Tras la aplicación de la ley catalana, los precios de los alquileres han alcanzado niveles astronómicos, con un precio medio de 1.193 euros al mes.

Para sorpresa de nadie, la ley de vivienda en Cataluña, que fue diseñada para limitar los precios y proteger a los inquilinos, ha tenido efectos adversos completamente esperables. Lejos de ayudar a los inquilinos, los precios de los alquileres han alcanzado niveles nunca vistos, con el precio medio en 1.193€ y en algunos casos con hasta 600 personas luchando por un piso. Todo ello debido a la merma de la oferta de vivienda, a consecuencia de la inseguridad jurídica que la que ley castiga al propietario.

La reducción de la oferta se estima en el 15% respecto al año anterior lo que, comparado con una demanda estable, ha incrementado la competencia de los inquilinos por una solución habitacional. Como consecuencia de la nueva legislación, los propietarios tratan de arrendar sus viviendas a corto plazo (menos de un año) o, directamente, han retirado sus inmuebles del mercado. Adicionalmente, la nueva ley no se ha aprovechado para atajar el problema de la ocupación, como puede ser presentar avales o seguros de impago, lo que genera una mayor desconfianza y mayores barreras de entrada para los inquilinos.

Todos los países que han impulsado medidas restrictivas han logrado que la oferta baje y que los alquileres suban

Lo sorprendente es comprobar cómo hay dirigentes en el gobierno autonómico que se llevan las manos a la cabeza y no entienden lo que está pasando. En economía se estudia como la restricción de oferta de un bien o servicio con una demanda constante, tiende a elevar los precios. Y este no sucede solo en Cataluña, ya que las mismas leyes de viviendas que incentivan retirar oferta del mercado inmobiliario, han tenido el mismo efecto. Casos como en Países Bajos, Berlín, París o Nueva York, sin ir más lejos, han tenido el mismo resultado.

Junto con Cataluña, el caso de Países Bajos es el más reciente: la imposición de un tope del alquiler de 880€ para familias que ganen menos de 52.671€, hizo que los propietarios retiraran masivamente alquileres para sacar a la venta sus viviendas. De esta manera se puede concluir que toda ley basada en el control de precios agrava los problemas que busca evitar. La solución es la contraria: desregularizar el mercado de los alquileres, incrementar la promoción público-privada de vivienda social e incrementar la seguridad jurídica es la receta para aumentar la oferta de vivienda.

Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía son las comunidades españolas con una mayor variación de inquilinos que buscan alquilar una vivienda

Este es el caso de Argentina, cuyo nuevo gobierno ha conseguido duplicar y triplicar la oferta de alquiler. El gobierno no ha tenido que invertir ni un euro en construir vivienda, sino eliminar todas las trabas burocráticas que cercenaban la libre búsqueda entre el punto de equilibrio de la oferta y la demanda; mientras que, por otro lado, ha mejorado la regulación sobre la propiedad privada. Justo el caso contrario que España, donde la nueva ley a nivel estatal busca poner un techo a la evolución de los precios del alquiler y no protege a los propietarios frente a los inquiokupas, lo que ha hecho disminuir la oferta.

En España hemos puesto el ejemplo de Cataluña, por ser la región que más está sufriendo la presión en los alquileres, pero después de Cataluña aparecen la Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía como las zonas donde la variación del número de inquilinos que buscan alquiler una vivienda ha aumentado en mayor medida. Sorprendentemente Madrid no aparece como zona “tensionada” contemplando este parámetro, debido a la poca volatilidad de su oferta y su demanda habitacional.

La receta para frenar esta escalada de precios es impulsar más viviendas sociales en suelo público y legislar de forma correcta para brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios de pisos vacíos

En definitiva, la solución para la bajada de precio de los alquileres pasa por aumentar la oferta. Y para aumentar la oferta hay dos medidas urgentes a impulsar: Gastarse dinero apoyando la construcción de vivienda para compra o alquiler a precio asequible en suelo público, desarrollando promociones en la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo de las promociones de viviendas y legislar en la dirección correcta, aumentando la seguridad jurídica para que los propietarios de miles de viviendas vuelvan a poner sus inmuebles en el mercado inmobiliario. 

Legislar en la dirección correcta implica blindar la propiedad privada ante la ocupación con penas desincentivadoras para los okupantes y la devolución del inmueble tras la denuncia en menos de 24 horas; por otro lado, dejar libertad de precio para que una mayor oferta de viviendas se sume al mercado y lograr que los precios no continúen subiendo de forma exponencial.

Se quiere culpabilizar a los pisos turísticos de la falta de oferta de pisos para alquiler, cuando son un pequeño porcentaje respecto a las miles de viviendas vacías que no salen al mercado por falta de seguridad jurídica

Lo que también se le puede ocurrir al lector es pensar “es que los pisos de alquiler turístico o vacacional compiten en rentabilidad con el alquiler tradicional”. Esto es completamente cierto y responde a dos razones: 1) Las licencias que se han otorgado para este fin y 2) El gasto medio por turista. Es evidente que cada vez más ayuntamientos están restringiendo las licencias para viviendas de uso turístico. Sin embargo, hay que señalar que muchas veces se utiliza esta cuestión de chivo expiatorio. Por ejemplo, en La Coruña hay 26.000 pisos vacíos de personas o empresas que no quieren alquilan sus inmuebles y apenas llegan a 1.500 los pisos de uso turístico. ¿De verdad alguien sostiene que el problema no son los 26.000 pisos que no salen al mercado por la inseguridad jurídica y nos quieren convencer de que el problema son los otros 1.500 pisos?

Que no nos quieran engañar con artimañas. Regular los pisos turísticos sí, como cualquier otra actividad empresarial que precisa normas razonables y abonar las tasas e impuestos reglamentarios, pero el problema de la vivienda se arregla abordando la receta que hemos mostrado antes: más vivienda social de colaboración público-privada en suelo público, más seguridad jurídica para los propietarios y menos ocurrencias de los políticos para acabar agravando el problema.