Por: Susana Catalán Morcillo

Concejal del PP – Ayuntamiento de A Coruña

En la primera parte de esta reflexión sobre la inseguridad ciudadana que existe en A Coruña, una de las principales preocupaciones de los vecinos a poco que cualquier concejal recorra los barrios, comentábamos que, tras casi dos años de retraso, la alcaldesa, Inés Rey, se decidió por fin a convocar la Junta Local de Seguridad tras el clamor de indignación en los barrios por el incremento de los delitos y gracias a las reiteradas peticiones del Grupo municipal del PP de A Coruña para que se convocase este órgano de coordinación operativa e informativa.

No podemos analizar la idoneidad de las medidas concretas que se acordaron en esa reunión porque no se han hecho públicas, ni se llegó al compromiso de redactar e impulsar un Plan Local de Seguridad adaptado a las características de nuestra ciudad. Una escueta rueda de prensa sin contenido y la firma del nuevo delegado de Gobierno en Galicia en el Libro de Oro de la ciudad fue el paupérrimo balance de una reunión de la que se esperaba mucho más.

Sobre el balance de criminalidad del primer semestre de 2023, en la rueda de prensa se destacó el descenso de la criminalidad en un 4,7%, con respecto al mismo periodo de 2022. Sin embargo, las alarmas saltan cuando los delitos de robo con violencia e intimidación, robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, así como los relativos al tráfico de drogas, han aumentado considerablemente, en concreto, un 8,3%, un 11% y un 45,5% respectivamente. Eso es, precisamente, lo que causa una alarma importante entre los vecinos de todos los barrios y es la realidad del día a día en las calles. No es una “percepción”, como nos quiere hacer creer la alcaldesa, es la cruda realidad que padecen nuestros vecinos en su entorno.

Tampoco nos cuentan cómo van a incrementar la presencia policial en los barrios y zonas comerciales, como han prometido, ya que, como ha solicitado el Partido Popular durante el anterior mandato y lo que llevamos de éste, es urgente incrementar la plantilla hasta agotar la tasa de reposición de policías locales, que actualmente está en 107 efectivos por debajo de las ratios establecidas; es decir, un 26% más bajo de lo que necesita la ciudad. Y esto continuará agravándose debido a que se incorporan muchos menos policías locales nuevos cada año respecto a los que se jubilan y esa brecha de efectivos no se va a resolver si continúan sin tomarse en serio la gran carencia de recursos humanos que padece la policía local.

Además, es fundamental mejorar o adaptar el Catálogo de Policía Nacional a las necesidades específicas de nuestra ciudad, de forma que aumente de forma real y efectiva el número de agentes en las calles, retornando al concepto de policía con funciones comunitarias en los barrios, que favorezcan la proximidad a la ciudadanía y recuperen la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, algo que incidiría muy positivamente en la prevención y detección precoz de los delitos más habituales.

No hace falta que nos digan desde un despacho cómo funciona el área de seguridad ciudadana en nuestra ciudad, pues no hay más que hablar con los vecinos afectados por las ocupaciones ilegales de viviendas, una práctica muy extendida que en muchas ocasiones derivan en problemas de convivencia reiterados, además de insalubridad y proliferación de negocios ilegales de compraventa y puntos de consumo de drogas.

Lo constatan los vecinos, comerciantes y hosteleros del Agra del Orzán, A Gaiteira, Os Castros, O Castrillón, Monte Alto, Os Mallos, etc Todos coinciden en que volvemos a situaciones vividas y padecidas en los años 80 y no parece que sea sólo una moda pasajera. La falta de efectivos policiales lleva a que su presencia en determinadas zonas de la ciudad sea inferior a la deseada para mantener los niveles adecuados de seguridad, debido a que la carga de trabajo actual es muy superior a la de hace años y no es posible pedir a los agentes de policía nacional y de policía local un sobreesfuerzo profesional permanente para cubrir las grandes carencias de efectivos en las plantillas.

El pequeño comercio, que tantas veces ha sido reconocido como uno de los pilares de la economía local y un reclamo turístico incuestionable como capital de moda, no está pasando por su mejor momento. A la desidia del gobierno municipal, se suma el incremento de hurtos diarios que pocos se animan a denunciar porque el resultado va a ser un dejà vu: el mismo delincuente que vuelve a los pocos días con el mismo modus operandi y con total impunidad. Esto no sólo acaba con el ánimo de los comerciantes, sino también con la imagen de una ciudad que era de las más seguras de Galicia y ahora se coloca como la más insegura, por delante de Vigo y de otras grandes ciudades de su mismo tamaño en España.

Lo único que tenemos claro es la voluntad de ambos Cuerpos en cooperar en la prevención y la protección contra nuevas formas de delincuencia y con el fin de mantener segura una ciudad extraordinaria que, por falta de interés y de conocimiento de la realidad, está sumida en una “sensación”, sí, pero de impotencia ante la normalización política de un problema real de inseguridad ciudadana. Puede que Inés Rey tenga la “sensación” de que la inseguridad ciudadana no es un problema, pero la realidad de la calle es que los vecinos están francamente preocupados y debería de tomarse en serio este importante asunto. Y es que la alcaldesa, si quiere, puede, como ha demostrado recientemente convocando la Junta Local de Seguridad, tras casi dos años de inactividad. Ahora solo le falta darle contenido y desarrollar las medidas que, de forma reiterada, le traslada el Grupo Municipal del PP tras múltiples reuniones con los vecinos afectados por este problema.

 

Susana Catalán Morcillo

Policía Local del Ayuntamiento de A Coruña en excedencia especial. Trabajó en la Unidad de protección de víctimas de violencia de género.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid.

Doctora en Lengua Española y perito judicial en Violencia de Género e Intrafamiliar

Distintivo de mérito por su trabajo durante la primera fase de la pandemia sanitaria del COVID-19 en 2020.

Distintivo de mérito en 2023 por su trayectoria profesional.