Más de dos años sin control alguno sobre el contrato del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de A Coruña por parte del concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior en A Coruña, Jose Manuel Lage Tuñas, es demasiado tiempo para que el secretario del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez, pudiese consolidar una trama que se investiga judicialmente por delitos de blanqueo de capitales, estafa y corrupción.

Si nos remontamos a sus inicios, podemos recordar que este sindicalista empezó a hacer sus pinitos con el gobierno de Javier Losada, que obligó a la empresa concesionaria CESPA a readmitirlo tras una falta muy grave: conducir un autobús que llevaba funcionarios a la cárcel de Teixeiro estando de baja laboral.  Durante el gobierno municipal del PP tuvo cierto freno en sus artimañas, debido a que se desmanteló una huelga de recogida de basuras gracias a que los vehículos de la policía local escoltaron durante una semana a los camiones de la empresa concesionaria y eso debilitó la fuerza del sindicato mayoritario en Nostián y de STL en la parte de limpieza viaria. Sin embargo, cuando Sánchez realmente fortaleció su poder para manejar a su antojo la contratación de personal fue en la época del gobierno de Marea Atlántica, que le dio barra libre para hacer y deshacer a su antojo.

Hay que recordar que este sindicalista constituyó dos empresas, Imprego en 2018, empresa de contratación temporal con la que inició la trama e Inusvalia, centro especial de empleo con ánimo de lucro que inicio su actividad en 2021 con el objetivo de utilizar a personas con discapacidad en el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura. Los aspirantes que pretendían trabajar en las concesionarias del servicio de limpieza y recogida de residuos del ayuntamiento coruñés tenían que pasar un primer filtro, después de que las adjudicatarias del contrato presuntamente delegaran en el sindicalista poderes de selección para la contratación de personal. Los candidatos adquirían allí su primer “compromiso” de pagar una supuesta mordida de entre 70 y 80€ al mes durante toda la duración del contrato, al margen de los 12 € de cuota por afiliación al STL.

Pero si esta era la primera fuente de ingresos para Sánchez, no iba a ser la única; la segunda vendría presuntamente de la mano de los adjudicatarios del servicio de limpieza al poner a los empleados a su disposición. Las reiteradas quejas de algunos de los trabajadores, por el mal funcionamiento del servicio, levantaron las primeras sospechas de la plantilla, al comprobar que el Comité de Empresa nada hacía por mejorar la situación, llegándose incluso a incumplir las subidas salariales que les correspondían en función del IPC. Este ahorro en salarios se traduciría supuestamente en la incorporación de más personal “controlador e informador” al servicio del sindicalista, lo que presuntamente parece una red mafiosa en toda regla. Pero las presuntas irregularidades en las contrataciones iban más allá, al incorporar personal de apoyo con unos salarios de 1.000 €, pero que desempeñaban tareas y funciones de peón, cuyo salario es un 40% superior.

Con el paso de los años, las arcas del presunto artífice de la trama crecían exponencialmente y llegamos al actual mandato municipal, donde el “señor de los contratos”, Lage Tuñas, ejerce un control absoluto en todo lo que se refiere al personal de las concejalías y de las empresas concesionarias. Hay que recordar que el Sultán de Outes ha asumido a lo largo de estos últimos cuatro años la gestión del personal, de los contratos, de la licitación y adjudicación de obras y servicios y de las concesiones municipales. Nunca una persona ha tenido tanto poder en el ayuntamiento y, en consecuencia, es el máximo responsable político, por omisión, de todo lo que ha pasado con el caso de STL.

Ahora trata de desviar su responsabilidad cargando las tintas en la titular de medioambiente, y no dudamos de que sería recomendable haber reforzado aún más el seguimiento de los registros de maquinaria y personal para llevar a cabo las tareas de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, pero lo que es evidente es que el problema se genera por la ausencia de mecanismos de control en la gestión de personal que se contrataba en la empresa concesionaria, más que en los medios materiales.

Hay muchas preguntas que están en el aire y todas señalan a Lage Tuñas:

  • ¿Por qué no ejerció el férreo control en la gestión del personal de esta empresa concesionaria, que sí ejerce en las concejalías y en alguna empresa concesionaria y que habría evitado estas actuaciones supuestamente delictivas?
  • ¿Qué protocolos ha implementado para prevenir en el futuro nuevas actuaciones ilícitas en la gestión de personal en esta y en otras concesionarias?

Ante el descontento de algunos trabajadores y el temor del presunto cabecilla de la trama, se produjeron algunos despidos y se incrementaron las amenazas y coacciones a algunos empleados, llegando incluso a sufrir daños materiales en sus propiedades, hasta que el pasado mes de febrero la Policía Nacional detuvo a cuatro personas, entre las que se encontraban el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez, y su esposa, como responsable de una de las empresas proveedoras de personal a las concesionarias.

La investigación continúa abierta, pero las coacciones y amenazas han hecho mella en muchos trabajadores que, ante el temor de ser despedidos, han optado por ver, oír y callar. El desenlace de la situación no lo conocemos, pero todo apunta a que el Gobierno de Inés Rey se podría ver salpicado, bien por acción, bien por omisión. Lo que está claro es que Lage Tuñas tiene mucho poder, pero ha ejercido poco control sobre lo que ha pasado con la gestión del personal de esta empresa concesionaria.