En poco más de un mes renovaremos los 349 diputados del Congreso. Bueno, no todos porque muchos repetirán. Pero no teman ni se preocupen por los que lo abandonen definitivamente. No se van con las manos vacías. Ni mucho menos. Ya se encargaron entre ellos de dejar atado y bien atado el asunto de sus generosas liquidaciones, sus indemnizaciones y sus planes de futuro.

Sin ir más lejos, según se ha hecho público, Irene Montero y la cúpula del Ministerio de Igualdad tendrán derecho a indemnizaciones que suman un millón de euros. Pero, y sin que sirva de precedente, en este caso da igual que sea Irene Montero o una parlamentaria de Ciudadanos. Porque los derechos y prebendas de los ex parlamentarios y ex altos cargos públicos son para todos, con independencia del partido del que forman parte.

La indemnización por cese es un derecho que tienen los altos cargos de éste o cualquier otro gobierno cuando son destituidos o dimiten por voluntad propia. Su cuantía asciende al 80 % del sueldo durante el mismo tiempo que haya ocupado el puesto, hasta un máximo de 24 meses. En el caso de Irene Montero, esta indemnización ascendería a 61.982 euros al año durante esos dos ejercicios.

¿Y por hacer, qué? Pues por hacer nada. Porque precisamente esa indemnización dejaría de cobrarse si el beneficiario o la beneficiaria recibiese cualquier otro salario público o privado. Pero, insisto, cito a Irene Montero porque ha sido la información que se ha hecho pública, pero ese mismo derecho lo tuvieron los anteriores jefes de Gobierno, ministros, presidentes de autonomías y un largo etcétera, ya fuesen populares, socialistas o de cualquier otra fuerza política. Lo curioso –y lo triste a la vez- es que esta sangrante situación que tanto favorece a nuestros políticos coincide en el tiempo con una campaña de la Agencia Tributaria que tiene por eslogan «No es magia. Son tus impuestos». Pues sí, efectivamente, son nuestros impuestos los que, por arte de magia, van a permitir que estos políticos puedan llevarse ese pastizal cuando dejen sus cargos.

En el lado opuesto, mi hija, que acaba de incorporarse como médico digestivo después de seis años estudiando y de haber aprobado el MIR, va a cobrar la friolera de 1.200 euros mensuales. Y hay no hay magia que valga. Es lo que hay y punto. Son nuestros impuestos, efectivamente, como dice la Agencia Tributaria. El problema es que quienes los gestionan los canalizan siempre en beneficio propio.

Si queremos hacer una sociedad más justa no basta con concienciar a la ciudadanía para que cumpla con sus obligaciones fiscales. Lo que hay que hacer es dar ejemplo y dirigir lo recaudado hacia los asuntos que de verdad importan a la sociedad. Ese es el objetivo de nuestros impuestos. Y no solucionarles la vida a los de siempre. Que, por encima, ya la suelen tener solucionada. Han tenido como mínimo cuatro años para encargarse de ello.