En 2011, la “hucha de las pensiones”, Fondo de Reserva de la Seguridad Social, acumulaba 66.815 millones y esa cifra bajó vertiginosamente a 2.138 millones a finales de 2020.
El sistema de pensiones en España enfrenta actualmente una situación crítica, marcada por la insostenibilidad financiera y la creciente presión sobre los recursos disponibles. Según los últimos datos proporcionados por el Gobierno, el gasto en pensiones representa un alarmante 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos meses, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta el país.
Se adjunta una foto de los Presupuestos Generales del Estado para mostrar el tamaño de dicha partida frente a otras.
En noviembre, el coste mensual de las pensiones alcanzó la cifra de 12.100,8 millones de euros, lo que subraya la relevancia económica que tiene este sistema. Al analizar la distribución de este gasto, se revela que la pensión de jubilación absorbe la abrumadora mayoría, alcanzando un preocupante 73%. En concreto, se destinaron 8.838,9 millones de euros al abono de las pensiones de jubilación. Las pensiones de viudedad representaron 2.010,9 millones de euros, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente y las de orfandad ascendieron a 1.055,7 millones y 163,2 millones de euros respectivamente. Las prestaciones en favor de familiares, por su parte, totalizaron 32 millones de euros.
Un elemento crucial en esta ecuación es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comúnmente conocido como la “hucha de las pensiones”. A finales de 2020, este fondo acumulaba solo 2.138 millones de euros, en marcado contraste con los 66.815 millones de euros que poseía en 2011. Aunque este termino deja de ser un fraude, al ser esta hucha un mero apunte contable, pero consigue reforzar en la psique colectiva, que lo que tú cotices el Estado lo ahorra para dártelo en el futuro, cuando la realidad es totalmente opuesta, siendo un sistema de reparto, donde los trabajadores sufragan a los pensionistas de la actualidad.
El galopante envejecimiento de la población provoca que solo haya 2 cotizantes por cada beneficiario, lo que hace insostenible el sistema de pensiones.
Además, en 33 regiones de España, el número de afiliados a la Seguridad Social que contribuyen al sistema es inferior a 2 por cada prestación, una señal clara de la falta de proporcionalidad entre los cotizantes y los beneficiarios. Esto surge por el cambio en la estructura de la pirámide demográfica, a lo largo de toda la historia las diferentes regiones han ido teniendo cada vez mas población, fruto de un aumento de los nacimientos. El problema viene en la actualidad, donde tenemos por primera vez en la historia una pirámide invertida, habiendo mas gente mayor que gente joven.
Este escenario plantea preguntas fundamentales sobre la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones en España. La creciente proporción de pensionistas en comparación con los cotizantes sugiere un inminente desafío demográfico, unido al incremento exponencial del gasto en pensiones, que amenazan la estabilidad financiera del sistema.
Foto. Pirámide de población en España
Foto. Pirámide de población en Galicia
Como se puede ver, a nivel nacional existe un problema, pero el caso de Galicia es todavía mayor, al ser una de las comunidades autónomas más envejecidas. La situación se agravará dentro de 10 o 15 años, que será cuando los baby boomers (generación nacida en los años 60) comiencen a recibir su pensión.
A nivel laboral se da una casuística interesante, y es que estos baby boomers abandonaran el mercado laboral en breve para ser sustituidos por unos jóvenes, que tienen a sus espaldas, un paro juvenil estructural muy elevado, nula o poca experiencia por esta causa, además de una pérdida de poder adquisitivo. Es decir riqueza real, frente a la generación de sus padres o abuelos importante, a lo que se le sumara sufragar a toda esa generación, mientras se puede dar la paradoja de que un cambio de sistema de pensiones les obligue, además, a ahorrar e invertir por su cuenta, de cara a su propia jubilación. Queda patente, por tanto, que las generaciones más jóvenes se encuentran en una situación muy complicada, a la par de incierta.
Sobre la hipótesis de que el Estado central sea incapaz de pagar las pensiones, veo ese escenario como poco probable, ya que si algo han demostrado los políticos, es que no les importa aumentar todavía más la deuda pública, más aún, cuando hablamos de perjudicar a alrededor de 13 millones de personas, y, por tanto, 13 millones de votos.
Foto. Evolución que se está produciendo con la deuda de la Seguridad Social.
Aquí surge la reflexión de cómo estas condiciones pueden desembocar en una perversión de la democracia. Si el 25% de población mayor de 65 años resulta decisivo a la hora de decidir quién gobierna en España, resulta que ningún partido podrá cambiar el sistema de pensiones, o reducir todas las pensiones al salario minimo interprofesional, por ejemplo. Es decir, políticas que podrían ser ideales para los intereses nacionales se sustituyen por las más populares de cara a garantizar un buen resultado en las elecciones.
Es necesario impulsar medidas que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
Entre las posibles soluciones para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, se encuentran reformas estructurales que aborden tanto la financiación como la gestión del sistema. La incentivación de la prolongación de la vida laboral, la revisión de las edades de jubilación y la exploración de modelos alternativos de financiación son medidas que podrían contribuir a aliviar la presión actual. Otra alternativa seria la de un aumento de la productividad exponencial, gracias a la inteligencia artificial, lo cual lograría una utilización más eficiente de los recursos, asi como crecimiento económico fuerte, bajas tasas de desempleo y, por tanto, salarios altos, los cuales irían en consonancia con altas cotizaciones a la Seguridad Social.
En resumen, la sostenibilidad de las pensiones en España es un problema complejo que requiere una atención inmediata y acciones decididas por parte de las autoridades, que deberán de tomar pensando a 20 o 30 años vista, y no en las próximas elecciones. La búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles se convierte en una prioridad ineludible para garantizar la seguridad financiera de las generaciones futuras.
