Es vital reformar las leyes para dotar de mayor seguridad jurídica al mercado inmobiliario y frenar la llegada masiva de inmigración ilegal.

La generación nacida en la década de los 60 y principios de los 70, los llamados babyboomers, han disfrutado de la mayor expansión económica de la historia de la península ibérica. Desde los años 60 del siglo pasado hasta el año 2008, España disfrutó un desarrollo económico para converger con las principales economías desarrolladas, con las que tenía un gran atraso. Debido a la coyuntura económica, esta generación podía disfrutar de vivienda propia, vehículo propio y estabilidad familiar rondando los 30 años.

Todas las generaciones que han venido después de los babyboomers en España han “disfrutado” de una coyuntura económica diferente. En economía hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, quiere decir esto que se tienen que dar unos parámetros comunes para así no sesgar los resultados. Pero esto no está contemplado por la generación que actualmente está próxima a jubilarse, que utilizan el “yo a tu edad”, tratando de comparar magnitudes intergeneracionales sin atender a las diferentes realidades.

Las generaciones nacidas a partir de los años 70, ha tenido muchas dificultades para poder comprar una vivienda, un vehículo propio o tener, incluso, una familia.

Y es que, para las generaciones nacidas a partir de los años 70, ha sido progresivamente cada vez más difícil poder aspirar a una vivienda, un vehículo propio o incluso una familia. La política actual dirigida por la agenda 2030 atenta contra la posibilidad de que los individuos europeos puedan disponer de una vivienda propia por su precio, un vehículo por su presunta contaminación y una familia por los valores modernos que atentan contra esta estructura.  Todo ello se resume en el mantra de la Agenda 2030 “no tendrás nada y serás feliz” (You’ll own nothing and be happy) enunciada en el 2016.

En España los principales problemas socioeconómicos son dos (con el permiso del mercado laboral): la vivienda y la inmigración ilegal. Y es que ambos están relacionados. Estos problemas parece que son comunes a los diferentes gobiernos, pues no hay disposición política para implantar las medidas necesarias para afrontarlos. Por ello, parece que, tanto la vivienda como la inmigración ilegal, son problemas implantados de manera supranacional buscando una reacción en la población en una dirección interesada. 

En España es urgente reformar el ordenamiento jurídico para respetar la propiedad privada por encima del inquilino y que los propietarios tengan seguridad jurídica para poner sus inmuebles en el mercado de alquiler o venta.

El caso de la vivienda en España es un problema claro de oferta, que deriva de políticas que generan inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica lleva a que los tenedores de vivienda (la generación babyboomer) no deseen poner sus activos inmobiliarios en el mercado, ya sea para la compra o la venta. La falta de activos en el mercado hace que, ante la escasez de transacciones, el precio suba. La solución es sencilla: reformar el ordenamiento jurídico para respetar la propiedad privada por encima del inquilino.  

El caso de la inmigración ilegal es un caso parecido al de la vivienda, tan solo es necesario la reforma del ordenamiento jurídico para repatriar a toda persona que entre ilegalmente en el país. No hay que confundir la inmigración con la inmigración ilegal. La inmigración es necesaria para España, atendido a la pirámide demográfica actual. La inmigración ilegal es un elemento que terceros países utilizan para generar inestabilidad en España.

La inmigración ilegal es un problema creciente y es necesario reformar el ordenamiento jurídico para repatriar a toda persona que entre ilegalmente en España.

Ante la inacción de la política tradicional, surgen partidos llamados “de extrema derecha” porque son radicales contra la doctrina moral impuesta actual, y recuerdan a tiempos pasados. La inseguridad que genera la inmigración ilegal, unida a la falta de soluciones habitacionales para la población, hace que surjan partidos políticos que lleven en su programa repatriaciones masivas y que se considere delito la “okupación”. 

La falta de legislación contra la okupación, la benevolencia con la inmigración ilegal, unido al uso masivo de paguitas para “personas vulnerables”, generan un efecto llamada. Por muy buenos que seamos, España tiene 48 millones de habitantes, de los que trabajan la mitad; por ello, el país necesita cotizantes, no subsidiados.

La inacción ante la inmigración ilegal ha causado graves problemas en Francia, Bélgica o Suecia, frente al modelo de Irlanda, Dinamarca, Bélgica o Suiza que aceptan solo inmigración cualificada.

Estos problemas no solo ocurren en España. Hay países en los que podemos mirarnos en el espejo para ver la degradación que consiguen las políticas buenistas, como es el caso de Francia, Bélgica o Suecia. Hay otros países que podemos tomar de referencia por hacer lo contrario: limitar la inmigración ilegal, protegiendo a la población local e incentivando una inmigración cualificada como son los casos de Irlanda, Dinamarca, Suiza o Hungría. Y luego hay países donde la población ha votado gobiernos que limiten la inmigración ilegal, como Italia o Reino Unido y que están implementando medidas al respecto.

Desde Europa la directiva es clara, debido a la laxitud con la que se tratan ciertos temas o la injerencia de terceros países. Recordemos en 2022 la compra de voluntades políticas en el parlamento europeo por parte de Marruecos y Catar para “blanquear” a sus respectivos regímenes, que atentan contra las libertades que antes promovía Europa.

Europa ha impulsado fuertes medidas para lograr la transición energética, a pesar de que solamente representa el 6% de la población mundial y asumiendo que supone un freno importante para su economía.

Estamos en un período crítico que determinará el devenir en los próximos años. Se aprovecha la moralidad europea (basada en el catolicismo o protestantismo) para acoger (con la inmigración ilegal) y proteger (con la contaminación y el cambio climático) al mundo. Sin embargo, parece que Europa es la única que sigue estas prácticas siendo un 6% de la población mundial y damnificando con ello gravemente a su economía.

La búsqueda del equilibrio es la clave, pues Europa se enfrenta a una transformación en la que irá abandonando su poder fáctico en el mundo, para dejar paso a países como China, India o Brasil. España y Europa tendrán que encontrar su sitio, pero desde luego primero hay que remediar los desequilibrios presentes. Y eso pasa por la toma de conciencia de la población, sin caer en dogmatismos ni chantajes morales.