Tensión en la Unión Europea por la intención de ^Pedro Sánchez de bloquear la OPA de Magyar Vagon a Talgo.

Una empresa húngara llamada Magyar Vagon ha presentado una oferta pública de adquisición (OPA) a la conocida compañía ferroviaria española Talgo, por 619 millones de euros. La entidad inversora ya había mostrado interés hacía unas semanas por adquirir el 100% de las acciones, pero el comunicado oficial a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) se realizó el jueves por la tarde.

Sin embargo, miembros del Gobierno, como Óscar Puente, ya habían hecho algunas declaraciones afirmando que el Ejecutivo va a poner toda la carne en el asador para tratar de impedir la adquisición del grupo húngaro. Al igual que con otras operaciones, la Administración Sánchez se opone a la presencia de empresas extranjeras en lo que ellos denominan “sectores estratégicos”.

La empresa Saudí Telecom compró el 9,9% de las acciones a Telefónica y el Gobierno de Sánchez está valorando impedir la OPA de la empresa árabe.

Para evitar este tipo de operaciones, el Gobierno se inventó la “ley antiopas”; es decir, una normativa que permite al Estado intervenir e impedir compras de acciones españolas por parte de empresas extranjeras. Esta disposición aplica a campos como la Defensa, algunas tecnologías o el ámbito ferroviario.

Por ello, el caso de la compra de Saudí Telecom a Telefónica fue tan sonado. La empresa árabe compró el 9,9% de la española para no llegar al límite del 10%. Sin embargo, la compañía que preside Pallete tiene varios contratos con el Ministerio de Defensa, por lo que el límite se rebaja, según la ley, al 5%. Es decir, el Gobierno tiene capacidad para intervenir e impedir la OPA a Telefónica.

La OPA de la empresa húngara Magyar Vagon a Talgo por 619 millones se realiza dentro del marco europeo de la libre circulación de capitales.

Sin embargo, el caso de Talgo es diferente. Si bien el “escudo antiopas” podría intervenir legalmente en la adquisición de Talgo, la empresa que ha lanzado la oferta pertenece a la Unión Europea que, en su constitución, establece la libre circulación de capitales. Las declaraciones del Gobierno dirigidas a amedrentar al grupo húngaro o a mostrar su intención de controlar o bloquear la operación, muestran una incompatibilidad con los principios europeos: Hungría es parte de la UE.

De la misma manera que un español puede invertir en Alemania, Francia o Italia, un húngaro puede comprar el 100% de las acciones de Talgo y el Gobierno no debería de poder impedirlo. Sin embargo, ese “escudo antiopas” no contempla ninguna diferencia entre las empresas adquirentes comunitarias y extracomunitarias, por lo que, bajo el texto escrito, el Ejecutivo tiene margen de actuación, aun contraviniendo los motivos fundacionales de la UE. 

El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe cualquier restricción a la circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros.

Ya el Tratado de Roma de 1957 estableció que las restricciones a los movimientos de capitales debían ser eliminadas en la medida en que fueran necesarias para el funcionamiento del mercado común. La primera Directiva sobre capitales, de 1960 (modificada en 1962), eliminó las restricciones a ciertos tipos de movimientos de capitales privados y comerciales, como las adquisiciones inmobiliarias, los créditos a corto o medio plazo relacionados con operaciones comerciales y las compras de títulos negociados en bolsa. 

Algunos Estados miembros fueron más allá al introducir medidas nacionales unilaterales, eliminando prácticamente todas las restricciones a los movimientos de capitales (por ejemplo, Alemania y los países del Benelux). En 1972 se adoptó otra Directiva sobre flujos financieros internacionales.

Posteriormente, el Tratado de Maastricht introdujo la libre circulación de capitales como una libertad a la que se comprometían los firmantes. En la actualidad, el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe cualquier restricción a la circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros.

Por tanto, las intenciones de Sánchez y su equipo de intervenir en Talgo contravienen los tratados que España ha firmado y destruye el espíritu europeo que tanto dicen defender. Habrá que ver si el presidente se decide a dar el paso finalmente.