Alertamos del posible impacto de ampliar la cobertura sanitaria universal y gratuita a todas las personas que “residan” en España, decidida por el Gobierno de Sánchez, en la calidad de la sanidad pública.

El martes 14 de mayo, el Consejo de ministros aprobó el proyecto de ley titulado como “Ley de universalidad del sistema nacional de salud” que legitima el derecho a recibir atención sanitaria a toda persona que “resida” en España. Este derecho implica la atención sanitaria, completa y gratuita, a todo aquel, cotizante o no, que resida en España, independientemente de que tenga su documentación en regla o no. 

El principio número uno de control de la población es emitir políticas en contra del bien común, haciendo que toda crítica a esa política se disfrace de ataque contra el sistema moral establecido. De esta forma, quien se revele es tachado de ir en contra del pensamiento mayoritario, o resumidamente “facha”. Por lo tanto, el hecho de estar en contra de dotar de sanidad gratuita a toda persona que resida en España y no haya cotizado (jubilados de otros países o inmigrantes con o sin papeles) es etiquetado de facha. 

Cuestionar la ampliación de la cobertura sanitaria universal y gratuita a todas las personas que residan en España, sean jubilados de otros países o inmigrantes con o sin papeles que nunca hayan cotizado, es etiquetado como “facha”

Ahora bien, lo bueno de las matemáticas es que son asépticas y si unos resultados respaldan una opción etiquetada como “facha”, no se puede afirmar que los números estén sesgados. Por lo que vamos con el análisis cuantitativo de la situación: España tiene actualmente una población de unos 48 millones de personas, en números redondos, de los que cotizan unos 20 millones de personas. Dicho de otro modo, que por cada persona que aporta, hay adicionalmente a esa persona, 1,4 personas que reciben. Mal empezamos.

Ya se ha demostrado, en numerosas ocasiones, que el sistema de salud está quebrado, ya no solo por la deuda de la seguridad social, sino por la pirámide poblacional invertida y el empeoramiento de los servicios públicos debido a la ineficiencia. A esto, ahora se une el “efecto llamada” de una sanidad gratuita para todo aquel que “resida” en España, de forma legal o ilegal. 

España cuenta con una población de 48 millones de personas, de las que tan solo cotizan 20 millones y la sanidad pública ya empieza a forzar las costuras debido al envejecimiento de la población y al incremento de la esperanza de vida

Y ahora vamos con la parte económica. Cualquiera que haya viajado a Estados Unidos es consciente de la relevancia de un seguro privado, por lo que pueda pasar. En ese país, sin seguro no te atienden, porque la sanidad, lo queramos o no, tiene un coste. ¿Algún lector me podría enunciar cuánto vale una cita médica en España por la sanidad pública? Si acudimos a la sanidad privada la cita puede oscilar entre los 50€ y los 200€ por recibir una consulta médica, dependiendo del especialista.

Ahora bien, si empezamos a introducir pruebas médicas en la sanidad pública ¿a cuánto asciende la factura? Y si añadimos “estancias” en el hospital, ¿cuánto cuesta? Y si tenemos el combo completo, en el que tenemos que recibir traslado en vehículo medicalizado, chequeos médicos, estancia en el hospital y medicamentos ¿esto cuánto vale? La respuesta es la misma, la población no es consciente de este coste. Pero lo cierto es que si supone un coste para las arcas públicas. 

La gran mayoría de ciudadanos desconoce cuánto cuesta la atención sanitaria en la sanidad pública: consultas, pruebas diagnósticas, ingreso hospitalario, traslado en ambulancia, …

Por poner un ejemplo, recientemente un turista español tuvo un accidente en la piscina de su hotel mientras disfrutaba de unas vacaciones en un país latinoamericano. El pronóstico sanitario del paciente fue reservado, teniendo que permanecer en cuidados intensivos de un hospital cerca de un mes. El paciente, tenía un seguro médico con una cobertura de hasta 100.000€. El problema, es que cada noche en el hospital tenía una factura de 6.000€, por lo que su seguro no pudo afrontar el coste total del tratamiento y se tuvo que fletar un avión medicalizado desde España para que recibiese tratamiento aquí (de eso tampoco hay factura, pero cuesta dinero).

A una sanidad pública ya muy tensionada, se añade ahora la decisión de Pedro Sánchez de prestar cobertura a todas las personas que “residen” en España, sin dotar a las comunidades autónomas de más recursos para poder atender a esa demanda extra

En definitiva, una vida humana no tiene precio, pero su tratamiento sí. El único fin de dar gratuidad en la sanidad en un sistema sanitario quebrado es realizar un “efecto llamada” a población no autóctona para, después de ser nacionalizados, que emitan un voto clientelar. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quién paga esto? Pues, como siempre, los “fachas” que están en contra de esta decisión y también los que están a favor de esta medida. Ahora bien, tu como ciudadano, que llevas toda su vida laboral cotizando, ni se te ocurra quejarte porque tienes lista de espera de 6 meses para cualquier especialidad. Porque eso, es también “facha”.