La subida del salario mínimo, del subsidio por desempleo y el aumento de las cotizaciones sociales que tienen que asumir las empresas, incide de forma directa en el incremento de las vacantes de empleo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado tercer trimestre se produjo el récord histórico de vacantes de empleo en España, con 155.797 para el conjunto del país. Esta cifra constituye el punto máximo desde que en 2013 se empezara a contabilizar esta estadística. ¿Cómo es posible que haya cerca de 156.000 vacantes de empleo sin cubrir con 2,7 millones de personas en situación de desempleo, según las cifras oficiales? Por sectores, el sector servicio es el que mayor volumen acumula de vacantes (más del 90%) seguido por Industria (6%) y Agricultura 4%. Estas cifras no sorprenden, pues ya se ha evidenciado la dificultad para encontrar trabajadores en determinados puestos, durante los años postpandemia. Ante esta situación el Ministerio de Seguridad Social flexibilizó las condiciones para contratar mano de obra de extranjera. De nuevo aparece la pregunta, ¿por qué hay que contratar mano de obra extranjera cuando hay cerca de 3 millones de personas que necesitan un empleo? La suposición de que las vacantes de trabajo se sitúan en lugares remotos de España es refutada, pues en Madrid se sitúan el 22% de vacantes, en Cataluña el 20% y en Andalucía el 14%. Por el contrario, en Galicia tan solo un 4%, que es un porcentaje similar al de Canarias o País Vasco. Si la dispersión geográfica no es el mayor escollo para que éstas vacantes de empleo se cubran, ¿cuál es entonces? Pues la respuesta hay que buscarla en las políticas sociales que está emitiendo el Gobierno de España. A destacar: la subida del salario mínimo, del subsidio por desempleo y el aumento de las cotizaciones sociales que tienen que asumir las empresas. Todo ello, hace que determinadas vacantes de empleo estén remuneradas de manera similar a lo que un ciudadano recibe por quedarse en casa. En primer lugar, la subida del salario mínimo hace que empleos sin cualificar con poco valor añadido sean eliminados. Si el coste de empresa de un trabajador es de 1.500€ y de la noche a la mañana éste sube a 1.700€, la coyuntura actual no permite un aumento de facturación que permita cubrir la subida del salario mínimo. Por lo que, en determinados casos, donde antes había dos trabajadores, ahora tan solo hay uno. La razón: las cuentas no salen. También se puede mirar de otra manera; si en lugar de subir las cotizaciones sociales, éstas se bajaran, se podría pagar más salarios a los empleados. Por lo que, en determinadas vacantes, compensaría más trabajar frente a que el ciudadano se quedara en casa cobrando un subsidio. Por el contrario, la subida del salario mínimo, unido al mecanismo de equidad intergeneracional para la Seguridad Social, ha elevado el coste que la empresa asume por cada trabajador, que al final limita el salario neto que el empleado recibe. Lo que, de nuevo, dificulta el acceso de los trabajadores a posiciones en el mercado laboral, a las que podrían acceder si el mercado se desregulara.

¿Cómo es posible que haya cerca de 156.000 vacantes de empleo sin cubrir con 2,7 millones de personas en situación de desempleo, según las cifras oficiales?

La última medida para favorecer la contratación en países extranjeros por parte del Ministerio de Seguridad Social tampoco se ha enfocado en la buena dirección. Existiendo una población real, contando fijos discontinuos, de más de 3 millones de parados, ¿cómo se puede permitir la contratación en otras economías fuera de España? El proceso de elección de trabajadores por parte del Servicio Público de Empleo Estatal debe de ser sencillo: para cada zona donde haya una vacante se empieza a llamar a personas que cobran un subsidio por desempleo. Si no existe una razón fehaciente para declinar la oferta laboral, esa persona tiene todo su derecho a mantener su situación de desempleo, pero sin un subsidio público. Por otro lado, que España necesita inmigración para cubrir determinados puestos de trabajo es un hecho. Con la natalidad por los suelos, hay puestos de trabajo de diferente capacitación que muestran una demanda de trabajadores. Ahora bien, la inmigración es positiva siempre que aporte. No se puede absorber inmigración para que ésta sea receptora neta de transferencias del Estado. Una inmigración sostenible implica que tiene que ser aportadora neta al Estado, lo que no sucede actualmente en muchos casos. Adicionalmente, en países con pleno empleo como Estados Unidos o Reino Unido, se exige a las empresas que quieren contratar a una persona de otro país, que expliquen por qué ese puesto de trabajo no lo puede desempeñar un nacional. Aparte, las empresas que deseen contratar extranjeros deben abonar su visado, lo que encarece aún más la contratación de trabajadores. En estos países si es posible llevar esta política a cabo, puesto que el valor añadido por trabajador es mucho mayor que en España. También, un paro estructural en España superior al 10% o, dicho de otro modo, que la normalidad en España sea ver cifras reales en el entorno de 3.000.000 de parados; implica que se están cambiado subsidios por votos. Todo subsidio que está por encima del salario medio real debe ser eliminado, pues desincentiva la contratación del mercado laboral. Todo receptor de subsidio que rechace un trabajo sin una causa justificada debe perder su derecho a la percepción de una transferencia pública por su situación por desempleo.

Todo subsidio que está por encima del salario medio real debe ser eliminado, pues desincentiva la contratación del mercado laboral. Todo receptor de subsidio que rechace un trabajo sin una causa justificada debe perder su derecho a la percepción de una transferencia pública por su situación por desempleo.

Y luego lo más sencillo, aunque sea lo que mayor coste político tiene, la reducción de las cotizaciones e impuestos para la reactivación del mercado laboral. ¿Por qué tiene coste político? Porque al disminuir los ingresos fiscales, ya no se puede malgastar tanto ni mantener el tejido clientelar de los partidos políticos. También habría una política laboral tangencial que ayudaría a los trabajadores y es que los sindicatos no pudieran recibir subvenciones públicas y únicamente pudieran recibir aportaciones de los trabajadores. De esta manera, las propias aportaciones fiscalizarían las actitudes de sus líderes sindicales y premiarían/castigarían sus acciones. Con el sistema actual, los sindicatos se ven regados con dinero público y se pliegan a los requisitos políticos sin oponer resistencia. Es por ello, por lo que el grado de afiliación a los sindicatos está en mínimos y su credibilidad se sitúa pareja al de la clase política, pues se han convertido en lo mismo que prometieron defender. En definitiva, España puede cambiar por las buenas, de manera decidida y poco a poco hacia un mercado laboral que gana eficiencia; o por las malas, mediante un shock de la economía producido por la ineficiencia de su sistema público elefantiásico. Hoy por hoy, Argentina es el mejor ejemplo. Uno de los países más ricos al inicio del Siglo XX que en 100 años dilapidó toda su riqueza por unas instituciones débiles y una clase política corrupta. Elijan su camino.