Resumen de la situación dantesca que padecen agricultores y ganaderos.
Jesús de la Iglesia Barrientos.
El mundo rural siempre ha sido una incógnita para la clase política. Sencillamente no saben cómo hacer para que no molesten. A fin de cuentas, la agricultura y ganadería solo ocupó al 3,6% de la población activa en España en el año 2023, frente a 76,4% que ocupó al sector servicios.
En Galicia, aunque nos parezca extraño, solo la provincia de Lugo tiene una tasa significativamente más alta: 14,3% de la población activa. Una gran parte de esta población en nuestra región se dedica a gestionar explotaciones familiares de vacuno de leche.
Galicia es la novena región europea en producción de leche, y tiene el 55% de las granjas y el 41% de la producción lechera a nivel nacional.
Lamentablemente, la gente del campo en Galicia tiene a su vez unas expectativas muy pobres respecto de su clase política. A lo más que aspiran es a que no les molesten mucho, a que la administración no les imponga trámites prácticamente incumplibles y a que les dejen producir en paz. De ahí las tímidas tractoradas, en comparación con las contundentes manifestaciones de agricultores en el resto de España.
En el sector lácteo, la problemática fundamental no es la competencia desleal respecto a países extracomunitarios, como pasa por ejemplo con la producción hortofrutícola española y países como Marruecos o Suráfrica. La leche viaja fundamentalmente en forma de mantequilla, queso y leche en polvo. Además, el 73 % de las exportaciones de productos lácteos a nivel mundial proviene de Europa. Entonces, ¿de qué se pueden quejar nuestros ganaderos gallegos?
Las políticas comunitarias han impulsado normativas que pretenden convertir al sector ganadero en algo puramente decorativo en el paisaje.
La ganadería en España es rehén de las políticas comunitarias que, inspiradas por la nueva religión climática, han ideado una normativa que parece tener como finalidad única convertir al sector ganadero en un elemento puramente ornamental en el paisaje, más que en el motor estratégico de soberanía alimentaria que debiera ser. Europa parece haberse propuesto que nuestros ganaderos se conviertan en jardineros o guardabosques, en vez de empresarios que sustenten la base de la pirámide de la industria agroalimentaria europea.
Antes, los ganaderos estaban orgullosos de alimentar a la población, pero ahora parecen esconderse y hasta sienten que tienen que pedir perdón por lo que hacen.
La batería legislativa que regula el sector ganadero es sencillamente inaceptable. No estoy hablando tan solo de su cumplimiento, me estoy refiriendo también a su comprensión. El laberinto legal a que se somete a los ganaderos hace que estos se encuentren desconcertados y en cierto modo acobardados. El sector bovino en España está sometido al RD 1053/2022, por el que se regula la ordenación de las granjas. La lectura detallada de esta ley es una prueba inequívoca de la total desconexión que existe entre el legislador y la realidad del sector ganadero. Se diría que sus redactores se han puesto a regular sobre aspectos de los que, sencillamente, desconocen su situación real. Dicho de otra manera, dudo que hayan visitado alguna vez una granja o hablado con algún ganadero para saber si esto que exigen es realista o sencillamente inviable.
La batería legislativa que regula el sector ganadero es sencillamente inaceptable y los que la han redactado, simplemente, desconocen la materia o jamás han hablado con los sufridos ganaderos para saber si es viable lo que pretenden imponer.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura ha elaborado una herramienta llamada ECOGAN (RD 988/2022), por la que los ganaderos tienen obligación de comunicar a la administración “cuánto contaminan” sus vacas y qué es lo que piensan hacer para impedirlo.
Ante esta insostenible situación, a nuestro pobre ganadero no le queda otra que parar cinco días a reflexionar para pensar si les merece la pena seguir.
Claro que él no puede, las vacas no se ordeñan solas.
