El presidente del Gobierno decide sustituir la regeneración democrática por la degeneración partidista.

Cualquiera que haya seguido con cierta atención la trayectoria política de Pedro Sánchez puede tener la sensación de que cada decisión, cada puesta en escena, cada “cambio de opinión” del presidente del gobierno tiene la pátina de ser insuperable en cuanto a intensidad, capacidad de sorpresa o línea roja respecto a los límites que el mismo personaje se autoimpuso, cuando accedió al cargo, por primera vez, tras la primera moción de censura que gozó de éxito en nuestra joven democracia.

Pedro Sánchez no ha dudado en nombrar fiscal general del Estado a una ex ministra de su gobierno y al frente del Tribunal Constitucional a un ex fiscal general de indisimulada sintonía política con el presidente

Sin embargo, también comprobamos, no sin una mezcla de agitación intelectual e indignación, cómo el presidente no conoce límite alguno cuando se trata de permanecer atrincherado en palacio:

• No le basta con invadir las instituciones, designando cargos a dedo cuyo único requisito para acceder al nombramiento es portar un carné del PSOE (lo de Tezanos agota los calificativos); 
• No le basta con nombrar fiscal general del Estado a una ex ministra de Justicia (y antes indisimulada portadora de mensajes proselitistas en mítines de partido); 
• No le basta con declarar con descaro que la Fiscalía depende del Gobierno, algo que, aun sospechado sottovoce, nadie se había atrevido a afirmar con vehemencia anteriormente ante un micrófono en la radio pública; 
• No le basta con colocar al frente del Tribunal Constitucional a un ex fiscal general de indisimulada sintonía política con el presidente.

Todo es susceptible de empeorar, y Pedro Sánchez es un experto en la generación de catástrofes democráticas.

Uno podría pensar, con alta dosis de inocencia, que la “regeneración democrática” a la que ahora acude el presidente iba a dejar de ser por fin un desiderátum y aterrizar en el mundo de los hombres. Pero nada más lejos; Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión, y ha sustituido sin disimulo la regeneración por la degeneración. 

Foto. El fiscal general del Estado tiene serias posibilidades de resultar imputado por filtrar datos personales de una persona investigada

No es casualidad que ante una agenda judicial complicada, que va desde el caso Ábalos al caso Begoña, pasando por el caso del infausto director de orquesta (¿?) residente en Portugal, o la más que previsible imputación del fiscal general del Estado (otro hito histórico más a sumar a la larga lista de oprobios), Pedro Sánchez se haya hartado ahora del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le haya entrado la prisa por disponer una conformación de los órganos judiciales que asegure una escora hacia la izquierda y, con ello, y por extensión, garantizar que los nombramientos pendientes en gran parte de dichos órganos jurisdiccionales de este país sean partícipes de ese sesgo. La intención no es otra, negro sobre blanco, que intentar garantizarse jueces proclives a sus deseos que puedan terciar en los asuntos que le afectan, de manera que no llegue la sangre al río.

La modificación legislativa con la que amenaza Pedro Sánchez, para nombrar jueces, supondría poner fin a nuestro estado constitucional tal y como lo conocemos

Afortunadamente para los ciudadanos, esto no va a suceder. Ni puede suceder. Aunque con Sánchez al timón cualquier engendro jurídico es posible, la modificación legislativa tendente a reordenar el régimen de nombramiento de los jueces y magistrados es una aporía, pues no puede sustraerse esa competencia al Poder Judicial. Lo contrario, amén de confirmar la total ruptura de la separación de poderes que Sánchez ya ha anticipado con la Ley de amnistía, supondría poner fin a nuestro estado constitucional tal y como lo conocemos. 

La idea de Pedro Sánchez, cuya irresponsabilidad es sólo proporcional a la desesperación del presidente por controlar al Poder Judicial, concibiéndolo como un ente afín (de la prensa hablaremos en otro momento), se centra, particularmente, en los Magistrados del Tribunal Supremo, última instancia de dicho Poder, y órgano ante el que se decidirán, tarde o temprano, los muchos asuntos que asoman en el horizonte judicial monclovita.

El fin último de la maniobra de Pedro Sánchez es manejar los nombramientos de jueces del Tribunal Supremo que, antes o después, terminarán decidiendo sobre los casos que afectan a su partido y a su entorno familiar

Aunque el escenario sea imposible, como digo, lo más preocupante de la cuestión es el hecho de su planteamiento por el presidente, es decir, que se haya atrevido a verbalizar semejante barbaridad, a sabiendas de que, al parecer, nada le puede restar votos. Que el votante socialista, más allá del seguidismo que hacen los que tienen cargos que dependen del presidente, llegue a aplaudir ocurrencias como ésta, debe hacernos reflexionar sobre el verdadero nivel de la cultura democrática de este país. 

No cabe en cabeza cuerda que validemos como prioritario que el transporte de cerdos se haga con aire acondicionado en los camiones, y al mismo tiempo, veamos con buenos ojos al presidente del Gobierno tomar las decisiones, con marco plenipotenciario, que afectan al único Poder del Estado, concebido como tal, en la Constitución y garante, en último término, de los derechos de los ciudadanos ante los abusos de nuestros gobernantes.