En el hipotético caso en el que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no estuviera capacitado para ejercer el cargo (por accidente, enfermedad o incomparecencia) quién tomaría las riendas institucionales de España sería la actual vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño. Si tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño no pudieran comparecer, Yolanda Díaz sería el mayor rango institucional del Gobierno de España.

Recuerdo en esta entradilla la importancia que tiene el cargo de vicepresidenta segunda para una persona que, tan solo en esta semana, se ha desalineado de todos los aliados de España con respecto a los asesinatos cometidos por Hamas en Israel y también pretende introducir en el acuerdo de gobierno con el PSOE un aumento en la presión fiscal.

Este aumento de la presión fiscal viene dado por un incremento en los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasando del máximo, a nivel estatal, del 47% al 52% para rentas superiores a 300.000€. Desincentivando así a las rentas altas permanecer en España puesto que entre cotización a la seguridad social e IRPF recibirían menos de un 40% de su sueldo. O, dicho de otra manera, el Estado se comería el 60% de su salario.

Si se cumple esta promesa España sería el sexto país de la OCDE junto con Dinamarca, Francia, Austria, Japón y Canadá con tipos máximos de impuestos entre los países desarrollados. De los países citados, España se sitúa última en todas las clasificaciones sobre transparencia, burocracia pública y ejecución presupuestaria. De nada sirve cobrar impuestos si luego no se redistribuyen eficientemente.

Hay que recordar que la inflación es un impuesto invisible que hace que, aunque suban los salarios, quien gana realmente es el Estado. Pues la mayoría de los impuestos son sobre un porcentaje de las transacciones. A mayor volumen de las transacciones, el Estado recauda más. Junto a la inflación y el aumento en el IRPF se busca también defender el impuesto sobre el patrimonio.

Desde la formación política Sumar se afirma: “Los impuestos sobre la riqueza son justos en una sociedad en la que la desigualdad y la pobreza alcanzan niveles inaceptables”. Hay partidos políticos que se benefician de que a los españoles les vaya mal. Si se eliminara la pobreza en España, estas formaciones no serían votadas porque no tendrían electores objetivos. Por ende, estas formaciones no están interesadas en acabar con la pobreza sino perpetuarla y extenderla, para que así su base de electores aumente y ellos así mantenerse en el poder. De hecho, se da la paradoja en la cual los votantes de ciertas formaciones pasan penurias para llegar a final de mes mientras los líderes de sus partidos visten complementos que cuestan un mes del salario de sus electores. No hay más ciego que el que no quiere ver.

Hay otro nubarrón fiscal que se cierne en 2024 que es la eliminación de la deducción por tributación conjunta. Esta forma de tributación es beneficiosa porque es la elegida por los progenitores que abandonaron sus carreras laborales para cuidar de la familia. No hay que pensar mal, pero la eliminación de la tributación conjunta mata dos pájaros de un tiro: aumenta los ingresos fiscales, disminuyendo las deducciones, y ataca a la familia tradicional. Ambos objetivos de la agenda 2030.

Para concluir, recordemos que España se beneficia del tratado Schengen Europeo de libre circulación de personas y de capitales. Si España está poniendo trabas al capital, el capital buscará la manera más eficiente de sortear las trabas burocráticas y fiscales que se le presenten. Así, poner impuestos a los ricos es un brindis al sol porque el rico buscará otro país en el que traten mejor a su dinero. Pero esto va a favor de la estrategia de determinados partidos de hacer a la población cada vez más pobre y necesitada de sus “soluciones” mientas ellos se mantienen en el poder.