El gobierno promete a Bruselas un ajuste del balance presupuestario de España con un horizonte superior al de su mandato

El gobierno de España ha pactado con Bruselas una recaudación de casi 100.000 millones de euros más para 2026. Estas cifras surgen del programa de estabilidad 2023-2026 que plantea que los recursos de las Administraciones públicas aumentarán de 611.907 millones de euros en 2023 a 704.391 millones en 2026. Lo notorio, es que el mandado del actual gobierno de España vence en diciembre de 2023 por lo que se pacta una senda de estabilidad presupuestaria con Bruselas ahora, y el marrón se le deja al siguiente ejecutivo.

El papel todo lo aguanta y en este programa de estabilidad con horizonte 2026 se mejora la previsión de déficit público sobre el PIB de 2024 del 3,3% al 3%, recordemos que la Comisión Europea marca como máximo un 0,5% para empezar a exigir ajustes fiscales. Por poner un ejemplo, un déficit el 3% implica que si en tu núcleo familiar tienes un presupuesto de 50.000€, el gasto este año será de 51.500€; y ¿de dónde salen esos 1.500€? Pues de ahorro y, ¿si no tienes ahorro? De deuda, como el caso de España.

Dado que los déficits presupuestarios de España se tienen que financiar con deuda, se espera que la factura solo en intereses se eleve hasta 40.000 millones de euros para el año 2025. Y es que el precio del dinero está fijado por los tipos de interés, si el lector tiene en la cabeza lo que están subiendo las letras de las hipotecas por el encarecimiento del precio del dinero, imagínese lo que le va a costar endeudarse a España teniendo en cuenta que los tipos de interés han pasado del 0% al 3,5% en este último año y la deuda no para de crecer.

Al finalizar este año la deuda pública habrá crecido en 340.000 millones de euros respecto a antes de 2020 por el incremento del gasto post-pandemia y por la crisis energética posterior. Este nivel implica un 110% de deuda sobre PIB, y hay que valorar que el PIB se infla con otros factores difícilmente cuantificables lo que hace que este dato de deuda sobre PIB esté infraestimado.

Así pues, el gobierno que ha creado un déficit presupuestario sostenido, 340.000 millones de euros de deuda nueva en 3 años para un 110% de deuda sobre PIB ha prometido a Bruselas unos aumentos de las cotizaciones por más de 100.000 millones de euros para 2026, que tendrán que llevar a cabo otros. La propuesta enviada a Bruselas especifica un aumento de la presión fiscal, teniendo en cuenta la suma de cotizaciones sociales e ingresos tributarios, incrementándose al 39,7% en 2023; 40,1% en 2024; 40,4% en 2025 y 40,6% en 2026. Salimos más fuertes, en impuestos.

No es catastrofista aventurar que, en el año 2024 se deberán producir numerosos ajustes en la reducción del gasto público, así como en el aumento de la presión fiscal para poder cuadrar las cifras presupuestarias. El 2024 es justo el primer año después de las elecciones, por lo que luego hay 3 años para maquillar el sufrimiento que se va a causar y que el electorado vuelva a claudicar ante gobiernos sin ningún rigor presupuestario. Y es que la mejor manera de causar agonía a las generaciones posteriores es saltarse reglas presupuestarias para contentar a las generaciones actuales. 

Todo esto se solucionaría con una ley que alineara la responsabilidad civil subsidiaria de los gestores públicos a las cuentas que están gestionando. Aplicable a nivel de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y estado. Por el que, si existe una desviación negativa en la contabilidad respecto al punto de inicio, tendrá que ser compensada de su patrimonio solidariamente por todos los integrantes del gabinete ejecutivo responsable de esa situación. En el caso de que exista una situación puntual sobrevenida, por ejemplo una sentencia judicial que obligue a pagar al actual equipo de gobierno por una irresponsabilidad anterior a su mandato, será el equipo de gobierno anterior quien tenga que hacerse cargo de su falta. 

De esta manera, se limitaría el acceso a la función pública a personas realmente preparadas y con una finalidad clara de ayudara a la sociedad. Poniendo de manifiesto que la función pública tiene los beneficios de la representatividad del cargo que la persona ocupa, pero tiene también la responsabilidad de que, si la cagas, respondes con tu patrimonio.