El Partido Popular insiste en que es necesario convocar una Junta de Seguridad extraordinaria, poner en marcha el Consejo Local de Seguridad e incrementar la plantilla de las fuerzas policiales para aumentar su presencia en los barrios

Susana Catalán Morcillo.

Concejal del PP – Ayuntamiento de A Coruña.

Cuando se apagan los ecos de las elecciones gallegas, en la que se ha vuelto a producir una victoria rotunda del Partido Popular y de su candidato Alfonso Rueda, quiero retomar una de las propuestas que se presentaron durante la campaña electoral y que tiene que ver con una de las mayores preocupaciones de los vecinos de A Coruña.

Martes 13 de febrero. El vicepresidente de la Xunta en funciones, Diego Calvo, acompañado del director Xeral de Emergencias, Santiago Villanueva, los candidatos al Parlamento gallego Roberto Rodríguez y Nazareth Cendán, el Portavoz del grupo popular de A Coruña Miguel Lorenzo y yo misma, como concejala, celebramos una reunión con 22 presidentes y representantes de 11 asociaciones vecinales de nuestra ciudad. 

Representantes del Partido Popular en el ayuntamiento y en el Parlamento de Galicia escucharon las preocupaciones de los representantes vecinales sobre la inseguridad en sus barrios.

Nos adelantamos, así, a la promesa sin cumplir, como tantas otras, del ejecutivo local, de reunirse con todos ellos para hablar sobre uno de los temas que más nos preocupa a todos: la seguridad ciudadana en relación con los problemas derivados de la okupación ilegal y el narcotráfico, asentado ya en prácticamente la totalidad del municipio. 

Miguel Lorenzo hizo un buen resumen de la situación actual, habida cuenta de que él y sus concejales han ido visitando diferentes barrios afectados para conocer el problema in situ, que es como acostumbra a hacer política el Partido Popular.  Alertó de la situación de hartazgo e impotencia de los vecinos que están padeciendo los problemas de convivencia, insalubridad, deterioro del entorno urbano y, por supuesto, la delincuencia mantenida en el tiempo contra los propios vecinos, comerciantes y hosteleros de todos sus barrios.

Se han incrementado las protestas vecinales en Os Mallos, Agra del Orzán, Monte Alto y otros barrios ante el incremento de los problemas de inseguridad ciudadana, mientras el gobierno municipal hace oídos sordos.

Todos éramos conscientes de la tensión vivida en Monte Alto días antes, ese mismo día en Ronda de Nelle y meses atrás en Os Mallos, así como del escandaloso negacionismo al que nos tienen acostumbrados los socios de Gobierno: ni PSOE ni BNG admiten que exista un temor generalizado a salir a la calle a determinadas horas o por mantener seguros los pequeños negocios de barrio porque, según consideran, es algo casi testimonial y no generalizado. 

Y ¿por qué esta actitud tozuda del bipartito municipal, de negar la realidad y la preocupación de vecinos y comerciantes por los constantes problemas de inseguridad? Niegan que sea necesaria más presencia policial en las calles, como señaló Diego Calvo, para fomentar una respuesta inmediata a la comisión de delitos y por su capacidad de disuasión y prevención d ellos mismos. Salvo momentos puntuales, la realidad, que el Grupo Popular ha denunciado en cada pleno y en diferentes ruedas de prensa, es que faltan agentes y medios para dar más seguridad efectiva a los vecinos. No se trata de una sensación de seguridad, como proclama la alcaldesa Inés Rey y si no tiene clara la opinión de los vecinos, que tenga la valentía de reunir a todos los representantes vecinales y que los escuche.

El hecho de que la teórica concejala de seguridad ciudadana, Montse Paz, siga sin tener las funciones delegadas, es una muestra de que esta preocupación vecinal no es una prioridad para el gobierno municipal.

De hecho, pese a que la concejala “virtual” de seguridad ciudadana, Monserrat Paz, sigue sin tener las competencias delegadas y se empeña en mantener desde hace meses un discurso trasnochado de que todo está genial, lo único que tienen claro los vecinos es que la seguridad ciudadana no es una prioridad para el gobierno municipal y que la edil no tiene capacidad de decidir nada que no pase el filtro del Sr. Lage Tuñas. Por lo tanto, mientras haya cuestiones políticamente menos espinosas, como las fiestas y las obras, la seguridad ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente en A Coruña. 

