En el artículo anterior hemos reflexionado sobre la urgente necesidad de impulsar en A Coruña un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) adaptado a las especiales características de nuestra ciudad, redactado de forma transparente, con el mayor consenso posible y con elevada participación ciudadana.
Este “traje a la medida” que hay que confeccionar para poner soluciones graduales a la anarquía imperante en la ciudad herculina, ha de partir de un diagnóstico certero que refleje la proporción en que se producen las diferentes formas de movilidad (peatones, bicicletas, motos, vehículos a motor, transporte público, patinetes eléctricos, vehículos de reparto, etc), los flujos de movilidad de entrada y salida de la ciudad, el diagnóstico del tráfico interno y picos en horas punta, las necesidades de entornos escolares y los datos sobre siniestralidad y doble fila que provoca situaciones de riesgo. A partir de ese análisis se podrán articular las diferentes propuestas que logren gradualmente impulsar una movilidad sostenible.
Uno de los pilares de ese PMUS ha de contemplar un adecuado programa de seguridad vial, que articule medidas encaminadas a proteger a las formas de movilidad más vulnerables (peatones, ciclistas, patinetes, etc) y que trate de prevenir comportamientos de riesgo de todas las formas de movilidad (doble fila, exceso de velocidad, uso inadecuado de las zonas de carga y descarga, paradas de bus urbano y plazas de discapacitados).
Cada día podemos observar comportamientos inadecuados, con una sensación de impotencia, sabiendo que no se puede colocar un policía local en la esquina de cada calle de la ciudad:
- Vemos coches de madrugada a velocidades criminales por calles anchas y largas que ponen en riesgo evidente a los posibles peatones y a otros vehículos que puedan circular.
- Observamos cada día vehículos en doble fila que generan un riesgo extremo para la seguridad de los peatones (por ejemplo, tapando pasos de peatones o en la intersección de calles con elevada afluencia de tráfico) o que dificultan de forma injustificable el tránsito de personas con discapacidad o con movilidad reducida o que, simplemente, suponen un “colesterol” que tapona la circulación de grandes avenidas de entrada y salida de la ciudad, ralentizando su comportamiento insolidario la movilidad de cientos de vehículos.
- Vemos patinetes y bicicletas circulando por aceras, por encima de pasos de peatones o por zonas peatonales poniendo en riesgo la integridad de las personas más vulnerables.
- Vemos zonas de carga y descarga ocupadas por vehículos no autorizados o por furgonetas que están mucho más tiempo del autorizado con total impunidad o vehículos estacionados en paradas de bus urbano.
Nereida María Canosa Domínguez, concejala de Movilidad, Infraestructuras y Transporte y Montserrat Paz Romero, concejala de Seguridad ciudadana y Tráfico del ayuntamiento coruñés, tienen un reto importante:
- Impulsar un PMUS que sea el comienzo de una movilidad sostenible con una base importante de refuerzo de las medidas de seguridad vial. No es un reto menor: hay que dar soluciones eficaces a la escasez de aparcamiento en los barrios para los vehículos particulares (más allá de la tontería de recomendar que los vecinos se busquen “establos”);
- Acertar con el nuevo modelo de bus urbano que hay que licitar en breve;
- Contemplar las soluciones de movilidad metropolitana, como por ejemplo el impulso del tren de cercanías, para rebajar el número de coches que entran y salen a diario de la ciudad;
- Ordenar la actividad del transporte ligero;
- Reforzar la seguridad en todos los entornos escolares; entre otras muchas cuestiones,
- Y, sobre todo, tener ambición y construir un modelo de movilidad sostenible adaptado a una península de 37,5 Km2.
Se ha perdido cuatro años, ya que el gobierno de Inés Rey ha sido incapaz de aprobar desde junio de 2019 un PMUS que logre las soluciones de movilidad que requieren sus vecinos y las personas que trabajan o disfrutan de nuestra ciudad y que residen en otros ayuntamientos cercanos.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que las ciudades que soliciten subvenciones estatales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para el transporte público, han de tener un PMUS aprobado en Pleno municipal.
Ya estamos tardando.
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