El 52% de las empresas del sector del comercio minorista espera una caída en las ventas para el año 2024.
Durante el 2022 y el 2023 se han clausurado, de media, 34 comercios al día con un autónomo detrás. Esta destrucción se achaca a la inflación, por no poder repercutir la subida de costes a los productos; así como la pérdida de poder adquisitivo de las familias. También las plataformas de distribución digitales hacen que cada vez sea más difícil diferenciar los productos y añadir valor con la venta de proximidad, pues su precio se puede arbitrar con productos que se venden por internet.
Con esta tesitura, el 52% de las empresas del sector del comercio minorista espera una caída en las ventas para el año 2024. Estos datos se extraen del Observatorio de Competitividad Empresarial, que ha elaborado la Cámara de Comercio de España. Las malas previsiones todavía son peores para las compañías de menos de 9 empleados, pues un 58% consideran una situación menos favorable este ejercicio.
UPTA exige una rebaja de la presión fiscal, una mejora de la información sobre las subvenciones y programas de dinamización comercial para evitar la extinción del comercio de proximidad
Desde una de las mayores asociaciones nacionales de autónomos del país, UPTA, manifiestan que, cada vez, la industria de proximidad se está extinguiendo. Desde el sector se reclama una rebaja de la presión fiscal, una mejora de la información sobre las subvenciones que se dan al sector para poder acceder a ellas, así como programas de dinamización comercial.
Ante esta situación de mercado, la financiación bancaria está en niveles no vistos desde el año 2005, hace 18 años. La combinación de la pérdida de poder adquisitivo unida al aumento de tipos de interés está mermando, sobre todo, la financiación sobre viviendas. Esto es importante porque la vivienda es un dinamizador de la economía. La imposibilidad de los jóvenes de acceder a una vivienda tiene problemáticas encadenadas: pues todos los bienes que se utilizaban para en día a día en las nuevas casas, ya no se compran; por lo que ese dinero se destina hacia otros sectores.
La única excepción de la financiación es el crédito al consumo, que ahora es más caro, pero sigue financiando los bienes y servicios que no se pueden permitir las familias, pero no quieren renunciar a ellos por su inconsciencia financiera. Así el crédito al consumo crece cerca de un 3% contra el año anterior. El crédito al consumo aumenta porque las familias han agotado la reserva de ahorros y quieren seguir llevando un nivel de vida que no se pueden permitir.
El gobierno de España tan solo ha ejecutado un tercio de los fondos europeos previstos para el año 2023 para lograr la activación de la economía y, en su mayoría, han ido para organismos públicos
Desde Europa se ha lanzado un programa de activación económica mediante los fondos Next Generation, que deben ser ejecutados por cada país. En el caso de España el Gobierno tan solo ha ejecutado un tercio de los fondos previstos para el año 2023. Y la ejecución de estos fondos ha sido mayoritariamente hacia organismos públicos: de los cerca de 7.400 millones de euros ejecutado de los fondos Next Generation, 3.300 millones han ido destinados a organismos públicos con el objetivo mayoritario de reformar inmuebles, digitalizar trámites y la eficiencia energética.
Que los fondos vayan al sector público, implica que dejan de ir al sector privado para lubricar correctamente proyectos que son rentables, pero que necesitan un empujón inicial. En ningún caso se deben utilizar estos fondos para abonar al sector privado con fines improductivos más que recibir la subvención (que también sucede). Aun así, los fondos dirigidos para la administración pública van dirigido mayoritariamente a la “modernización y mejora de la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública” que contrasta con el aumento de funcionarios en tareas administrativas.
En conclusión, la ayuda que puede brindar el Estado a la industria es dejarla actuar sin imponer trámites burocráticos y liberar fiscalmente a sus agentes involucrados. Obviamente, para realizar esta liberación, también el gasto público debería bajar proporcionalmente; lo que entra en conflicto con las redes clientelares de los diferentes partidos políticos.
