Con una política de vivienda inexistente, su afán ahora es que los inmuebles con un valor catastral superior a los 250.000 € paguen más IBI
Desde que Sánchez llegó al Gobierno, hace poco más de 6 años, ha subido los impuestos cerca de 70 veces. España sufre el mayor esfuerzo fiscal de Europa y parece que aún no hemos terminado.
Ahora, la fracasada lideresa de Sumar no se conforma con impuestos de ámbito general o estatal y quiere descender a las administraciones locales. Para hacernos el verano más “agradable”, la última ocurrencia a sido la de subir el IBI a aquellos inmuebles cuyo valor catastral esté por encima de los 250.000 €, lo que ella cobra en tres años de vicepresidenta.
La líder de la ultraizquierda dejó la dirección de SUMAR después de la debacle de las elecciones europeas, pero no renunció a los 84.600 € que le pagamos los españoles
El acoso a la propiedad privada no cesa, y con esta es la última propuesta de Yolanda Díaz podrían verse afectadas más de 125.000 propiedades en Galicia y el castigo para las viviendas vacías aún es más escandaloso.
La actualización de la Ley de Vivienda recoge que las viviendas desocupadas con carácter permanente, de forma continuada por un plazo de dos años o más y sin causa justificada, podrán tener un recargo del IBI que llegaría hasta el 150%.
Si tienes un patrimonio inmobiliario que has logrado con gran esfuerzo a lo largo de tu vida con gran esfuerzo, Yolanda Díaz pretende darte un severo castigo y especialmente si la vivienda lleva más de dos años vacía
Para que los ayuntamientos puedan aplicar esta penalización a esos inmuebles, además de estar desocupado durante 2 años o más sin causa justificada, debe ser una propiedad de uso residencial, y el propietario ser titular de 4 o más inmuebles de uso residencial en el mismo municipio.
Una vez más, la ausencia de una política de vivienda que tensiona el mercado por la falta de usos residenciales, tanto para alquilar como para comprar, está detrás de este nuevo golpe a la propiedad.
Pedro Sánchez ha rebajado su promesa electoral de construir 200.000 viviendas sociales a tan solo 43.000 esta semana y afirma que hay otras 80.000 viviendas “en desarrollo”, pero nadie las ha visto ni tampoco se conoce en qué comunidades autónomas se desarrolla este programa
El Gobierno vuelve a descargar su responsabilidad en el ciudadano, en lugar de articular mecanismos que fomenten la salida al mercado de viviendas para alquilar, ante el temor de los propietarios a que sean okupadas y luego tengan que transcurrir al menos dos años para recuperar su inmueble, manteniéndolo durante ese periodo sin cobrar la renta.
¿Por qué no se afanan en coordinar con las comunidades autónomas medidas que garanticen a los propietarios de viviendas en alquiler el cobro de la renta, en lugar de mirar para otro lado ante la proliferación de las inquiokupaciones?
