que vemos a primera vista, sobre todo en el terreno económico. Los votos de los otros partidos no han sido a cambio de nada, el PSOE premiará. El caso es que la ministra de Economía, Nadia Calviño, es candidata para presidir el Banco Europeo de Inversión. En esas circunstancias, es muy probable que la coruñesa no repita en esta legislatura y su cartera pase a ser de otra personalidad.

Suenan campanas que mencionan al señor Escrivá, actual ministro de Seguridad Social. Este caballero estaba aspirando a presidir el Banco de España, según varios medios de comunicación. Sin embargo, una posible oferta para dirigir el Ministerio de Economía y tener una vicepresidencia sería algo irrechazable. En ese caso, cabe preguntarse quién ocupará el lugar de Escrivá en caso de que esto suceda, es decir, quién se hará cargo de la Seguridad Social en España.

La respuesta, aunque sólo hablamos de posibilidades dada la incertidumbre, puede congelar la sangre de más de uno. Tradicionalmente, la Seguridad Social ha estado siempre asociada al Ministerio de Trabajo. Ambas competencias han tenido siempre un director. Por tanto, si Pedro Sánchez decide realizar estos movimientos, es probable (y no sería extraño) que veamos a Yolanda Díaz ocupando esta cartera. Piénsenlo. La dirigente del partido de extrema izquierda Sumar puede llegar a encabezar el departamento que maneja la mayor parte del presupuesto del Estado.

Estas circunstancias, aunque no pasan de ser meros futuribles, ponen en riesgo la estabilidad laboral y económica del país. Las perspectivas de crecimiento para 2024 (tanto del Banco de España, como de la Unión Europea, como de las entidades privadas) se encaminan a una desaceleración que rozará alrededor del 1,5%. Es decir, el avance del PIB se contrae, una de las primeras señales para preocuparse. Es más, el indicador de creación de empresas indicó que el número de nuevas sociedades descendió en septiembre un 1,5%, primer retroceso en 8 meses. La inflación, por su parte, lleva varios meses al alza con la única excepción de octubre, que mantuvo el nivel de precios con un aumento del 3,5%, igual al de septiembre, algo que hace que nos alejemos de las previsiones anuales del Gobierno.

Mientras tanto, los políticos juegan a los dados con los cargos de responsabilidad en vez de prepararse para lo que viene. La situación es claramente preocupante y ahora era más necesario que nunca cubrirse las espaldas. El Ejecutivo no se cansa de repetir que hemos salido de una crisis y que, además, lo hemos hecho mejor que en 2008 (cuando ellos gobernaban, aunque no se acuerden). Sin embargo, la realidad es que no sólo no hemos superado nada, sino que hemos estado cavando nuestra propia tumba. Nos espera un futuro de deuda impagable que se ve afectada por el alza de tipos de interés, un frenazo del PIB y una contracción en el empleo. Cuando así sea, descenderá la recaudación y el Gobierno “progresista” tirará balones fuera culpando a los ricos y empresarios. Subirá impuestos para cubrir el problema y sólo provocará destrucción sobre el tejido productivo, compuesto en su enorme mayoría por pymes que no pueden hacerse cargo ni de aumentos tributarios ni de disminuciones de jornadas laborales.

Ese es el horizonte. Algo que ha sido apoyado por lo que tradicionalmente se ha conocido como derecha catalana, vasca y canaria. Partidos que han provocado que sus votantes (muchos empresarios y autónomos) sufran a cambio de concesiones económicas políticas.