La obligatoriedad de establecer unos rangos de precio de vivienda de alquiler por zonas geográficas tiene implicaciones nefastas para los ciudadanos.
En plena desescalada de la pandemia, allá por el inicio del verano de 2020, el ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana presentaba un sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda. A finales de ese mismo año, desde el propio ministerio, rechazaban limitar el precio de los alquileres; medida dentro de la Ley de Vivienda que el partido del Gobierno negociaba con su socio de legislatura.
Ahora, más de tres años después, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana ha relanzado la medida, que es una herramienta que establece unos rangos de precios por zonas geográficas. Esos rangos de precios son a los que los arrendadores están obligados a poner sus viviendas en el mercado. Y esto tiene implicaciones nefastas para el mercado.
Muchos propietarios han retirado sus pisos del mercado de alquiler e, inmediatamente, se ha producido una bajada de oferta que desespera a los que buscan una vivienda.
- En primer lugar, toda intervención de un mercado produce ineficiencias.
- En segundo lugar, un arrendador que ya tiene un riesgo regulatorio (por la okupación de su propiedad privada), podrá decidir que el precio al que le obligan a poner en alquiler su vivienda no es suficiente para cubrir el riesgo que corre y decida retirarla del mercado; provocando una bajada en la oferta.
- En tercer lugar, el problema de España está en la oferta, no en el precio; por lo que la política adecuada sería la construcción masiva de parques de vivienda con alquiler asequible.
- En cuarto lugar, fijar rangos tan amplios implica que los arrendadores con pisos más baratos dentro del rango, puedan acogerse a la parte superior de la horquilla.
Y más importante si cabe es que estas medidas ya han sido implementadas en otras ciudades en el mundo (Berlín, Nueva York, Barcelona…) consiguiendo los resultados contrarios a sus objetivos iniciales. De hecho, Cataluña es la única comunidad autónoma que ha solicitado al Gobierno la declaración de “zona tensionada” en 140 municipios, para poder intervenir el mercado del alquiler en esas zonas.
El problema de España está en la oferta, no en el precio; por lo que la política adecuada sería la construcción masiva de parques de vivienda con alquiler asequible.
Por otro lado, todavía hay dudas sobre los mecanismos de inspección, que se suponen telemáticos por el gran número de viviendas a controlar; así como la ausencia de un régimen sancionador. Tanto desde la parte de oferta (promotores, inmobiliarias, constructoras…) como desde la demanda (ciudadanos, mayoritariamente) no ven con buenos ojos una política que ataca al precio sin entrar en las dos principales causas del aumento de precio en los alquileres: la oferta y la seguridad jurídica.
Un aumento en la oferta en las zonas con el alquiler más caro de España como San Sebastián, Ibiza, Barcelona o Madrid haría que sus alquileres bajaran. Pero desde luego una medida que no costaría nada al erario, sería una legislación que protegiera la propiedad privada y anulara el problema de la okupación. Con una seguridad jurídica adecuada, habría muchos propietarios que se lanzarían a poner sus viviendas en el mercado, por lo que al aumentar la oferta bajaría el precio.
Es vital poner solución a la lacra de la okupación para garantizar la seguridad jurídica, lograr que se vuelvan a poner miles de pisos en el mercado inmobiliario y conseguir que baje el precio de la vivienda en alquiler.
La evolución actual del mercado del alquiler va en contra de las soluciones habitacionales de toda la vida. Cada vez es más habitual en las grandes ciudades el alquiler por habitaciones, porque los inquilinos no pueden pagar un alquiler de un piso completo. Esto no hace, sino que aumentar la brecha de la riqueza, pues quienes son los propietarios de bienes raíces extraen la riqueza de quienes no los tienen. Y quienes no tienen bienes raíces no pueden ahorrar para poder entrar en el mercado inmobiliario, por la enorme diferencia que existe entre salarios y precios de viviendas. Todo ello genera un círculo vicioso que ejemplifica la destrucción de la clase media que está viviendo España.
