Intervencionismo extremo en la empresa, subida del impuesto de sociedades, Salario Mínimo Interprofesional de 1.400€, control de los márgenes de las compañías, participación de los empleados en la dirección de la empresa, cuota obligatoria de trabajadores inmigrantes, subida del impuestazo a las energéticas hasta el 35%, impuesto permanente a las grandes fortunas…

La receta económica de la aún ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valedora del trotskista Agustín Santos Maraver embajador de España en la ONU, y al mismo tiempo defensor del ‘proces’, no tiene desperdicio. Y probablemente no hayamos acabado, porque su programa económico íntegro no lo conocemos, aunque se ha encargado de ir dando algunas pinceladas en las últimas semanas, pero el cuadro puede ser de traca.

Si hasta ahora la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y la enrevesada burocracia de España nos ha convertido en una opción poco atractiva para que grandes inversores apostaran por nuestro país instalando aquí sus empresas, con semejantes propuestas no es que ya ni se planteen venir, sino que algunos de los que están instalados aquí estarán pensando poner los pies en polvorosa. 

La empresa española soporta la mayor presión fiscal de la Unión Europea, un 23,7% por encima de la media y un 22,1% sobre el promedio de la OCDE.  Las empresas aportan el 32,5% de los ingresos públicos, frente al 23,9% de la media de la eurozona. Sin embargo, a la lideresa de esa ultraizquierda trotskista denominada Sumar no le debe parecer suficiente.

Hemos vivido cinco años de una coalición de gobierno social comunista con una política populista de acoso y derribo a la empresa, demonizándola y señalando a empresarios hasta el punto de que algunos ya se marcharon, y por supuesto otros muchos no vendrán.

Para poder mantener el estado de bienestar es preciso contar con un tejido empresarial robusto y en permanente crecimiento, puesto que cada vez son más las exigencias que demanda la Sociedad. Y para ello el mejor camino no parece que sea atacar sistemáticamente a la empresa, apuntalándola a impuestos, asfixiándolas con cargas sociales inasumibles y ejerciendo un intervencionismo más propio de sistemas populistas, comunistas y totalitarios que democracias occidentales consolidadas.

Ahora que tanto se habla de líneas rojas, son muchos los empresarios que ya las vislumbran, y como desgraciadamente lleguen a rebasarla estará garantizado el cierre. El empresario ya no tendrá que pagar impuesto de sociedades con el que contribuir a financiar el estado de bienestar, sin embargo, el Estado sí tendrá que sostener a quienes queden en la calle por perder su empleo. 

Me pregunto si en el fondo no es eso lo que realmente se busca desde ese recalcitrante comunismo que Yolanda Díaz practica: una dependencia de Papá Estado que nos tenga mantenidos con miseria para tener que obedecer ciegamente a sus órdenes. Probablemente sí, porque de otro modo no se entienden ideas peregrinas como la de los 20.000 de la ‘herencia universal’.