La reina de las pasarelas se ha pasado de frenada. Querer controlar, sancionar y expulsar de la carrera periodística a quienes desinformen y manipulen, sencillamente, denota un desconocimiento absoluto de la realidad. 

Dado el revuelo que originó con sus ideas peregrinas, se apresuró a rectificar, indicando que esas propuestas formaban parte de un borrador, pero el hecho es que efectivamente existió una intención de férreo control de los medios de comunicación, amenazando en esta ocasión a los periodistas.

Yolanda Díaz y su núcleo duro parecen desconocer que el ejercicio de la profesión periodística está perfectamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Junto al derecho de todos los ciudadanos a recibir y difundir información veraz consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española, estas libertades tienen su límite en el respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Pero, además, la ley orgánica 2/1984 regula el derecho de rectificación, para quienes puedan verse ‘lesionados’ a partir de una información imprecisa, errónea o falsa.

Díaz debería poner el acento en otras cuestiones mucho más productivas para la Sociedad, porque la legislación vigente vela porque los profesionales ejerzamos las tareas informativas con la seriedad y el rigor que merecen.

Cuestión aparte es que la reina de las pasarelas quiera castigar a los periodistas que no forman parte del pensamiento único de la ultraizquierda trotskista que ella representa, amén de confundir lo que es la información con la opinión.

Llegados a este punto vale la pena recurrir a la icónica frase que acuñó Charles Prestwich Scott en 1921 en un ensayo con motivo de la celebración del centenario del periódico The Guardian, cuando indicaba que “Los hechos son sagrados, las opiniones son libres”, una máxima periodística que ha llegado a nuestros días con plena vigencia.

Efectivamente, la realidad y los hechos son tozudos, y el relato de los mismos constituyen la base de la información sin margen alguno para la manipulación, pero junto a este derecho nuestra Constitución también contempla el de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones… Y en estos casos si hay total libertad para interpretar y opinar sobre los hechos y las informaciones difundidas. Seguramente por este motivo tanto Yolanda Díaz como su aliado Pedro Sánchez arremeten contra los periodistas y contra muchos medios de comunicación que se desvían del pensamiento único.

Quizá el código de buenas prácticas o el órgano regulador, supervisor y sancionador encaje de una forma mucho más activa y productiva en las tareas de quienes se encuentran en el Gobierno. 

Así, en el caso de que se produzcan actuaciones que lesionen, afecten y dañen a los ciudadanos de un país, como cuando se aprueban leyes que atemorizan a miles de víctimas de violencia sexual; se modifican normativas para excarcelar a delincuentes; se toman decisiones erróneas con costes económicos desproporcionados; se despilfarra el dinero de los españoles o se eleva la deuda pública a cotas jamás alcanzadas debería activarse ese órgano, ese mecanismo express, para que esos responsables políticos fueran controlados, expulsados del Gobierno, juzgados y sancionados, asumiendo con su propio patrimonio el daño provocado a la Sociedad y, si es el caso, ingresando en prisión.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no deberían preocuparse por los profesionales de la información, a quienes tanto la legislación como los propios grupos mediáticos regulan para que el ejercicio del periodismo se realice con absoluta seriedad y rigor. Además, el propio código deontológico que cada profesional de la información se aplica a diario es garantía más que suficiente como para informar verazmente. 

¿Tenemos los ciudadanos alguna garantía para que quienes desde sus responsabilidades de Gobierno mienten sistemáticamente tengan su merecido y paguen las consecuencias? ¿O es suficiente con decir que no se trata de mentir, sino de cambiar de opinión?