Hasta el 2030 se jubilarán 400.000 funcionarios, lo que supone un 11% del total estatal, y se plantea eliminar la tasa de reposición que permita contratar a más de una persona por funcionario jubilado.
El Gobierno de España ha puesto en marcha un plan de contratación pública sin precedentes en la democracia, con el objetivo de paliar la jubilación de los funcionarios en los próximos años. El Gobierno no sigue la senda del sector privado en busca de eficiencia y automatización; en su lugar, se busca la reposición de los empleados públicos, previsiblemente, como un nido de votos para las siguientes elecciones. Mientras tanto, en otros sectores de la sociedad, las labores administrativas y de poco valor añadido se están automatizando para una mejor eficiencia, tanto de la empresa como del cliente. En este caso, una automatización tendría como consecuencia un ahorro de costes para el erario y una mejor experiencia para el ciudadano.
De cara al año 2030 se espera que se jubilen seis de cada diez trabajadores de la Administración General del Estado, lo que supone unos 400.000 nuevos funcionarios sobre un total actual de unos 3,6 millones (según la encuesta de Población Activa o EPA). La eliminación de la tasa de reposición implica que se podrá contratar a más de un funcionario por cada puesto que se haya jubilado.
El Gobierno plantea contratar personas jóvenes con alta cualificación en nuevas tecnologías pagando tres veces menos de lo que cobran en las empresas privadas.
En el programa del Gobierno se busca atraer al talento joven que está cualificado en el empleo de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Sin embargo, los salarios en los sectores tecnológicos en España pueden multiplicar por tres los salarios que ofrece el gobierno por lo que la atracción de talento cualificado parece difícil.
Los salarios de los funcionarios, cuando se comparan con los del mismo sector en la empresa privada, suelen ser bajos. Ante este problema el ex ministro de política territorial y función pública, Miquel Iceta, anunció que se podría estudiar la opción de revalorar ciertos salarios de los funcionarios más allá de las subidas anuales pactadas. Desde el Ministerio de Hacienda, que es el órgano encargado de aprobar la medida, directamente ni se ha comentado.
La cifra de jóvenes con talento y capacidad que emigran a otros países en busca de mejores condiciones salariales y profesionales no deja de crecer.
Desde el Gobierno han anunciado que “existe un interés inequívoco en una parte relevante de las sociedades y de los jóvenes por entrar a formar parte de la Administración Pública”. La frase es cierta y preocupante. Que la población joven esté más interesada en ser funcionario que en labrar un futuro para España, implica que el futuro del país se asienta exclusivamente en los ciudadanos expatriados que huyeron del país en búsqueda de mejores oportunidades, para algún día volver y aportar el conocimiento ganado.
Cada vez más son los ciudadanos que están poniendo en duda lo que reciben del Estado a cambio de lo que aportan.
Si los gastos aumentan con la contratación de nuevos funcionarios, incluso por encima de las nóminas ya existentes; el sector privado tendrá que aumentar de tamaño para proveer al sector público. O aumentar de tamaño o a igualdad de tamaño, aportar más. El problema es que cada vez más son los ciudadanos que están poniendo en duda lo que reciben del Estado a cambio de lo que aportan. El Estado es muy ágil a la hora de recaudar, pero no lo es tanto a la hora de trasmitir a la economía real todas sus políticas.
Por lo pronto, desde la Función Pública se está requiriendo el aumento del sueldo del año 2024 que aún no se ha aplicado. El incremento del 2% previsto para 2024 se sumará al incremento del 3,5% en 2022 y 2023 haciendo que los funcionarios sean de los asalariados que menos hayan visto reducido su salario, en términos reales, por la inflación. Es decir, una subida muy por encima de la media de los convenios colectivos en las empresas privadas.
Las asociaciones de funcionarios se han manifestado en contra de la eliminación de la cita previa, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los sufridos contribuyentes.
Con todo este panorama, desde diversas asociaciones de funcionarios se han colocado en contra del fin de la cita previa. Afirman que “habría que incrementar las plantillas un 30%”. La cita previa se instauró con motivo de la pandemia y desde entonces no ha habido una reducción de efectivos en el sector público, sino un aumento. Por lo tanto, no se entiende muy bien el incremento (adicional) de plantillas si las nóminas públicas no paran de crecer.
Ya no en la administración pública sino en la sanidad, en educación y en justicia se lleva denunciando durante tiempo que faltan médicos, profesores y jueces ante el aumento del trabajo que tiene que asumir cada profesional. Para estos casos el Gobierno no tiene una respuesta. Una posible solución sería recolocar el número ingente de asesores políticos en alguna de estas profesiones, el problema es que no tienen la cualificación necesaria. Ni siquiera en muchos casos para ejercer su trabajo actual.
En 2030, el número de funcionarios puede acercarse a la cifra de 4 millones en España.
Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado a España que tienen que convertir a todos los interinos de larga duración en fijos. Por lo que el número de nóminas del sector público aumentará (tan solo por un criterio contable, si bien el número es el mismo).
En resumen, parece factible que el número de funcionarios se acerque a los 4 millones de cara a 2030. Mientras que el sector privado, de donde bebe el sector público, no para de empequeñecerse. La pregunta es la de siempre ¿quién paga esto? Y la siguiente pregunta es ¿por qué no se votan políticas que busquen un riguroso cuadre presupuestario? Arrieros somos y en el camino nos encontraremos.
