Tanto el Banco de España como la AIREF cuestionan las últimas medidas promovidas por el Ejecutivo.

Cuando se legisla a favor de la ideología política y en contra de la economía la contabilidad nacional sufre. Durante la primera quincena de mayo, el Banco de España (BdE) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) han emitido sendos informes en los que cuestionan tanto las cifras presupuestarias que maneja el gobierno como las últimas acciones legislativas de éste en materia económica. 

Recordemos que sobre estos dos organismos independientes existe un gran anhelo de control por parte de las esferas políticas, sustentado en que dejen de emitir informes con un criterio propio. Estas esferas buscan que los organismos se alineen “con el interés general del país”, un eufemismo empleado para que tanto el BdE como la AIREF acaten los mandatos políticos de los diferentes ministerios.

El Banco de España publicó su informe anual en el que afirma que la economía crecerá por encima de lo previsto pero apunta a un claro desalineamiento del interés general en las políticas económicas, citando la reforma de las pensiones y la de vivienda. Sobre la reforma de las pensiones, se enuncia la imposibilidad de cuadrar los ingresos con los gastos ante el reto demográfico existente, así como el problema de los bajos salarios en relación con las pensiones actuales, que se tienen que revalorizar con el IPC mientras que los salario no. Relacionado con la ley de vivienda, ya se ha demostrado en Barcelona, Berlín o Nueva York que un tope a los alquileres no hace más que reducir la oferta del parque de vivienda haciendo que el alquiler sea más inaccesible.

Con respecto a la AIREF, también ha realizado un incremento al alza en su previsión de crecimiento de la economía española, sin embargo, se pide también un ajuste fiscal de cerca de 30.000 millones de euros para disminuir la deuda. Desde el organismo estiman que el déficit público se establecerá en el 3% hasta el 2026 cuando el Gobierno ha prometido a la Comisión Europea situar el déficit ese año en el 2,5%. De hecho, para cumplir con los compromisos pactados debería conllevar un ajuste adicional de 0,46% del PIB cada año, o unos 30.000 millones de euros a través del incremento de los ingresos o la reducción del gasto.

Adicionalmente, tanto el Banco de España como la AIREF consideran que el endeudamiento volverá a incrementarse si no se aplican medidas de ajuste fiscal adicionales. A igual nivel de deuda, los costes financieros aumentan por el incremento de los tipos de interés; a consecuencia de la política monetaria promovida por el Banco Central Europeo

En definitiva, ambos organismos promueven un plan de consolidación fiscal que ajuste el desequilibrio entre ingresos y gastos en la administración pública además de una evaluación rigurosa de los impactos de las reformas. De nuevo ante el optimismo del gobierno llegan datos que muestran una realidad bien distinta. Tan solo en plena campaña electoral se han prometido 19.000 millones de euros en gasto público desde los diferentes oradores del Gobierno, pero como decía la exministra Carmen Calvo “el dinero público no es de nadie”.