No debería hacer falta insistir en ello, porque España lleva con este régimen político consagrado desde 1978, pero parece que cada vez se hace más necesario recordar que nuestro país es una democracia representativa. Eso fue lo que aceptamos los españoles cuando aquel año aprobamos las Constitución. Pero no falta quien, siendo más que consciente de ello, se niega a asumirlo, lo pone en cuestión o directamente lo niega.

Lo hace Alberto Núñez Feijoo cuando reclama su derecho a ser presidente del Gobierno por ser la lista más votada. Sabe de sobra que no es así, que en una democracia representativa la presidencia del Gobierno recae en quien obtenga una mayoría de votos en el Congreso de los Diputados.

Y lo hace Pedro Sánchez cuando se salta a la torera la división de poderes, cuando ejerce de juez y parte articulando una ley de amnistía que convertirá en papel mojado las sentencias dictadas en su día por el Tribunal Supremo. También Pedro Sánchez sabe de sobra que la separación de poderes es un principio político fundamental señalado por la Constitución y que como tal debe ser respetado.

Y debe ser respetado hoy y siempre. Porque no falta quien aplica ese respeto a voluntad, según el momento y la oportunidad de la que se trate. Es el caso, por ejemplo, del socialista y exalcalde de A Coruña, Paco Vázquez. Por supuesto, concuerdo con muchas de las cosas que dijo Paco Vázquez el domingo, al término de la manifestación contra la amnistía convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. Lo que me llama la atención es ¿por qué no las dijo en 1985 cuando el gobierno presidido por Felipe González aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que, entre otras aberraciones, fijaba que los 20 vocales del CGPJ serían elegidos por las Cortes, saltándose a la torera el principio de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial? Paco Vázquez era por aquel entonces un destacado dirigente en activo del PSOE. Y calló como el que más contra a lo que todas luces era un atropello a la democracia representativa.

Nuestros mandatarios deberían ser mucho más cautelosos con sus actuaciones o sus decisiones cuando éstas pueden provocar una alteración en la esencia del propio Estado. No ya por las repercusiones inmediatas que pueda tener en el presente, sino por las que va a provocar en el futuro. Incluso en su propio futuro.

Estos días estamos viendo como la justicia estadounidense le está buscando las cosquillas al expresidente Donald Trump. No hace mucho que el brasileño Lula da Silva tuvo que pasar por la cárcel. El colombiano Álvaro Uribe, el ecuatoriano Abdalá Bucaram o el peruano Alejandro Toledo corrieron la misma suerte. Y también aquí en Europa, presidentes como el italiano Silvio Berlusconi o el francés Sarkozy tuvieron sus más y sus menos con la Justicia. Esa es una de las consecuencias de gobernar sin criterio e intentar monopolizar los poderes. Algo que a todas luces el actual Gobierno de nuestro país, con Pedro Sánchez al frente, está haciendo.

Ya lo dijo Alfonso Guerra en su día: “Montesquieu ha muerto”. Y aunque al actual PSOE no le guste el personaje, tomaron sus dictados al pie de la letra.