Es, probablemente, una de las mayores aberraciones jurídicas de nuestra democracia que sólo pretende intercambiar impunidad por una investidura.

Finalmente, nuestro Congreso – digo bien, aunque los puristas señalarán que ha sido el poder legislativo – ha aprobado la Ley de Amnistía, tramitada bajo la pomposa fórmula nominal de “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Mucho se ha escrito ya sobre una de las mayores, si no la mayor, aberraciones jurídicas de nuestra democracia, pero ello no impide que podamos analizarla, aunque sea someramente, pues es un hito sin duda histórico, aunque no por las razones que se ha empeñado en señalar, tozudamente, el Gobierno que la ha impulsado.

La razón de ser de la Ley de Amnistía sólo obedece a la necesidad de Pedro Sánchez de lograr su investidura como presidente de Gobierno

Cualquier análisis de esta Ley conduce, inevitablemente, a su razón de ser, que no es otra que la investidura del actual presidente del Gobierno. La Ley nace no como vehículo de reconciliación ni con la vocación normalizadora que ampulosamente proclama su denominación, sino como contrapartida para que Pedro Sánchez pudiera conseguir los siete votos de Junts per Catalunya, que le garantizaban prorrogar su alojamiento en La Moncloa. Cualquier otra interpretación supone insultar la inteligencia del ciudadano medio de este país.

Nota. En El Congreso de los Diputados se escuchó la palabra “traidor” cuando Pedro Sánchez voto “SÍ” a la Ley de Amnistía

Sentado lo anterior, demos un vistazo a la Ley para comprender hasta qué punto nuestra democracia ha cruzado la frontera del disparate. En primer lugar, sorprende el mecanismo elegido para su tramitación. Si, tal y como insiste, una y otra vez, el ministro de Justicia, estamos ante una Ley histórica, es sorprendente que se haya tramitado por la vía de urgencia, acortando todos los plazos, y acudiendo a la proposición de Ley, con la finalidad evidente de evitar que todos los órganos consultivos del Estado que habrían de pronunciarse sobre su contenido pudieran hacerlo. 

La Ley de Amnistía tomó el atajo de la proposición de Ley para ser tramitada por la vía de urgencia y evitar el pronunciamiento de los órganos consultivos del Estado

De esta forma, se hurta a los ciudadanos el conocimiento acerca de la opinión de los insignes juristas a los que pagamos el sueldo, y cuya intervención en el proceso de nacimiento de esta Ley estaba más justificada que nunca. No contento con lo anterior, el Gobierno liquidó al Letrado mayor del Congreso, cuyo posicionamiento jurídico era contrario a la constitucionalidad de la Ley, para designar a un Letrado afín, que, desde la ambigüedad más dócil, ha dejado correr el asunto para facilitar que el texto salga adelante, en contra del criterio sostenido por sus colegas del Senado, cuyas conclusiones, estrictamente jurídicas, resultan inatacables.

Pedro Sánchez colocó a Fernando Galindo como Letrado Mayor del Congreso para facilitar la tramitación de la Ley de Amnistía, en contra del criterio sostenido por sus colegas del Senado

Lo descrito hasta ahora es perfectamente coherente con la posición del partido al que pertenece el presidente del Gobierno, que no sólo no incluyó una Ley de Amnistía en su programa electoral, sino que, un día antes de las Elecciones Generales del 23J, defendía con vehemencia la imposibilidad de incardinar una Ley así en nuestro ordenamiento jurídico (al igual que Marlaska, Carmen Calvo, Bolaños, Illa… y todos los socialistas cuyos cargos no dependían entonces de siete votos independentistas). 

7,8 millones de españoles votaron al PSOE el 23J convencidos de que no se impulsaría una Ley de Amnistía

De ahí que ni los electores que votaron al PSOE, ni los que votaron a otras opciones políticas, pudieran conocer que esto se iba a llevar a cabo; y de ahí también que, tras ocho meses de Legislatura, el CIS aún no haya preguntado a los españoles cuál es su opinión al respecto, fundamentalmente porque conoce de antemano el resultado de la encuesta. Quizá sea la única ocasión en la que a Tezanos le resulte imposible maquillar, en beneficio de su jefe y protector, lo que realmente pensamos los españoles.

Foto. Jordi Turull, acompañando a Carles Puigdemont, se jactó de que Junts redactó “la mitad de la Ley de Amnistía”

La tramitación de la Ley tuvo otro punto álgido cuando Junts per Catalunya, uno de sus redactores – sí, como lo están leyendo, la Ley exculpatoria la redactan sus beneficiarios – votó en contra del texto inicialmente previsto porque no blindaba suficientemente a Puigdemont. Y aunque se haya intentado corregir el “problema”, lo cierto es que las causas por terrorismo siguen abiertas frente al prófugo, además de afectar a otros implicados, por lo que difícilmente va a poder aplicársele el borrón y cuenta nueva. A ello debe sumarse que la Fiscalía del Tribunal Supremo, contraviniendo los deseos de su superior, ya ha anunciado que no considera amnistiable el delito de malversación, lo que depara un escenario bastante diabólico para el presidente del Gobierno.

La Ley de Amnistía de Pedro Sánchez se ha encontrado con dos grandes escollos: los presuntos delitos de terrorismo y de malversación impiden el borrón y cuenta nueva deseado por Puigdemont

En la segunda parte de este análisis seguiremos desengranando el inédito conflicto entre el Congreso y el Senado en la tramitación de esta Ley de Amnistía, la sorprendente amplitud de la exposición de motivos para tratar de exaltar las bondades de su corto articulado y el más que previsible aterrizaje de esta ley en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, en caso de admitirlo a trámite, será el encargado de pronunciarse finalmente sobre su aplicación.