En la primavera del año 2022, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se lanzó el bono alquiler joven. Este plan aprobado por el gobierno establecía nuevas medias para facilitar el acceso a una vivienda. Tanto con ayudas directas como incrementando las viviendas sociales a precios asequibles para que, en palabras del propio ministerio “los jóvenes puedan cumplir su deseo de emanciparse…y el de sus padres”.

En un principio el bono joven para el alquiler estaba dotado con unos 200 millones de euros a repartir entre los solicitantes, que recibirían una asignación de 250€ al mes durante dos años. Los requisitos a priori eran sencillos, tener entre 18 y 35 años, acreditar rentas de trabajo y que éstas no superen 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Adicionalmente, esta paguita solo sirve para alquileres de hasta 600€ al mes, por lo que los jóvenes en las grandes ciudades quedaban automáticamente eliminados, y hasta 900€ al mes si existe alquiler por habitaciones.

Ya sabemos que una cosa es lo que anuncian el Gobierno de España y otra cosa es su implementación, por lo que este plan fue transferido a las Comunidades Autónomas para que los jóvenes iniciaran los trámites con sus administraciones locales. La sorpresa fue mayúscula, pues era la primera vez que un varón heterosexual caucásico con ascendencia católica era elegible para acceder a una paguita. El 1 de Julio a las 00:00h se habría el plazo para presentar, a través de la página web de la Xunta de Galicia, las solicitudes al bono de alquiler joven. Después de estar dos horas colapsada la página web, conseguí entregar mi solitud a las 2 de la mañana.

Al instante pensé “menos mal que lo hice a esta hora, fui de los primeros”. Que iluso. La convocatoria se cerró el 31 de octubre del 2022 con un presupuesto a repartir de 22,8 millones de euros. Una vez entregada la solicitud pasaron las semanas, que se convirtieron en meses, en trimestres, en un semestre y finalmente en febrero de 2023 se publica en prensa que se comienzan a repartir las ayudas. Escasos días después de esta publicación la Conselleria de Vivienda, Ángeles Vázquez, anuncia en su intervención en una sesión plenaria del Parlamento de Galicia que un total de 4.094 personas en Galicia menores de 36 años se han beneficiado del plan y que el presupuesto ya está repartido. 4.094 personas para cerca de 30.000 solicitudes.

A pesar de que el presupuesto ya estaba otorgado, en marzo recibo una petición de aportar más información. Por contextualizar: en septiembre del 2022 me había cambiado de domicilio, y seguía cumpliendo el pliego de la paguita, por lo que raudo y veloz procedí a aportar el certificado de empadronamiento del nuevo domicilio. La siguiente comunicación (y última hasta la fecha) se produjo el 13 de abril de este año, en la que se me denegaba la paguita del Bono social del Alquiler por “no haber aportado volante de empadronamiento correcto”. Yo pensé en ese instante que lo había aportado hace un par de semanas.

Ese mismo día 13 de abril procedí a realizar un recurso de alzada sobre el fallo negativo hacia mi candidatura para la paguita del alquiler social, explicando que se trata de un error pues el documento que me comunican que falta está aportado, y que se lo vuelvo a adjuntar.

Pasa un mes sin respuesta y a finales de mayo procedo a enviar un requerimiento de información, sin respuesta tampoco. Finales de junio y procedo a enviar otro requerimiento de información, sin respuesta tampoco. Por lo que el pasado 13 de Julio, cumplidos 3 meses de la presentación del recurso de alzada, interpelo otro requerimiento de información sobre el proceso y adicionalmente intento hablar por teléfono con el departamento encargado a ver si me podían dar algo de luz sobre el expediente. Digo yo que a unas semanas de las elecciones les interesará sesgar el voto de los ciudadanos dándoles la alegría de una subvención pública. Tras 5 intentos de llamada: “no es aquí, llama a este número”, “no este no es el departamento, te paso”, “espera, que no hay nadie ahora, llama en una hora”, finalmente conseguí hablar con alguien competente en la materia. Al explicarle mi caso me comentó que los recursos de alzada tienen un plazo de resolución de tres meses (en esa fecha, ya cumplidos) y que a partir de ahí si no hay respuesta se consideran denegados por silencio administrativo. Que a partir de los tres meses de espera, puedo interpelar en lo contencioso administrativo.

Tratando de minimizar mis emociones pregunto educadamente, ¿a qué se debe tanto retraso? A la que la respuesta se enmarca en la falta de medios humanos para resolver el alto número de expedientes. ¿Y qué culpa tiene el ciudadano de que los expedientes no salgan y que por una mala planificación de carga de trabajo se produzca un problema de silencio administrativo? El interlocutor empatiza conmigo y me entiende, pero me traslada que no se puede hacer nada. Ahora, preguntándote como ciudadano, ¿no te molestaría que cualquier expediente que necesitaras de la administración se dilate y caduque por silencio administrativo? Es que es un problema político, no hay medios humanos.

España tiene unos 2.750.000 funcionarios, pero hay listas de espera en todo. Y si vas a justicia, educación, seguridad social o en este caso a vivienda, se quejan de que “faltan medios humanos”. Si miras la foto a gran escala, nunca España ha tenido tanta cantidad de funcionarios y para una población española que no ha crecido en proporción a la población de funcionarios. Esto empíricamente demuestra que hay una población de funcionarios que no puede atender eficientemente a su trabajo porque tiene demasiado y hay otra población de funcionarios que no está claro exactamente cuál es su trabajo.

Desconozco el gobierno que se formará tras las elecciones generales del 23 de julio, pero hace falta una auditoría de personal de la administración pública para eficientarla y que al menos pueda dar soluciones al ciudadano. Por que como decía al inicio del artículo, ya me parecía a mí raro que un varón heterosexual caucásico con ascendencia católica tuviera derecho a recibir una paguita en España.