Las conductas realizadas por la mujer de Pedro Sánchez son estética, moral y políticamente inaceptables, y falta por saber si también son susceptibles de condena penal

De todos es conocida ya la tendencia indisimulada del Gobierno a manosear la Constitución, algo de lo que hemos hablado en repetidas ocasiones, por lo que a nadie puede sorprender que esta vez, aunque sea indirectamente, Moncloa haya decidido ensuciar el artículo 14 de la Carta Magna a raíz de la imputación de la “primera dama” por corrupción, entre otras cosas.

Se esperaba la declaración de Begoña Gómez, aunque, en ejercicio de una arraigada costumbre patria, más se esperaba el espectáculo de su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla. Y digo espectáculo porque no existe otro calificativo para lo que allí se organizó, sin justificación alguna.

Foto. El despliegue de seguridad en los juzgados de Plaza de Castilla para tratar de ocultar a Begoña Gómez no tiene precedentes ni justificación alguna

Que la mujer del presidente del Gobierno no goza de estatus propio como figura representativa es algo conocido, y si el personaje ha adquirido una relevancia tan alejada de la discreción de sus predecesoras en esa posición, es porque ella misma ha querido asumir ese riesgo mediante la realización de conductas que, más allá de las consecuencias y calificación jurídicas que puedan tener a futuro, son estética, moral y políticamente inaceptables. Hoy sabemos que su “cátedra” – me niego a eliminar el entrecomillado – se gestó, al parecer, en una reunión en el palacio presidencial a petición de la implicada, por lo que no es difícil imaginarse la reacción del interpelado en semejante ambiente; es decir, como para negarse.

De sus negocios con el tal Barrabés y su participación en cuitas mercantiles no voy a hablar, pues ni quiero aburrir al lector ni pretendo anticiparme a la labor judicial, más allá de censurar el hecho de que, como antes decía, la conducta no es admisible, aunque pudiera resultar lícita. 

Foto. Hasta el momento, Begoña Gómez ha utilizado a Pedro Sánchez como portavoz de su causa, pero no le hemos escuchado ni una sola explicación de sus actuaciones.

Lo que sí me ha parecido lamentable es el desprecio, uno más, que desde el Gobierno se ha derivado al principio de igualdad de todos los españoles, en una triple vertiente:

1. En primer lugar, la investigada, a través de su defensa, solicitó que su declaración no fuese grabada en vídeo, dada la relevancia pública del personaje, al que, a día de hoy, nadie conocería si no fuese porque es la esposa del inquilino de Moncloa. Es curioso que su marido se afane en organizar mítines y recorrer medios afines insistiendo en que la señora Gómez es una noble ciudadana con derecho a prosperar, y que, al mismo tiempo, se agarre a su supuesta “relevancia” para solicitar una medida de protección injustificada. 

A diario infinidad de ciudadanos se enfrentan a un trámite similar sin objeciones, máxime cuando esa grabación audiovisual es una garantía para el investigado. No hay que tener demasiada memoria para recordar a Mariano Rajoy, entre otras figuras del panorama socio político, prestando declaración, aunque fuese como testigo.

2. En segundo lugar, la investigada, a través de su defensa y con el impagable altavoz ministerial a su servicio, ha pregonado a los cuatro vientos que es una ciudadana ejemplar que, a día de la fecha, no sabe por qué se le investiga. Y lo dice quien está personada en la causa desde el mismo momento de su incoación, con abogado de su libre designación participando en el curso de las actuaciones. Sin que debamos olvidar que la fiscalía, en el papel que García Ortiz ha asumido como bufete de La Moncloa, ha insistido en pedir el archivo de la causa desde ese mismo momento (por fortuna, la Audiencia Provincial de Madrid ha validado la actuación del instructor). Al parecer, la única que no sabe por qué se le investiga, es ella.

Foto. Begoña Gómez solicitó que no fuese grabada su declaración, se quejó de que no sabía de que estaba acusada y logró evitar la entrada por la puerta principal del juzgado

3. Finalmente, la investigada, a través de su defensa, ha solicitado acceder al edifico a través del garaje, y no por la puerta principal, como cualquier otro ciudadano, acudiendo al argumento de la “seguridad”. Aquí la censura es doble, porque desde Moncloa no han dudado en meter en un brete a la Jueza Decana de Madrid, remitiéndole un informe sobre los riesgos que presentaba el acceso de la investigada al edificio a través de la entrada que usan los demás mortales, obligando a la Magistrada a preservar la seguridad. 

Lo que la Juez Del Barco, cuya competencia y armazón jurídico están fuera de toda duda, desconocía era que al marido de la imputada todo le parecía poco, y que iba a ponerle una escolta pública pagada por nuestros impuestos, para asegurarse de que la maniobra de entrada en el garaje se ejecutaba sin riesgo. De otra parte, de los paseíllos de Urdangarín o de la Infanta Cristina por la rampa de los Juzgados de Palma, ni hablamos. Curiosamente, en aquel caso, el PSOE sostenía que el bueno era el Juez Castro, empeñado en investigar – ya sabemos cómo terminó el asunto – y el malo era el Fiscal Horrach, al que consideraban tibio en la persecución del yernísimo.

A la vista del circo que han montado, confiemos en que en su próxima visita al Juzgado se respete la legalidad y la ciudadana en cuestión, de quien todavía no hemos oído una sola explicación, sea tratada como lo somos todos cada vez que pisamos el fangoso terreno de la Justicia.