Hoy, jueves, se aprueba la Ley de Vivienda que el Gobierno ha desarrollado de la mano de Bildu y ERC. La nueva normativa da un giro enorme hacia una política enormemente intervencionista que viene a repetir los errores que se vienen acometiendo en los Estados menos atractivos tanto para vivir como para invertir. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que hoy está sucediendo hemos querido realizar un breve artículo para explicar algunos de los puntos más controvertidos.

 Okupación

La nueva ley no desprotege al propietario al que le han okupado una vivienda como si fuese algo colateral, sino que directamente favorece al okupa retrasando – a propósito – los trámites legales para alargar lo máximo posible el proceso. En palabras del propio acuerdo al que llegó el gobierno con los independentistas: “Se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años”.

 Y eso no es todo. Inmediatamente después el acuerdo reza: “Se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables”. La Ley, con esto, pretende impedir que las personas “vulnerables” sean desalojadas. El problema es que la definición de “vulnerable” – según la CNMC– es toda aquella unidad de convivencia cuyo nivel de renta sea igual o inferior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. Esto, según palabras de la Conselleira de Vivienda de la Xunta en una conversación mantenida hace unos días, incluye al 80% de los gallegos dado que el IPREM no tiene en cuenta las disparidades regionales 

En definitiva, para que se hagan una idea, el 80% de los gallegos van a estar legitimados para okupar una casa sin que se les pueda echar por considerarlos “vulnerables”.

Precios

El problema de la vivienda no se da en todas partes de la misma manera. En algunos sitios lo que sucede –en Galicia se puede ver– es que numerosas casas se van poco a poco consumiendo porque nadie quiere sustituir al anterior dueño luego de su fallecimiento. En el rural esto es común. En las ciudades, sin embargo, lo más normal es que haya mucha demanda y poca oferta. Ante estas dos realidades no se entiende cómo puede ser que la Ley sea la misma en ambos lugares, aunque, por lo menos, evitan caer en algunos absurdos empleando el término “zonas tensionadas” para controlar el mercado específicamente en sitios concretos, aunque el criterio se amplía para poder intervenir en más lugares.

Como decimos, al ser un problema de oferta y demanda lo lógico sería tratar de incentivar la migración de zonas con alta densidad hacia zonas con baja densidad para aliviar esa tensión o, por lo menos, tratar de favorecer la oferta para que el precio se reduzca. Lo primero se consigue con políticas que extiendan los servicios básicos y a poder ser de buena calidad hacia lugares que se suelen denominar “del extrarradio” y, lo segundo, desde luego que no se consigue presionando al propietario y al inversor como hace esta Ley.

Esta visión que pinta al propietario cómo el que siempre tiene el mayor poder de negociación –cosa que no es realista, como hemos dicho, en determinados lugares y en determinadas situaciones – es la que ha provocado que todos los gastos de la inmobiliaria tengan que correr a cargo del arrendatario. Este es un buen momento para recordar que hay sitios en Galicia en los que un piso de 100 metros cuadrados está siendo alquilado por menos de 300 euros al mes. 

Inversión

La inversión no tiene porqué venir de grandes empresarios y personas adineradas, puede ser una vía de financiación de gente humilde: una casa heredada que se pone en alquiler para poder pagar la universidad de los hijos. Hay muchas situaciones diferentes aunque la nueva Ley parta de que existe una sola. Es esta condena de la inversión la que ha topado los precios del alquiler. En el año 2023 solo podrán subir un 2%, en 2024 un 3% y, después, se creará desde el Estado un índice completamente arbitrario para controlar las subidas. Eso sí, este índice será siempre inferior al IPC.

 Con esto, lo que se consigue es que cualquier alquiler salga siempre a pérdidas en términos reales. Si el aumento del alquiler es siempre inferior al aumento de la pérdida de poder adquisitivo, los inversores siempre perderán dinero, sobre todo en tiempos en los que la inflación ronda el 5 o el 6%.

 A esto se le añade que el criterio para determinar si alguien es un gran tenedor se reduce de diez a cinco propiedades sin tener en cuenta su valor. No queda claro si un monte, una finca o algo por el estilo entran dentro de la ecuación, pero en un lugar como Galicia no es tan difícil tener cinco propiedades cuyo valor no supere a dos del centro de Madrid. Es decir, Galicia vuelve a salir perdiendo al aplicarse el mismo criterio que en lugares con un mercado inmobiliario completamente diferente. Se considerará más privilegiado, por tanto, a alguien con cinco casas en el Concello de Santiso que a alguien con cuatro en el Barrio Salamanca madrileño.

Esa consideración vendrá acompañada de presión fiscal, control y, desde luego, un absoluto incentivo para dejar de invertir en este país y, por lo tanto, de ofrecer casas en alquiler que como hemos dicho es la mejor solución para rebajar el precio. 

No te puedes escapar

Las subidas de precios serán solamente las que el Estado marque. No sólo las del alquiler que ya hemos mencionado, sino que no se podrá repercutir ningún aumento de la tasa de basuras o de los gastos de comunidad al inquilino. Todas las subidas que puedan proceder de cualquiera de esos conceptos o, si los hubiera, otros similares deben ser asumidos por parte del propietario. Generando, por tanto, muchísima más incertidumbre a la situación después de todo lo que ya hemos analizado.

Esta Ley es, en conclusión, una forma de paralizar completamente el mercado inmobiliario que afectará a absolutamente todo el mundo – tanto a arrendatarios como a arrendadores y, también, a cualquier otra persona–. No se hace siguiendo criterios económicos, técnicos ni siquiera humanitarios, se hace siguiendo criterios puramente ideológicos sin escuchar a absolutamente ninguna plataforma ni nadie que tenga que ver con el sector. Un movimiento extremista a pocas semanas de las elecciones que, de no ser capaz de destruir la vivienda en este país, serviría solamente para captar votos de los más radicales.

 

Hoy se aprueba la condena a la vivienda.