Para el lector que no esté al tanto de lo que es Urbas, se trata de un conglomerado global especializado en infraestructuras y edificación sostenibles, promoción inmobiliaria y energías renovables. La empresa es patrocinadora del Baloncesto Fuenlabrada, recientemente descendido de la primera división del baloncesto español (ACB) así como el equipo de fútbol Leganés de segunda división.
Allá por febrero de 2007, al calor de la burbuja inmobiliaria llegó a cotizar por encima de los 3,30€ para ahora ser un fantasma de su pasado cotizando en 5 céntimos por acción. En bolsa Urbas es lo que se denomina un “chicharro”, una acción pequeña con la que conseguir rentabilidades muy grandes pero que, por el contrario, también puede llevar a tener pérdidas importantes por la volatilidad de su acción. Este tipo de acciones suele ser utilizadas por personas que tienen información privilegiada, por los pingües beneficios que pueden arrojar sus alzas.
En cuanto a la contabilidad actual, el grupo Urbas cerró el ejercicio 2022 aumentando su facturación un 50% hasta los 305 millones de euros con un beneficio neto de 16,6 millones de euros. La compañía actualmente tiene un activo de unos 1200 millones de euros con una deuda de 222 millones de euros. Todos ello según datos de la empresa publicados.
Según publica la revista Forbes, en su edición de México, la empresa estaría enfrentando un presunto fraude masivo, una inminente quiebra financiera y la petición de hasta 8 años de cárcel para su CEO y su expresidente por haber cobrado a través de sociedades pantalla un capital procedente de presuntos delitos societarios.
Según documentos en poder ya de la Audiencia Nacional, Urbas presuntamente podría haber inflados sus activos en hasta 23 veces su valor. Adicionalmente la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 8 años y 3 meses de prisión contra el actual CEO de Urbas y su expresidente por delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de julio de 2015 por un importe de 384 millones de euros.
Como antecedentes, el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo Fernández, ocultó que fue condenado en firme, pena de prisión incluida, por delitos como Defraudación tributaria (Art. 305 CP), responsabilidad civil o hasta inhabilitación especial en 2015, en juzgados de toda España. Esto incluye desde el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Getafe o el Juzgado de 1ª Instancia Nº 4 de Leganés, hasta el Juzgado de Instrucción Nº2 de Marbella. El hecho de tener antecedentes penales debería haber sido notificado públicamente, pero no se realizó para evitar un deterioro de la imagen de la empresa.
También, el antecesor en el cargo y expresidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, tenía antecedentes: “condenas firmes de coacciones, contra la libertad y seguridad en el trabajo, y hasta una causa penal en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Guadalajara que fue ‘cancelada’ sin motivo conocido tras ser firme el 30 de Diciembre de 1994, y finalmente archivada el 21 de Enero de 1998”. Éste hecho también debería haber sido notificado al mercado, pero no se hizo por las previsibles consecuencias negativas, entre ellas la falta de idoneidad del candidato para la posición.
Según la fuente de información de Forbes se enuncia que “la estrategia de Acedo e Ibáñez, socios que controlan más del 50% de Urbas a través de diferentes sociedades, se resume en acciones contables como la siguiente: ¿cómo es posible que terrenos valorados en menos de medio millón de euros (487.754,69 precisamente) pasen a valer más de 11 millones de euros (11.278.523,69) en la misma notaría, firmados el mismo día, en el mismo lugar, con protocolos consecutivos?”
El objeto de esas acciones parece claro: “se explica como un falso anuncio para conseguir así subir un 8% el valor de sus acciones y seguir financiándose a costa del engaño a sus propios accionistas, un plan que les reportó aproximadamente 28 millones de euros por el mero anuncio en prensa, y cuyas acciones están siendo investigadas como un presunto delito del Artículo 284 del Código Penal sobre manipulaciones para alterar el precio de las cosas”.
Según los documentos aportados a la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Nacional del Mercado de Valores “Urbas recibió en 2010 cuatro terrenos en aportación valorados en menos de medio millón, y elevó el total a 11.27 millones (15.34 millones de euros al incluir el IVA) en apenas 24 horas, en la misma notaría, el mismo día (26 de Mayo de 2015) con protocolos consecutivos; 1907, 1908 y 1909)”.
A través de un entramado de sociedades, se realizaron operaciones que alteran contablemente el valor de los activos para aflorar ganancias que se sitúan varias veces por encima del precio de mercado razonable. De hecho, la auditora Deloitte, en su informe de auditoría 2014, indicó una salvedad en las cuentas de Grupo Urbas sobre la posibilidad de no cobrar financiaciones presuntamente ficticias realizadas entre empresas del grupo.
Con todas estas operaciones presuntamente ficticias, Juan Antonio Ibáñez y Juan Antonio Acedo Fernández cobraron 119 millones de euros cada uno a través de sociedades pantalla en Holanda. Por lo que se añade el delito fiscal a los conflictos legales anteriormente citados.
Volviendo a la cotización de la compañía, su precio se sitúa en mínimos de dos años y medios con una caída de cerca del 50% este año. En este caso el principal afectado en primer término es todo aquél que haya financiado a la compañía, ya sea mediante acciones o deuda, pues la compañía se guardó información sensible que era de interés
Existe mucha más información sobre el caso, por lo que remitimos a Forbes (edición de México) y a su fuente para todo aquél que estuviera interesado o afectado para conocer acerca el tema. Desde luego estas noticias sobre la compañía no son nuevas, pues ya existe un histórico de Urbas con malas praxis en sus operaciones en Marruecos, Cuba o Bolivia.
Es curioso cómo ningún medio de comunicación local se ha hecho eco de esta historia de una sociedad cotizada. También llama la atención que haya que rebuscar mucho en internet para poder acceder a esta noticia en particular, pues en los buscadores mayoritarios no aparece. ¿Es que acaso puede tener conexiones el caso de Urbas con partidos políticos de España?
