El fantasma de la crisis económica resurge en una sociedad española con miles de familias pasando tremendas dificultades para llegar a fin de mes por los precios inasumibles de la luz, una cesta de la compra disparada y el combustible por las nubes.

Una situación que ha llevado a muchos españoles a tener que prescindir de Internet, a cancelar sus pequeñas vacaciones y ensanchar las ‘colas del hambre’ en los comedores sociales.

El 27,8% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2021 (ECV) publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística.

Un dato poco esperanzador, no porque suponga un incremento de ocho décimas respecto al Informe de 2020, sino porque se trata de un documento totalmente extemporáneo que no recoge la galopante inflación que venimos sufriendo desde hace más de un año.

Desde finales de 2020 el precio de la luz se ha multiplicado por cinco; el de los combustibles, se ha doblado y la cesta de la compra ha subido un 25% si tomamos cinco alimentos básicos, más del doble del IPC de junio que se sitúa en el 10,2%.

Con esta situación los pequeños ahorros de miles de familias se han esfumado, y cada vez más ciudadanos se encuentran con serias dificultades para llegar a final de mes: nos hemos convertido en unos trabajadores pobres.

La inflación ha llevado a cancelar sus vacaciones al 30% de la población; las recomendaciones de ahorro energético se han convertido en una obligación, porque pagar el recibo de la luz es simplemente inasumible; como ocurre en miles casos con el alquiler, la hipoteca e incluso con la conexión a Internet, ensanchándose cada vez más la brecha digital.

Algunas entidades sociales ya han constatado que desde principios de 2022 ‘las colas del hambre’ se ha incrementado del orden del 30%, un avance que indica que bancos de alimentos, comedores sociales e instituciones benéficas están llamados a convertirse tristemente en protagonistas para atender las necesidades primarias de una importante parte de la población, como ya ocurrió en la crisis de 2008.

Esto no es más que la consecuencia directa de una gestión económica deficiente, de un desmedido despilfarro del gasto público y de una inflación imparable que el Gobierno no sabe detener, como lo ponen de relieve sus propias manifestaciones, al indicar que nos aguarda un futuro poco halagüeño en los próximos trimestres.

Por Carol Esprón