Tras el fatídico incendio de las discotecas de la zona de ocio “Las Atalayas” en Murcia, además de crecer la indignación a causa de las múltiples y continuas versiones intercambiadas entre el ayuntamiento de la ciudad y los dos locales afectados, se ha puesto en el  punto de mira la escasa capacidad de inspección y control de las Administraciones Públicas.

Según se ha podido conocer hasta el momento, sobre las discotecas pesaba una orden de cierre desde enero de 2022, pero ello no impidió que, con la connivencia del Ayuntamiento de Murcia, éstas continuasen abiertas promocionando con total impunidad sus fiestas y eventos en las redes sociales. Tal fue la falta de diligencia que, a pesar de no contar presuntamente con la licencia correspondiente y estar en vigor la orden de cese de actividad, una de las discotecas incendiadas superó una inspección municipal de sanidad en marzo de 2023 en cuya acta se recogía que “Se han subsanado todas las deficiencias detectadas en anterior visita
de inspección de fecha 9 de febrero de 2023. El local cumple condiciones higiénico-sanitarias, y procedo a que sea inscrito en el Registro Sanitario Autonómico de establecimientos minoristas de alimentación”.

Es cierto que el cumplimiento de la norma no inmuniza contra la desgracia y el infortunio propios de un futuro incierto como lo es la existencia humana, pero sí que contribuye a que las probabilidades no jueguen en nuestra contra. En efecto, no es posible predecir un accidente, pero sí reducir las papeletas para que éstos se produzcan a través de la prevención que, en materia de seguridad, se traduce en el control y la inspección por parte de las Administraciones Públicas de que la normativa al respecto está siendo observada.

En este punto cabe preguntarse la utilidad que tiene asfixiar a los ciudadanos con normas, prohibiciones y multas si, a la hora de la verdad, todo termina siendo papel mojado, pues, según el vicepresidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, “El 40% de los locales de ocio nocturno en España incumplen las normas”.

No obstante, conviene señalar que lo anterior no sólo es característico del ocio nocturno, sino que también se extiende a otras ramas de actividad. Por ejemplo, tal y como ha denunciado ASCEGA en reiteradas ocasiones, más de la mitad de los establecimientos que celebran banquetes de boda en Galicia operan de forma ilegal y muchos de ellos siguen funcionando a pesar de tener sobre ellos una orden de cierre. Según el informe elaborado por ASCEGA, sólo el 47% de los locales están dados de alta en el registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta de Galicia, lo que supone que más de la mitad quedan al margen del control que las Administraciones Públicas realiza, por ejemplo, en materia sanitaria. Lo mismo ocurre con las empresas de catering, donde el 86% opera de forma irregular, pues tampoco figuran en los registros oficiales.

A priori, la inscripción o no en el registro autonómico podría parecer una mera pieza más dentro de la infernal maraña administrativa a la que está sometida el ciudadano –que también–, pero en la práctica se traduce en que los novios y contratantes se hacen responsables, sin saberlo, de lo que pueda suceder en el banquete si el establecimiento no tiene la correspondiente licencia, pues no hay seguro que los cubra.

Cuando hay una catástrofe de esta envergadura, como la acontecida en Murcia, se espera que sirva de aprendizaje para el futuro y que haya más concienciación, de modo que, en lo que a esta actividad se refiere, la Xunta de Galicia debería incrementar –o mejor dicho poner en marcha– sus labores de vigilancia a fin de prevenir futuras desgracias.