El Ministerio Fiscal no depende del Gobierno, a pesar de lo manifestado por el presidente del Gobierno y de la errática trayectoria del Fiscal General del Estado.

El Ministerio Fiscal es una de las principales (y esenciales) instituciones de todo sistema democrático. Dada su importancia, parece pertinente realizar una pequeña semblanza de su naturaleza y funciones, en un momento histórico en el que, ni lo uno ni lo otro, parece estar demasiado claro. 

Conviene precisar en primer término que, pese a su denominación, no se trata de un “ministerio” en el sentido coloquial del término y, por ende, no se engloba dentro del Gobierno de la nación, por más que desde el poder ejecutivo se insista de forma pertinaz, palabra y obra mediante, en hacernos creer que la Fiscalía depende directamente de aquél. 

La Fiscalía promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y velar por la independencia de los Tribunales

Esta es la primera idea que hay que desechar: el Ministerio Fiscal no depende del Gobierno. La idea contraria se ha instalado en el imaginario popular a consecuencia de unas desacertadas manifestaciones del actual presidente del Ejecutivo; y tampoco podemos negar que el vigente Fiscal General del Estado ha contribuido decisivamente a esa suerte de mimetismo orgánico. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad.

El Ministerio Público o Fiscalía se integra en el Poder Judicial y goza de autonomía funcional

El Ministerio Fiscal, también llamado Ministerio Público o simplemente Fiscalía, que es como prefieren ser denominados sus representantes, es una institución de naturaleza jerárquica, que se integra en el Poder Judicial, pero gozando de autonomía funcional. Tal y como refiere el artículo 124 de la Constitución, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 

La Fiscalía también se encarga de velar por el interés de los menores de edad; defiende los derechos fundamentales de los trabajadores; e informa sobre la calificación de los concursos de acreedores; entre otras funciones

Dentro de este cometido general, los ciudadanos tenemos la imagen del Fiscal como el “acusador” en un proceso penal, ese interviniente frío que sostiene una acción en permanente búsqueda de castigo. Sin embargo, ello no es del todo cierto, en la medida en que sus funciones van mucho más allá. 

Ciertamente, el Fiscal es el responsable de sostener el ejercicio de la acción penal, pero también puede instar el archivo o el sobreseimiento de las actuaciones cuando, en el curso de una instrucción judicial, entiende que no concurren los elementos integrantes de una conducta que merezca el reproche penal. Lo que muchos ciudadanos desconocen, y es justo poner en valor, es la función que desarrolla en otros ámbitos del Derecho, más cercanos al justiciable común: así, es el encargado de velar por el interés y beneficio de los menores de edad en los procedimientos matrimoniales y de familia; interviene en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores; informa acerca de la calificación de los concursos de acreedores; y un largo etcétera.

La principal característica de la Fiscalía es su independencia y para defender al Gobierno está la Abogacía General del Estado

Su estructura está jerarquizada, situándose en la cúspide el Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Y si bien es la figura que debe representar a la institución con mayor solemnidad, por desgracia no siempre ha sido así, y pruebas no faltan para tal conclusión en los últimos tiempos. 

Como he señalado anteriormente, se ha extendido la percepción de que el Ministerio Fiscal es un órgano vinculado al Gobierno, y del que depende de forma directa. Es imperativo desterrar esa conclusión e incidir en la principal característica de la institución, que es su independencia, integrándose en su estructura un notable número de funcionarios de élite cuya entrega, esfuerzo y dedicación al pleno desarrollo de sus funciones en pro de la ciudadanía debe quedar al margen de toda duda. Para defender al Gobierno está la Abogacía General del Estado, pero esa es harina de otro costal.

La Fiscalía no está al servicio de ningún gobernante, si no por la defensa del interés general de todos los ciudadanos españoles

Sería deseable que esta imagen calase en el común de los ciudadanos, más allá de la percepción que tenemos quienes a diario intercambiamos dialéctica con los Fiscales en el foro. Ojalá nuestros gobernantes (en sentido estricto) destierren pronto la querencia por patrimonializar instituciones que, dado su origen constitucional, forman parte del acervo de todos los españoles, y no de un cerro privado al servicio del Ejecutivo de turno; y ojalá el máximo representante de la institución conceda a su cargo la dignidad que merece y abandone el seguidismo político que, desgraciadamente, ha caracterizado su trayectoria hasta la fecha.