Los acuerdos tomados por mayoría en el Congreso de los Diputados tienen que cumplirse, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase política.

El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada – con los únicos votos en contra de Vox – una moción que insta al Gobierno a suprimir los peajes y a anular la prórroga de la concesión de la AP-9. Hasta aquí todo fantástico. “Non foi sen tempo”, que diría a miña avoa. La cuestión es: ¿se traducirá ese acuerdo en un hecho real o quedará todo en papel mojado, como tantas y tantas veces ocurre?

Se supone que cuando el Congreso de los Diputados aprueba la gratuidad del peaje de la AP-9 y la revocación de la prórroga de la concesión, el Gobierno tiene que cumplirlo

Los ciudadanos tenemos muy claras cuáles son nuestras obligaciones y cuando nos dicen que toca pagar el IRPF, lo pagamos; cuando toca pagar al IBI, lo hacemos; cuando tenemos que pasar la ITV, allá que vamos, etcétera, etcétera. A sabiendas de que si incumplimos, seremos sancionados. No parecen tenerlo tan claro, sin embargo, los miembros del Gobierno ni los señores diputados. Se supone que cuando algo se aprueba en el Congreso, la Cámara de representación de la ciudadanía, hay que cumplirlo. Si la mayoría exige y aprueba la gratuidad del peaje y la revocación de la prórroga, el Gobierno tiene que hacerlo.

En 2018, varios fondos de inversión extranjeros compraron Audasa por 722 millones y el ministro Óscar Puente afirme que rescatar la AP-9 costaría 4.000 millones

Sin embargo, llámenme desconfiado si quieren, pero no veo nada claro que eso vaya a ocurrir de inmediato. No sé por qué me da que nos van a volver a tomar el pelo con este asunto. Y después se extrañarán de que la ciudadanía poco menos que abomine de la clase política y acabe por no creer ni en la democracia.

De momento ya hemos escuchado a un miembro del Gobierno decir que esa operación costaría 4.000 millones. ¿A quién quieren engañar? En 2018, varios fondos de inversión extranjeros compraron Audasa (que no es solo la AP-9) y pagaron por toda ella 722 millones. Hasta los 4.000, hay un buen trecho.

En otro orden de cosas, mucho se está hablando estos días de las eólicas y de la parálisis de su desarrollo en nuestra comunidad. Uno de los titulares que más llamó mi atención fue uno en el que se podía leer: “Galicia necesita reactivar sus eólicas”. Pues no, amigos, no. Lo que necesita Galicia es abaratar la factura de la luz. Ese, y no otro, tiene que ser el objetivo final.

Galicia necesita abaratar la factura de la luz para poder desestacionalizar el turismo

Un proveedor solvente con el que trabajo, Salvador Cores, uno de esos profesionales que se preocupan realmente por buscar la eficiencia energética de sus clientes, me explicó su teoría acerca de por qué no vamos a conseguir desestacionalizar el turismo en Galicia. La mayoría de las casas de turismo rural y los pequeños hoteles cierran de octubre a mayo, me dijo, porque no pueden hacer frente al gasto de electricidad que les supondría estar abiertos durante el invierno. 

La implantación y el desarrollo de la energía eólica en Galicia tiene que revertir directamente en el ciudadano

Y tiene toda la razón. Si queremos ofrecer confort, abrir en invierno no les sale a cuenta, ya que lo que pueden ganar no les da para pagar la factura de la luz. Añádanle después el resto de los gastos. Y así nos encontramos con que una parte sustancial de nuestra oferta hotelera está inactiva durante ocho meses al año.

La implantación y el desarrollo de la energía eólica en Galicia tiene que revertir directamente en el ciudadano. Y la única forma de conseguirlo es que repercuta de una manera directa en su factura de la luz. Ya que vamos a tener que sufrir las consecuencias de plantar en nuestros montes aerogeneradores en lugar de árboles, pues por lo menos que revierta y nos beneficie de alguna manera a todos.