Mientras el gobierno de Sánchez se inventa un nuevo impuesto llamado “cuota de solidaridad” para castigar a la clase media, sigue engordando la regadera de las paguitas sin control.
Que en España haya un equilibrio entre unos pocos, que sacan el país adelante, y muchos, que viven del aire, es de sobra conocido. Y la proporción es diferente entre los que trabajan mucho y los que no hacen nada; existe una mayor proporción de los que “la rascan” frente a los que aportan valor. Si bien es casi imposible obtener la cifra exacta de los receptores de paguitas, se puede hacer una aproximación.
Según el “listado de grandes beneficiarios” realizado por el Ministerio de Hacienda, en España hay 26.881 personas jurídicas (empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, partidos políticos, entes públicos, comunidades de propietarios, sociedades civiles y un largo etcétera) que perciben subvenciones por parte del Estado.
En España hay cerca de 27.000 entidades que reciben más de 100.000 millones en forma de subvenciones y ayudas públicas.
Las subvenciones del Estado se pueden canalizar desde las diferentes administraciones: la central, la autonómica o la local. Y hablamos de que es muy difícil tener la fotografía de todos los perceptores de paguitas, porque algunas administraciones no hacen públicos estos datos. De los, aproximadamente, 27.000 beneficiarios, cerca del 25% recibe ayudas superiores al millón de euros. En total, la cifra agregada de paguitas, ayudas, subvenciones o el eufemismo que se decida; ronda los 100.000 millones de euros. Y en muchos casos este manguerazo de dinero público es recibido de manera recurrente, año tras año, por las citadas personas jurídicas.
La Comisión Europea ha instado a España a frenar la escalada sin control de la deuda pública provocada, entre otras cuestiones, por el gasto desproporcionado en “paguitas”.
Esta situación contrasta con el máximo endeudamiento, en niveles absolutos, que el Estado español ha tenido en su historia. Adicionalmente, desde la Comisión Europea, se urge una vuelta progresiva a los ajustes fiscales para “aminorar” el aumento del endeudamiento. Recordemos que el “listado de grandes beneficiarios” publicado por Hacienda, es con respecto a las paguitas emitidas en el año 2022, por lo que actualmente estamos en unas cifras bastante superiores.
En el listado, también hay empresas privadas a las que el Estado “incentiva” su participación en la economía española, véase el caso de Repsol, Ford, Banco Sabadell o la cadena hotelera Juliá. Toda actividad económica que el Estado tenga que subvencionar es deficitaria o, dicho de otro modo, no es eficiente.
Hay una larga lista de entidades extranjeras que reciben subvenciones con el dinero público de España.
No vamos a ir detallando pormenorizadamente todos los receptores, pero un capítulo aparte merece los perceptores extranjeros de dinero público de España. A destacar:
Ministerio de la Salud de Colombia: 10,6 millones;
Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Mauritania: 10 millones;
Secretaría de Salud de Honduras: 4,5 millones;
Banco de Desarrollo de Ecuador: 10,2 millones;
Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina: 1,5 millones
Para hacer frente al incremento de “paguitas”, el gobierno de Sánchez se ha inventado un nuevo impuesto llamado “cuota de solidaridad” que dará la puntilla a la clase media española.
Luego cabría otro apartado de casos cuanto menos llamativos. A destacar:
La UTE del servicio de transporte público en autobús de Alicante: 123 millones;
La Universidad de Valencia: 400 millones;
La federación madrileña de piragüismo: 15,2 millones;
La orquesta de Gran Canarias: 7,6 millones;
El Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña: 4,1 millones;
El Colegio de Abogados de Lanzarote: 1,5 millones.
Y así podríamos seguir con miles de ejemplos más.
Y todo este dispendio ¿cómo se financia? Pues con impuestos.
¿Y si no es suficiente la recaudación actual? Pues se suben los impuestos.
En los últimos 4 años el coste de vida ha subido un 20%, según los datos conservadores del INE y los impuestos no han sido deflactados, lo que supone una subida de impuestos encubierta. Adicionalmente, resulta que cobrar 54.000€ brutos en España te convierte en rico, por lo que el Gobierno ha acuñado un nuevo impuesto llamado “cuota de solidaridad” para pagar más de donde no se tiene.
En los últimos cuatro años, el coste de la vida se ha incrementado en un 20%, según el INE, y es necesario poner freno al dispendio de dinero público destinado a las “paguitas”.
Urge realizar un análisis pormenorizado de cada uno de los receptores de dinero público y valorar objetivamente si aportan a la sociedad, en concepto de impuesto directos o indirectos, más importe de las transferencias públicas que reciben. En definitiva, si aportan valor. Antes de subir cualquier tipo de impuesto que desincentive el consumo y frene la rueda de la economía, es necesario cortar de raíz los millones regalados a estómagos agradecidos a cambio de, a saber, qué clase de favores. Los animo a todos a que lean el informe y se den cuenta de primera mano del dispendio del Estado.
