En la primera de esta serie de artículos, hemos demostrado que José Manuel Lage Tuñas maneja la corte de Inés Rey-na a su antojo. El Sultán de Outes maniobra con firmeza implacable el volante del ayuntamiento y el resto de la orquesta -dos superconcejales, cuatro coordinadores, doce directores de área y los siete concejales sin funciones que nos cuestan 2,4 millones- empujan el coche municipal a mayor gloria de la alcaldesa.

Es importante explicar que los socios “preferentes” del BNG coruñés bendicen este entramado, además de un presupuesto municipal descaradamente inflado artificialmente, a cambio de que Lage Tuñas, casualmente secretario de organización del PSOE gallego, permita gobernar al BNG en minoría absoluta en Santiago (7 concejales del BNG de un total de 25 que forman la corporación municipal santiaguesa). Un intercambio de cromos en el que claramente pierden los coruñeses y que Jorquera asume a cambio de una plácida travesía hacia su jubilación.

Hoy vamos a analizar la estrategia de Rey y Lage para amoldar la jerarquía funcionarial del ayuntamiento a su medida. En el primer mandato municipal (2019-2023) han ido cubriendo plazas de jefes de sección y jefes de departamento de las concejalías con concursos de méritos, pero no han hecho lo mismo con muchas jefaturas de servicio. Y ¿por qué?, se preguntarán. Porque en este segundo mandato municipal de cuatro años pretenden cubrir esas plazas vacantes mediante “comisiones de servicio”.

El objetivo es colocar a las personas que al Sultán de Outes le parezcan más dóciles y afines a su causa y consolidar el entramado de coordinadores, directores de área y jefes de servicio que les permitan hacer y deshacer a su antojo en el ayuntamiento. Y todo esto con la complicidad de la Junta de Personal y los principales sindicatos, UGT y CCOO, que miran hacia otro lado tras “amarrar los suyo”. Por ejemplo, en 2024, el convenio del ayuntamiento coruñés con UGT se incrementa hasta 50.000 euros. ¿Casualidad? Va a ser que no hay casualidades en esta vida y todo tiene un precio, hasta la dignidad de los “concejales florero” y de los sindicatos afines.

Centrándonos en el tema de hoy, queremos señalar que en el ayuntamiento coruñés se ha pasado de 25 personas nombradas en comisión de servicio en el mandato 2006-2011 de Losada (PSOE) y Tello (BNG) a 250 desde que Inés Rey es alcaldesa a partir de 2019. Es decir, se han multiplicado por diez las personas designadas mediante un método que solamente se ha de utilizar en caso de urgencia y por un corto espacio de tiempo.

Todos se las prometían muy felices con este tinglado, hasta que el sindicato nacionalista CIG se hartó de que Lage Tuñas e Inés Rey dieran la callada por respuesta a sus reiteradas peticiones de que cumpliesen la normativa y la sentencia de 2018 que obligaba a garantizar los concursos públicos. Tanto ha ido el cántaro a la fuente, que la denuncia presentada por este sindicato ha tenido acogida en el Juzgado de Instrucción nº 6, que ha abierto diligencias previas para investigar la documentación presentada sobre estas prácticas presuntamente fraudulentas que, según los denunciantes, podrían constituir un delito de prevaricación administrativa.

Este sindicato sostiene que hay personas nombradas en comisión de servicio que no cumplen los requisitos para ser designadas y, además, los informes que apoyan las decisiones de otorgar algunas plazas son absolutamente arbitrarios, afirmando, incluso, que contienen “falsedades”.

Ya existen precedentes en 2022, donde la justicia ya anuló varias decisiones arbitrarias, bien porque deberían de haberse convocado por concurso de méritos o porque los informes de adjudicación de las plazas de comisión de servicio no se sostenían. Es el caso de Montserrat Paz, a la que primero el contencioso administrativo anuló su nombramiento en comisión de servicio y posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio otro varapalo al rechazar el recurso del ayuntamiento. No hay problema que no solucione la pareja Inés Rey-Lage Tuñas. Ya le arreglaron “lo suyo” y, como no había manera de enchufarla de jefa de servicio de Seguridad Ciudadana, la metieron en la lista electoral del PSOE y ahora es “concejal florero” de Seguridad Ciudadana sin competencias delegadas.

Hay casos más recientes, como el de la Jefatura de Servicio de Edificación, adjudicada en comisión de servicio, asombrosamente, a un profesor de enseñanza secundaria por encima de tres arquitectos de contrastada experiencia, que se presentaron a la plaza y se quedaron con tres palmos de narices.

También sucedió con la plaza de director de Área de Economía, otorgada a un ingeniero agrónomo sin experiencia en la administración o con la Jefatura de Departamento de Exposiciones, que recayó en un informático que le ganó a un licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia del Arte y máster en Arqueología, con 33 años de experiencia y a un Licenciado en Bellas Artes con 23 años de trayectoria.

También tenemos dos buenos ejemplos en los “fichajes estrella” que provienen del RC Deportivo de La Coruña y, como ya pueden suponer, sin experiencia en gestión administrativa: el Director de Área de Deportes, Daniel Regos Vilares, y el designado como Director de Área de Turismo, Ignacio Martínez Dopico. A este último, le vendieron que se iba a encargar solo de Turismo y cuando entró por la puerta de su despacho se enteró que le habían empaquetado Comercio y Mercados.

Sabemos que hay posibilidades de que la denuncia de la CIG puede quedar en nada, como sucedió con la concejal de La Marea Claudia Delso, tras impulsar un contrato que se adjudicó para ceder los usos de la antigua prisión provincial a la entidad Proxecto Cárcere, de la que formaron parte miembros de La Marea y del gobierno local de ese desaparecido partido.

Pero también es posible, por el contrario, que pueda ser el principio del fin de Inés Rey y Lage Tuñas, como cuando la célebre juez Pilar de Lara montó el circo de la Operación Pikachu, que hirió de muerte al gobierno municipal del popular Carlos Negreira en 2013, aunque años después se demostrase que no se había producido ningún delito.

¿Qué sucederá con las dos causas abiertas, la adjudicación del contrato de la perrera municipal y el abuso en la utilización de las comisiones de servicio, que arrojan abundantes sospechas sobre la gestión irregular de Inés Rey-na y el Sultán de Outes? Lo sabremos a la vuelta de publicidad.