Los últimos datos de empleo publicados, correspondientes al mes de octubre, reflejaban el peor dato mensual en ocho años. La creación de empleo se estancaba en su menor ritmo desde el año 2015. Según los datos de la Seguridad Social, cerca de 50.000 trabajadores con contrato fijo discontinuo se han declarado “no activos” (laboralmente hablando) de tal manera que no computan en la medición de las cifras del paro.

Que la actividad económica se está ralentizando es un hecho, sobre todo en sectores industriales, y el mercado laboral no es sino un efecto secundario de la ralentización económica que luego afecta al consumo de los hogares. Que la cifra de afiliados a la seguridad social suba o que el empleo baje es un brindis al Sol, por diferentes hechos: I) las horas trabajadas todavía no han superado las cifras prepandemia, II) la recaudación de la seguridad social no aumenta en relación con el aumento de cotizantes (salarios bajos se reflejan en bajas cotizaciones) y III) los datos del paro son un reflejo de la población activa.

Hoy por hoy debido a la pirámide poblacional, la población activa en España se está reduciendo. A la jubilación de la generación de los babyboomers hay que sumar la expulsión del mercado laboral que generan las paguitas del Estado. Y es que, si el Estado paga una transferencia ligeramente inferior al Salario Mínimo, muchos trabajadores elegirán quedarse en sus casas antes que trabajar por un salario ligeramente superior a la transferencia Estatal.

Según las cifras de paro en España existen unos 2,8 millones de parados. Pero este análisis no considera la llamada mano de obra “oculta”, es decir, aquella que se encuentra inactivos laboralmente pero dispuestos a trabajar. Esta cifra, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se sitúa en 1,09 millones de personas, que sumados a los datos del paro darían una cifra de 3,89 millones de parados reales. Y esta cifra podría ser mucho mayor si se incluyeran a estudiantes que puntualmente compaginan su formación con trabajos puntuales o a tiempo parcial.

El mercado laboral español tiene un problema que se enuncia con el siguiente ejemplo: hay muchas empresas que tienen problemas para contratar, sin embargo, hay cerca de 4 millones de personas sin empleo pero dispuestas a trabajar. Ante este hecho, la primera respuesta sería “es que los sueldos ofrecidos son muy bajos”. Es análisis es en parte correcto, pues hay que añadir que las transferencias del Estado hacen que los sueldos actuales sean poco competitivos con quedarse en casa. ¿La solución? Muy sencilla, eliminar las paguitas laborales que causan rigidez en el mercado laboral. Pero no solo las paguitas, sino los impuestos destinados a pagarlas.

Si la empresa tiene que pagar menos impuestos por trabajador, podrá permitirse contratar más o incluso aumentarle el sueldo. El caso más paradigmático es el mercado laboral de Estados Unidos, que se encuentra desde hace varios años en pleno empleo. No hay restricciones a la contratación ni al despido, por lo que el mercado se auto regula. Si el empleado es incompetente de manera sobrevenida es invitado a abandonar su puesto laboral; mientras que el trabajador competente es premiado, porque si no se le premia busca un empleo mejor remunerado.

Con todo este panorama, la Unión Europa ha publicado el gasto en protección social relativo al año 2022. Este informe posiciona a España como tercer país de Europa que más dinero invierte como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) en prestaciones por desempleo. Según los datos oficiales, que ya hemos visto que subestiman la realidad, la tasa de paro de España en 2022 fue de un 12,92%; lo que implica que con las peores cifras de paro producidas en éste 2023, el gasto total en prestaciones de protección social se ha incrementado con respecto al año anterior.

Los dos países que tienen más gastos de protección social en Europa son Chipre (2,8%) y Francia (1,8%) después figurando España con un 1,7% del PIB nacional. Una vez más la Unión Europea ha advertido a España sobre su situación de desempleo. El gobierno en funciones hace oídos sordos a la recomendación pues en su programa está elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y encarecer todavía más los despedidos, desincentivando de esta manera la contratación. Ante éste panorama y la ralentización económica lo esperable será que la realidad del mercado español se agrave, no figurando así en las maquilladas cifras oficiales.