A Coruña es una ciudad de pequeña extensión (37,5 Km2) y gran densidad de población que cuenta con cerca de 150.000 vehículos matriculados en su término municipal, de los que el 80% son turismos, y que soporta la entrada y salida diaria de entre 60.000 y 100.000 vehículos de otros ayuntamientos. Es decir, una de las prioridades del gobierno municipal ha de ser la de desarrollar, de forma transparente, consensuada y con elevada participación vecinal, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que contemple también un adecuado programa de seguridad vial.
Vivimos y trabajamos en una ciudad con características especiales, en la que no vale aplicar planes de movilidad de otras ciudades donde hay mucho más espacio y, en consecuencia, hay que ponerse en manos de un equipo de expertos para tratar de acertar. Por ejemplo, tenemos una orografía en forma de península, con una parte central muy estrecha que complica mucho los flujos de movilidad entre Pescadería-Monte Alto-Ciudad Vieja y el resto de la ciudad. En consecuencia, para elaborar un “traje a la medida”, hay que conocer cómo y en qué proporción se producen las diferentes formas de movilidad: peatones, bicicletas, motos, vehículos a motor, transporte público, patinetes eléctricos, vehículos de reparto, etc. En base a esa realidad y a los flujos de movilidad de entrada y salida de la ciudad, tráfico interno y picos en horas punta, necesidades de entornos escolares y datos sobre siniestralidad y doble fila que provoca situaciones de riesgo, se podrán articular las diferentes propuestas que, sabiamente mezcladas, garanticen una movilidad sostenible mediante un consenso de todas las partes.
Por desgracia, el gobierno municipal de Inés Rey ha sido incapaz de aprobar desde junio de 2018 un PMUS que logre las soluciones de movilidad que requieren sus vecinos y las personas que trabajan o disfrutan de nuestra ciudad y que residen en otros ayuntamientos cercanos. Paradójicamente, el actual gobierno municipal hace trampas al solitario y utiliza el PMUS aprobado en 2014 por el gobierno del PP para recibir la subvención estatal para abaratar la tarifa del bus urbano, pero después lo guarda en el cajón sin aplicar ni una sola medida de ese plan de movilidad.
Es cierto que todos entenderíamos que al gobierno de Inés Rey no le gustase el PMUS aprobado por el PP, pero lo lógico sería haber redactado uno nuevo, con la participación y el consenso de los vecinos, en los pasados cuatro años o, como mínimo, anunciar como objetivo prioritario el impulso de un nuevo PMUS en este mandato municipal que ha comenzado. Ni una cosa ni la otra.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece que las ciudades que soliciten subvenciones estatales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para el transporte público, han de tener un PMUS aprobado en Pleno municipal. Esta obligación comenzó en 2014 y muchas ciudades – Burgos, Cáceres, Castellón, Palencia, Pamplona, Santander, Vitoria, Valencia, Madrid, etc – cuentan con este plan que ha sido previamente consensuado con todos los colectivos y ciudadanos para lograr que todas las medidas sean efectivas.
Es evidente que hay que cambiar hábitos en materia de movilidad en A Coruña mediante un PMUS dialogado y consensuado, pero la estrategia de Inés Rey ha ido en sentido contrario. Ha impuesto cambios sin consenso, sin diálogo, sin alternativa y sin hoja de ruta. Se han eliminado cientos de plazas de aparcamiento y, para mayor escarnio, la alcaldesa ha tenido el poco tacto de recomendar a los coruñeses “comprar un establo” para aparcar sus vehículos. Inés Rey es conocedora de que su estrategia de eliminación de plazas de estacionamiento en superficie ha disparado el precio de las plazas de parkings públicos y privados, pero entendemos que no le preocupe debido a que ella usa su coche oficial y no tiene ese problema.
Para agravar la situación, en los próximos cuatro años, con la instalación del quinto contenedor de recogida de basura en todas las calles de la ciudad, se eliminarán cerca de 1.400 plazas de estacionamiento y la situación, ya insostenible en muchos barrios de la ciudad, afectará a miles de vecinos que no tienen capacidad económica para comprar o alquilar una plaza de garaje y que necesitan el coche para trabajar.
Es necesaria una movilidad más sostenible, pero ofreciendo alternativas a vecinos, hosteleros y comerciantes, sin olvidar que vivimos, trabajamos y disfrutamos en apenas 37 km2 de ciudad.
