Por: Bárbara Rivas

Enfocado en una campaña electoral para unos comicios en los que las encuestas no le anuncian grandes alegrías, José Ramón Gómez Besteiro y su equipo tratan de reorientar el mensaje socialista. De vuelta a la vida política tras resultar absuelto de todas las imputaciones que le obligaron a salir de la primera línea, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta de Galicia vigila más que nadie con quien se le relaciona. Y entre las pautas que sigue hay una especialmente significativa, la de evitar fotografías en las que se le vea cerca de Lage Tuñas, secretario de organización del PSdeG y de facto número dos del partido.

Besteiro, como unos cuantos socialistas de relieve, observan con estupor la deriva en el ayuntamiento de A Coruña, cuartel de invierno en el que se ha refugiado el secretario tras fracasar en su intento de saltar a otros ámbitos. Cercenado su intento de ser diputado en Madrid, orillado a nivel autonómico y ninguneado en la Diputación, Lage se ha replegado a María Pita y desde allí trata de montar un imperio. La reorganización del Gobierno Local tras las últimas elecciones municipales no sólo ha derivado en una exagerada acumulación de competencias en el exasesor de Baltar en cuestiones de transparencia, sino que ha supuesto la inclusión en la nueva Relación de Puestos de Trabajo de más de una veintena de altos cargos. Lage se encarga personalmente de reclutarlos desde otras administraciones más allá del Puente del Pasaje. La CIG ya se ha lamentado de que no apueste por la promoción interna en una plantilla de cerca de 1.600 trabajadores.

Pero hay más. Lage Tuñas ha elevado el número de puestos de trabajo cubiertos en comisiones de servicio, en teoría una figura que se emplea para cubrir vacantes urgentes, hasta los 250. Antes de que el edil natural de Outes se afincase en A Coruña se cifraban en 79 y hace doce años eran 25.

Bajo la ilusión de una “xestión máis axil, eficaz e eficiente” o “dar resposta aos novos requerimentos derivados das necesidades da veciñanza”, el ayuntamiento coruñés amenaza en convertirse en una agencia de colocación a través de la que se configura una administración a medida. Un juzgado coruñés examina lo que sucede y la Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa, detalle que ha llevado al PP a convocar la Comisión de Transparencia para requerir toda la documentación relacionada con las comisiones de servicio. La CIG, que ha entregado al juez una detallada relación de nombramientos hechos con surrealistas motivaciones, habla abiertamente de “una estructura presuntamente delictiva”. Mientras tanto el BNG aprueba los presupuestos que faculta a Inés Rey y Lage Tuñas a llevar a cabo su estrategia.