Tal es la situación de desidia que el Gobierno municipal sigue descartando a la petición del Grupo Popular de impulsar un Consejo Local de Seguridad, se reúne separadamente con asociaciones afines y evita convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria para buscar opciones más eficaces para mejorar la seguridad en los barrios. Por ejemplo, mesas interdisciplinares y multisectoriales que se reúnan periódicamente podrían ser un buen comienzo para este problema transversal, pero no se admiten propuestas realizadas por el Partido Popular y continúan en su ceguera endémica. Después se quejan de que “no arrimamos el hombro”.

Foto. Diego Calvo y Miguel Lorenzo escucharon las preocupaciones de los representantes vecinales sobre los problemas de inseguridad ciudadana en A Coruña

En el transcurso de la reunión, Diego Calvo hizo referencia a que, mientras el Gobierno municipal y el central, en lo que a legislación se refiere, miran hacia otro lado, la Xunta de Galicia ha presentado ya un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda y desde el Senado se ha aprobado, por mayoría absoluta, una proposición de Ley anitokupación que establece, entre otros aspectos, la posibilidad de desalojar ocupantes en 24 horas y evitar que estos se empadronen en viviendas ocupadas.

Tras escuchar los problemas acuciantes, en algunos casos concretos como en el edificio de Ronda de Nelle 120, también se hizo alusión a una de las vertientes del problema, como es el consumo de drogas y los trastornos de salud mental derivados del mismo, entendiendo que se trata de una cuestión que ha de tratarse desde el ámbito sociosanitario, en el que la Xunta de Galicia asume un papel imprescindible, si bien debe existir un acuerdo unánime con el Gobierno municipal para que el esfuerzo sea común y se colabore estrechamente en campañas informativas y controles preventivos, principalmente con los más jóvenes. 

En la reunión con 22 representantes vecinales se pudo constatar la enorme preocupación por el constante crecimiento de los delitos originados por la ocupación ilegal relacionada con el tráfico de drogas.

En lo relativo al incremento de la delincuencia en los barrios, como una de las mayores consecuencias de la okupación ilegal, todos los asistentes coincidieron en que debe acometerse con un mayor número de agentes y optimizar, por otro lado, las funciones de los que ya tenemos en activo. Lo que es inconcebible es que muchos barrios hayan tenido que formar patrullas vecinales para suplir la presencia de policía en sus calles.

Finalmente, el Vicepresidente de la Xunta hizo mención a la necesidad de reforzar la UPA de Galicia con nuevos agentes, con el fin de dar cobertura total a todas las funciones policiales, si bien no debe olvidarse que es trabajo del gobierno central, a través de sus respectivos delegados de Gobierno, facilitar y promover la asignación territorial de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñen su trabajo con plenas garantías laborales, dotándoles de medios técnicos y personales. 

Foto. Susana Catalán, concejala del Grupo Popular en el ayuntamiento de A Coruña

La sensación generalizada tras los fatídicos hechos ocurridos en Barbate, en los que fueron asesinados dos agentes de la Guardia Civil y otros dos resultaron gravemente heridos, y vista la actitud del ministro Marlaska o del propio presidente Sánchez, es de que lo único que nos queda es rezar y que Dios nos pille confesados. Cualquier reivindicación por ellos es poca, pero, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, son hechos que suponen un punto de inflexión y un cambio de perspectiva social ante el problema. Los vecinos no quieren okupaciones en sus barrios y tampoco la proliferación del narcotráfico en sus calles, que puede derivar en problemas de inseguridad mayores a los que ya padecen.

Susana Catalán Morcillo

• Policía Local del Ayuntamiento de A Coruña en excedencia especial. Trabajó en la Unidad de protección de víctimas de violencia de género.
• Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid.
• Doctora en Lengua Española y perito judicial en Violencia de Género e Intrafamiliar
• Distintivo de mérito por su trabajo durante la primera fase de la pandemia sanitaria del COVID-19 en 2020.
• Distintivo de mérito en 2023 por su trayectoria profesional.