Si los independentistas llegaran a “su objetivo”, tendrían que dejar de protestar y empezar a gestionar la enorme deuda de 86.000 millones que tienen con España.

Esta última semana de mayo, se aprobó en el Congreso de los Diputados la polémica ley de amnistía, con la intención de borrar los delitos del “procés” acaecidos en octubre de 2017. Es manifiesto que este movimiento político para “negociar” los votos de los partidos separatistas, atenta directamente contra el artículo 14 de la Constitución española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La amnistía impulsada por Pedro Sánchez vulnera claramente el artículo 14 de la Constitución española

Y es que todo comportamiento ilegal que tenga una sustentación “política” a favor de la independencia de Cataluña, queda amnistiado y esto atenta contra el artículo 14 de la Constitución porque si un ciudadano español ha cometidos actos vandálicos en Cataluña, estos pueden ser interpretados como “políticos” y entonces quedar amnistiados. Sin embargo, si estos mismos actos vandálicos, de igual índole, se produjeran en Murcia tendrían su calificación penal correspondiente. Por ello los españoles no serían iguales ante la ley, porque un mismo acto tendría dos tipificaciones legales diferentes. Lo cual genera, de nuevo, una incertidumbre jurídica.

El gobierno de Pedro Sánchez ha condonado el 20% de la deuda que Cataluña y, en consecuencia, la tendremos que pagar “a escote” entre todos los españoles.

Hasta tal punto esto es un sinsentido, que en los litigios penales y civiles se está utilizando como estrategia defensora la de enmarcar cualquier acto que atenta contra la ley como “político”, en búsqueda de la defensa del Estado Catalán. Por ello, todo comportamiento punible legalmente quedaría amnistiado. Pero recordemos, solo si se enmarca bajo la búsqueda de un Estado independiente catalán. 

Pero si de verdad queremos buscar el móvil de la independencia de Cataluña hay que seguir el razonamiento investigador que se suele realizar en la Policía. Si ante un delito hay que buscar un móvil, o finalidad, lo más sencilla suele ser buscar el rastro del dinero. “Follow the money”. Y es que, en un Estado Catalán, las decisiones sobre política fiscal se podrían realizar sin reportar a un tercero. Más allá de buscar la financiación para el sistemático déficit fiscal que tiene estructuralmente Cataluña.

Cataluña es la Comunidad Autónoma con los impuestos más altos y con los peores servicios públicos.

Recordemos que, con la amnistía fiscal de Cataluña, este gobierno nacional ha condonado el 20% de la deuda que Cataluña tiene con España. Y es que esta deuda sigue existiendo y tiene que ser pagada, la diferencia ahora es que la tienen que pagar otros. El problema viene porque España “mutualiza” los riesgos de las Comunidades Autónomas y emite deuda por ellas. Si cada Comunidad Autónoma tuviera que salir al mercado, los intereses financieros aumentarían. 

En el caso de una independencia de Cataluña, se tendría que negociar la elefantiásica deuda que Cataluña tiene con España. Y, en segundo término, Cataluña tendría que salir al mercado a buscar deuda. En este caso y ante la poca ortodoxia financiera del Govern de la Generalitat, los intereses financieros de la deuda crecerían drásticamente. Y es que Cataluña es la Comunidad Autónoma con los impuestos más altos y, sin embargo, con el peor desempeño de servicios públicos. 

Cataluña le debe a España 86.000 millones y una independencia unilateral de Cataluña conllevaría, en consecuencia, la bancarrota de esa comunidad autónoma

El mantra “España nos roba” puede servir durante un tiempo para camuflar la gestión de los diferentes Gobiernos autonómicos. Pero después que se haya trasferido la Policía, sanidad, transportes y ahora parcialmente los servicios portuarios, la realidad es que Cataluña, como país, tendría que enfrentarse a diferentes retos para gestionar, sobre todo, en términos de estructura pública.

La deuda de Cataluña es de 86.000 millones de euros de los cuales esa deuda es en un 86% de titularidad de la Administración Central de España. Por ello la Independencia de Cataluña si o si tiene que ser pactada, ya que una independencia unilateral traería la banca rota a Cataluña. La solución rápida sería un préstamo puente que, bien China o Rusia, utilizarían para ganar presencia en el futurible país, con tal de desestabilizar a Europa en su conjunto. Porque hay que ver Cataluña como una situación de conjunto. 

Cataluña es la punta de lanza que servirá como excusa a otros movimientos independentistas: Normandía, Córcega, Lombardía, Sajonia, …

Si sucede la independencia de Cataluña, hay otras realidades territoriales en Europa que podrían dar este paso: Normandía y Córcega en Francia, Lombardía en Italia, Sajonia en Alemania y el polvorín de Bélgica que es una unión de varios territorios independientes. Por ello es tan delicado el tema de Cataluña y es tan importante la industria de la independencia en sí misma. 

Porque los propios partidos independentistas son los primeros no interesados en que se solucione la independencia de Cataluña, porque si llegaran a “su objetivo”, entonces tendrían que dejar de protestar y empezar a gestionar. Y ahí es donde empezaría su ocaso, como hemos visto recientemente con el partido político Podemos, que cuando han tenido responsabilidades de gobierno, han demostrado a sus votantes que los principales beneficiaros de sus políticas han sido sus líderes.