Por Javier Gómez Taboada.

Para curarme en salud, comenzaré pidiendo disculpas: gran parte de lo que aquí expondré no es 100% ortodoxo desde un punto de vista técnico; siendo así que desde la academia podrá reprochárseme que mezcle churras con merinas. Lo asumo y, por tanto, lo acepto. 

Pero esa heterodoxia no significa que, psicológica y -si me apuran-, también, sociológicamente, lo que hoy aquí traigo a colación no sea una percepción real; tan subjetiva como auténtica. Me refiero a todos aquellos pagos que, pese a no ser impuestos, orbitan cotidianamente a nuestro alrededor socavando nuestra liquidez y, así, el neto que queda a nuestra disposición. Por ello, ese tipo de gastos también deben ser objeto de análisis, siquiera de cuando en vez…

Pienso, así, en, por ejemplo, el pago de la tarifa de la ORA que debemos afrontar por aparcar en determinadas zonas urbanas, los peajes por circular por autopistas, el importe de la ITV también de obligado pago para no ser sancionados, la tasa por la recogida de la basura o, incluso, la del vado correspondiente a las entradas de garajes. Todos ellos con su lógica justificación, económica y jurídica, pero que ahí están, interactuando con nosotros un día sí y otro también.

A su lado hay otras figuras más exóticas, máxime considerando que nacen de la prestación de servicios pseudoprivados; así, por ejemplo, el arancel notarial y registral.

En la historia reciente aún aparecen en el horizonte otras especies, calificadas como “exacciones parafiscales”. Ejemplos de ellas se me ocurren dos: la malhadada “tasa láctea” que, lejos de ser realmente una tasa era, más bien, una multa travestida de “exacción”; y, también, el conocido como “recurso cameral permanente”, aquel pago que imperativamente debía hacerse a las Cámaras de Comercio a resultas de su obligatoria adscripción a las mismas hasta que el Tribunal Constitucional la tornó en voluntaria, en 100% libre.

Conecto -no puedo evitarlo- esta reflexión relativa a las Cámaras (y soy consciente de que, quizá, éste sea un salto sin red) con la obligatoria pertenencia a ciertos Colegios profesionales como requisito para el ejercicio de determinadas actividades (vgr.: médicos, abogados, etc.). Llevo más de treinta años ejerciendo como abogado y, por tanto, colegiado. En éstas ya más de tres décadas he pagado en concepto de cuotas más de 15.000€ (¡un coche!) y, ciertamente, mentiría si dijera que he percibido algo tangible y útil del Colegio. Mi sensación es que esas cuotas son, a su modo, otra especie de exacción parafiscal: un canon obligatorio para el desempeño de una actividad, pero sin que, a cambio, se reciba algo que se aprecie como cuantificable. No me gusta, me chirría. 

Estamos en plena época de estatalización, de crear más y más estructuras públicas, pero quiero pensar que un día el péndulo cambiará y que, para entonces, todas aquellas instituciones que no ofrezcan algo medible y útil, serán cuestionadas. Entonces, quizá, los Colegios sean vistos como un remedo de los gremios medievales y -¡quién sabe!- su pertenencia pase a ser voluntaria. ¡Ojalá! Ésa es mi apuesta.

#ciudadaNOsúbdito

Javier Taboada Gómez es abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL (www.maiolegal.com)