Pedro Sánchez pretenden reducir la jornada laboral, manteniendo los sueldos, sin reducir los costes sociales a los empresarios.
En la resaca de las elecciones europeas, el Gobierno de España ha anunciado su intención de reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas, ante lo cual el salario del trabajador permanecerá constante. Esta política busca realizarse en dos movimientos: el primero en el presente año, en el que se fijaría la jornada semanal en 38,5 horas, para después, en 2025, reducirla hasta las 37,5 horas.
Para este tipo de pactos se reúne la mesa del “diálogo social”, compuesta por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Tanto el Gobierno como los sindicatos se muestran favorables a la propuesta de reducción de la jornada laboral, pues es una propuesta amistosa para su electorado, que no les cuesta un euro, en principio.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quieren reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales en 2024 y bajarla hasta las 37,5 horas en 2025
Del otro lado, está la patronal representado a las organizaciones empresariales, que serían quienes pagarían esta medida. La patronal busca, por su parte, dilatar lo más posible la entrada en vigor de estas políticas, con la esperanza de un cambio de signo en el gobierno de España pueda ayudar a sus intereses.
Dependiendo de la línea editorial de cada medio de comunicación, la información se sesga hacia uno u otro lado con datos a conveniencia. Por parte del Gobierno y de los sindicatos se esgrime que en España se trabaja, de media, una hora más que en la Eurozona (según datos de Eurostat); mientras que desde la patronal se muestra la reducción de márgenes y la destrucción del tejido empresarial, como motivos para oponerse a la reducción de jornada semanal.
La medida planteada por el Gobierno de Sánchez reduce todavía más los bajos niveles de productividad de las empresas españolas y supone un riesgo de destrucción de puestos de trabajo
Por si no queda claro, un trabajador tiene que ser rentable para la empresa que lo contrata, de lo contrario no tendría sentido. Con los costes sociales en la mano, si un trabajador recibe 2.000€ de sueldo neto, la empresa paga unos 3.500€ al mes por él. Con este ejemplo, si un trabajador no genera 3.500€ al mes, no sería rentable para la empresa. Estos 3.500€ al mes tienen que ser generados en 4 semanas de media al mes, a razón de 40 horas semanales, por lo que tendrían que generarse en 160 horas. Si las políticas laborales del Gobierno prosperan, el trabajador del ejemplo tendría que generar 3.500€ al mes en 10 horas menos, 150 horas al mes.
Por otro lado, si España fuera una economía de alto valor añadido, se podría permitir recortar la jornada laboral. Está muy bien compararse con vecinos que “trabajan menos”, pero no se tiene en cuenta el tipo de industria que tiene cada país. España está siendo, cada vez más ineficiente por su inflexible mercado laboral y por su implacable política fiscal. Todo talento que atrae España se debe a que es un país con buen clima y buena gente, pero el dinero suele entrar siempre desde fuera, diluyendo la identidad nacional.
El Gobierno de Sánchez está tratando de desincentivar los despidos, por lo que si una empresa no puede despedir a los trabajadores ineficientes está condenada a cerrar
¿Qué nos dice el sentido común que sucederá en un futuro, con la aplicación de estas políticas? Muy sencillo: la destrucción de puestos de trabajo. Todo aquel trabajador que no sea rentable con la nueva jornada laboral será despedido. Adicionalmente, el Gobierno está tratando de desincentivar los despidos, por lo que si una empresa no puede despedir a los trabajadores ineficientes está condenada a cerrar. Y si las empresas cierran, ¿quién paga las medidas sociales del Gobierno?
Con más de 3 millones de funcionarios en España, que la jornada laboral se reduzca no es sino un presagio de mayor ineficiencia. Como no hay un criterio económico en la contratación de funcionarios, da exactamente igual cuantas horas de trabajo se pierdan con la reducción de la jornada laboral semanal. Total, el dinero público no es de nadie, como dijo la célebre ministra socialista Carmen Calvo.
Pero el síntoma general más preocupante, es la cantidad de personas que huyen del sector privado al público para asegurarse un puesto de funcionario con mejor relación de salario/carga de trabajo. Y eso es lo preocupante, puesto que es el sector privado el que financia al público, y en el momento en el que la población se dé cuenta que no merece la pena trabajar a cambio de lo que se recibe, ¿quién va a pagar y a mantener el sistema?
En la foto que ilustra este artículo, en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenifican el consabido acto de propaganda, se afirma que España Avanza. El problema es que, cada vez más, tenemos claro que no en la dirección correcta para lograr una economía sostenible y preservar el manido Estado de Bienestar. Tanto están tensando la cuerda, por el mismo sitio siempre, que acabará por romper.
