Casi 1,5 millones de personas están con el alma en vilo porque desconocen si van a seguir con el sistema sanitario de MUFACE o desembarcan en la sanidad pública de golpe.
El sistema de cobertura sanitaria que tienen a su disposición los funcionarios, MUFACE, nació en junio 1975 mediante la Ley 29/1975, y ampara que los trabajadores públicos del Estado puedan elegir si quieren tener, como cualquier ciudadano, asistencia mediante la seguridad social o bien otra prestada a través de entidades privadas. En la actualidad, la asistencia privada la prestan Asisa, Adeslas y DKV, quienes reciben una prima por parte del Estado para que se hagan cargo de la asistencia de los funcionarios que así lo deseen.
MUFACE es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública. Las personas mutualistas y sus beneficiarias forman un colectivo que, a 31 de diciembre de 2022, ascendían a 1.496.276 personas, de las cuales 1.053.934 eran titulares y 442.342 beneficiarios.
Cuando un funcionario del Estado consigue una plaza en propiedad, puede elegir qué modalidad quiere entre sanidad pública y privada y, cada año, puede decidir si quiere mantener su decisión o cambiar.
La última actualización del convenio entre el Estado y las empresas que prestan servicio a MUFACE se realizó en 2021 y ahora toca renovar el acuerdo y asumir el incremento de coste tras la pandemia
En septiembre de 2021 se produjo la última actualización del convenio. Fue entonces cuando el Ministerio de Hacienda decidió destinar una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2024, lo que supuso un incremento en las primas de las aseguradoras entre el 8 y el 10%.
En concreto, fue del 8% para 2022, se elevó al 8,75% para 2023 y hasta el 10% para 2024 en relación con la prima del ejercicio 2020-2021. Sin embargo, a pesar de aumentar la dotación, algunas aseguradoras como DKV siempre han defendido que el presupuesto está por debajo de los gastos incurridos, más aún en tiempos de pandemia o post pandemia.
También cabe señalar que se integra en MUFACE la gestión del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, cuyo patrimonio se sitúa en torno a los 640 millones de euros y tiene más de 640.000 partícipes y beneficiarios, lo que lo sitúa como el mayor plan de pensiones de empleo de Europa por número de partícipes.
La sostenibilidad financiera del sistema mutualista concita serias dudas y se agrava con el constante envejecimiento de la población de funcionarios, que repercute en una mayor utilización de las prestaciones sanitarias
Este sistema de aseguramiento público según la última memoria publicada correspondiente al ejercicio 2022, dispone de un presupuesto de 1.923,70 millones de euros. Para asistencia sanitaria se han destinado 1.588 millones de euros, el 80%. Para prestaciones sociales y económicas del mutualismo administrativo, 331 millones, un 18%, y los gastos de funcionamiento y personal representaron el 2%.
En el momento actual se encuentra en pleno proceso de negociación entre las empresas de prestación de servicios sanitarios y MUFACE y su pervivencia se encuentra en el alero, ya que enfrentan varios problemas y desafíos.
Uno de los mayores problemas es la sostenibilidad financiera del sistema. Las aportaciones que el Estado realiza no siempre cubren todas las necesidades y los costos crecientes de la atención sanitaria. Esto se agrava con el envejecimiento de la población de funcionarios, lo que aumenta la demanda de servicios médicos y tratamientos de mayor coste.
Foto. Muchos mutualistas reportan dificultades para acceder a ciertos especialistas o servicios médicos en algunas áreas
Los mutualistas de MUFACE tienen la opción de elegir entre la sanidad pública o un seguro privado. Sin embargo, en algunas regiones, los servicios prestados por aseguradoras privadas no tienen la misma calidad o cobertura que en otras zonas. Además, ciertos especialistas o tratamientos a veces no están disponibles en el sistema privado, lo que genera desigualdades en la atención.
Muchos mutualistas reportan dificultades para acceder a ciertos especialistas o servicios médicos en algunas áreas. La falta de médicos, especialmente en áreas rurales, y la limitada red de centros médicos asociados a MUFACE son quejas comunes.
En ocasiones, los funcionarios han reportado retrasos en el pago de ciertas prestaciones complementarias (ayudas para medicamentos, prótesis, entre otros). Esto genera descontento, ya que dependen de estos pagos para cubrir necesidades de salud.
Aunque se han dado algunos pasos hacia la digitalización, MUFACE aún enfrenta críticas por su burocracia y la lentitud en la tramitación de ciertos procesos. Los mutualistas a menudo deben gestionar trámites manualmente, lo que implica tiempo y esfuerzo adicional.
El sistema mutualista precisa mejoras en la cartera de especialistas, en la cobertura en áreas rurales, en el retorno de pagos de prestaciones complementarias, en la digitalización de los procesos y en la actualización de la cobertura sanitaria
La actualización de la cobertura sanitaria también es un reto. Nuevas tecnologías y tratamientos avanzados no siempre están cubiertos por los convenios con las aseguradoras, lo que deja a algunos mutualistas sin acceso a opciones médicas de última generación.
Estos problemas forman parte de las discusiones actuales entre MUFACE y el gobierno para mejorar las condiciones del sistema y garantizar una atención sanitaria de calidad para los funcionarios.
Las aseguradoras tienen hasta el próximo 5 de noviembre para presentar sus ofertas para el concierto de asistencia sanitaria de MUFACE para los años 2025-2026.
Si no se llega a un acuerdo en noviembre, ¿está preparada la sanidad pública para asumir la atención de 1,5 millones de personas más de las que ya atiende?
Si no se llega a un acuerdo en las negociaciones, podrían surgir una serie de problemas y consecuencias, tanto para los funcionarios mutualistas como para el sistema de la mutualidad en su conjunto.
En resumen, la falta de acuerdo podría tener consecuencias negativas significativas para los mutualistas, el sistema de la mutualidad y el propio gobierno. Los funcionarios se podrían enfrentar a un deterioro en la calidad de los servicios, mayor incertidumbre sobre sus prestaciones y un incremento en las tensiones laborales y políticas.
