Por Bárbara Rivas

El ayuntamiento de Madrid aprobará dentro en los próximos días su presupuesto para 2024, ese tipo de detalles que permiten las mayorías. En ellos aplicarán una rebaja del IBI, que caerá del 0,456 del tipo impositivo actual al 0,442%. En A Coruña el gobierno local acaba de anunciar una subida del 0,60% al 0,62%, que podría ser una décima más si no media advertencia de la oposición del Partido Popular para reparar una nueva chapuza que apuntaba directamente al bolsillo de los coruñeses. El caso es que en Madrid la oposición socialista saltó presta para criticar la decisión del alcalde Martínez-Almeida de bajar impuestos. El argumento lo expresó Enma López, una pizpireta edila natural de Vigo que hace fortuna en la capital por la publicación de videos en sus redes sociales. “En algunos casos será como ahorrarse dos cervezas, en otros un poco más. Es una bajada nimia”, clamaba.

Así que mientras en Madrid las huestes socialistas criticaban a la del PP por rebajar muy poco el impuesto de bienes inmuebles, en A Coruña la alcaldesa Inés Rey se empeñaba en defender una nueva subida de las contribuciones de todo tipo con las que asalta a sus vecinos. “Sí. Voy a subir los impuestos porque no voy a recortar servicios”, explica resuelta ante una subida generalizada del 3% que cuenta con la colaboración necesaria del BNG.

La encendida defensa que hace Rey de “los servicios” palidece cuando se constata que desde 2015 los gobiernos en minoría absoluta que han pasado por A Coruña fueron incapaces de invertir una media de 65 millones de euros al año en inversiones para los barrios de la ciudad, en esos equipamientos y servicios que pregona ahora su alcaldesa. “Orzar non é exexutar”, le advertía Jorquera a Lage cuando jugaba a opositar. “No se pueden mantener unos servicios públicos cuyo coste ha subido notablemente, como ayuda a domicilio, sin subir impuestos”.

El gobierno de Inés Rey recauda más dinero de que es capaz de ejecutar, pero aprieta a los coruñeses en aras de unos servicios que apenas se perciben en una ciudad en la que el gasto en servicios públicos básicos por habitante (seguridad, movilidad ciudadana, vivienda, urbanismo, bienestar o medio ambiente) se sitúa por debajo de la media nacional. Peor es aún si se escarba en el gasto social porque en el que se ha presupuestado en A Coruña desde 2016 se han quedado más de 12 millones de euros sin invertir.

En 2022, por ejemplo, se quedaron sin gastar casi medio millón de euros que estaban destinados en prestación de servicios sociales. Con todo, esta misma semana Inés Rey incidió: “No se pueden mantener servicios como la ayuda a domicilio sin pagar más impuestos”. Era su respuesta a las quejas de usuarios y personal que prestan ese servicio. Pero si hay incapacidad para gestionar, el dinero no ofrece soluciones. Tan sólo llena la caja.