Las familias son prudentes a la hora de endeudarse tras los sacrificios que tuvieron que realizar en la crisis de 2008, pero el endeudamiento público se ha multiplicado por cuatro.

El endeudamiento de familias y empresas en el estallido de la crisis del 2008 se situó en máximos por la dinámica de crecimiento que experimentaba España y por las facilidades para la obtención de financiación que otorgaban las entidades bancarias. Este hecho, unido a que la financiación se colateralizaba sobre activos que estaban sobrevalorados, hizo que muchas familias y empresas tuvieran que hacer un esfuerzo importante para sanear sus cuentas en los años posteriores a la crisis inmobiliaria. Con ese recuerdo todavía presente cerca de 15 años después, ahora las familias y las empresas son reticentes a financiarse sin una certidumbre clara. Lo que hace que actualmente el endeudamiento del sector privado esté lejos de los máximos marcados hace años. 

El endeudamiento de familias y empresas es del 131% del PIB frente al 150% de la media europea.

En términos relativos, el endeudamiento de las familias y empresas representa el 131% del PIB en septiembre de 2023, dato que compara con el 227% del boom inmobiliario y el 150% de la media europea actualmente. Las entidades de crédito se han vuelto más exigentes en la concesión de la financiación, las familias y empresas se acuerdan de los problemas que pasaron en la crisis inmobiliaria y adicionalmente las perspectivas de crecimiento para España no son las mejores. En este caso, todo “ayuda” para que el endeudamiento privado se sitúe en niveles razonables. 

En 2023, el 34% de las operaciones inmobiliarias se “pagaron a tocateja” y prescindieron de recurrir a hipotecas.

En el caso de las familias, una de las razones para que los niveles de financiación permanezcan bajos se debe a que cada vez más se compra la vivienda “a tocateja” (quien puede claro). En el año 2023, cerca de 205.000 operaciones inmobiliarias se pagaron mediante transferencia con cargo a fondos propios, lo que supone un 34% del total y un crecimiento del 10% con respecto al 2022. El entorno de tipos de interés, que encarece las hipotecas, unido a la liquidez de determinados estratos de la población, hace que cada vez más esté prefiriendo desembolsar la totalidad del precio de la vivienda con cargo a ahorros. 

Desde 2008, el endeudamiento público en España se ha multiplicado por cuatro hasta 1,57 billones y el privado casi se ha reducido a la mitad.

Por otro lado, el endeudamiento público se ha multiplicado por 4 desde 2008 comparado con la reducción a la mitad aproximadamente del endeudamiento privado. El 2008 empezaba con una deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 35% y hoy encontramos ese dato cercano al 108%, con el maquillaje conservador que implica medir la deuda sobre el PIB. 

En términos absolutos, que es la cifra realmente importante, la deuda ha pasado de 1,2 billones de euros (1.200.000.000.000€) a 1,57 billones de euros (1.570.000.000.000€). El mayor aportador a la deuda de España es el sistema de pensiones, en déficit desde 2008, y la partida del gasto que más crece en la contabilidad nacional es precisamente el pago de intereses por el incremento de la deuda soberana.

La deuda de España ha pasado del 35% del PIB en el 2008 a casi el 108% en la actualidad.

El resumen de por qué la deuda ha crecido tanto en tan “poco” tiempo, ha sido porque España ha financiado su crecimiento y ahora cada euro que se invierte no lleve aparejado un euro de retorno para el país, sino una cifra menor. Así que volvemos al problema de siempre visto desde otra perspectiva: la eficiencia del Estado y los errores en la ejecución de políticas económicas. Desde 2008 se llevan implementando políticas Keynesianas (que el Estado estimule a la economía) que implican un enorme gasto público que no lleva aparejados un aumento en los ingresos fiscales, lo que genera un déficit presupuestario. 

España tiene que refinanciar una quinta parte de su deuda que hasta ahora estaba sometida a bajos intereses y ahora los tipos de interés se acercan al 4%

Y la segunda derivada de que la deuda se haya disparado es que hay que refinanciarla puesto que España no está generando los suficientes recursos económicos como para poderla repagar. Lo que en términos políticos se denomina “patear al balón hacia delante”. España se encuentra ante el problema de tener que renovar una quinta parte de su deuda en los próximos ejercicios. El problema viene porque la anterior deuda estaba denominada en unos tipos de interés bajos o cercanos a cero. Los actuales tipos de interés, cercanos al 4% harán que el pago por intereses de la deuda crezca dramáticamente. Entonces ¿quién paga esto? Tranquilo, no es magia, tampoco son tus impuestos (porque ni dan para pagar la deuda). Es la emisión de nueva deuda la que paga la anterior deuda. 

En definitiva, el problema viene por la desalineación entre el sector público y su máximo financiador, el sector privado. La diferencia radica en que en el sector privado hay una alineación de intereses, es decir, te conviene ser eficiente porque si no pierdes tu casa, tu coche, tu empresa además de tener que responder con tu patrimonio futuro. 

El sector privado está realizando una gestión eficiente de sus recursos frente a un sector público que gasta por encima de sus posibilidades de financiación, lo que provoca un crecimiento exponencial de la deuda.

¿Qué sucede en el sector público cuando los gestores realizan bien su trabajo? Nada. ¿Qué sucede en el sector público cuando los gestores realizan mal su trabajo? Nada. Por lo tanto, hace falta alinear a los gestores públicos con la toma de decisiones mediante el antiquísimo método del palo y la zanahoria.

Si un gestor público realiza bien su trabajo, se le premia mediante un bonus a convenir. Pero si ese gestor público realiza mal su trabajo, se le advierte con algún tipo de sanción en primer lugar y si es reincidente, es cesado: de esta manera se evitarían casos como el de Correos con dispendios de más de 1.200 millones de euros. Pero la clave sin duda es que el político ponga a disposición del Estado su patrimonio personal en caso de dolo, mala fe o descuadre presupuestario, como en la empresa privada. Porque el dinero público no es de nadie, es de todos, pero precisamente como es de todos tiene que gestionarse como el de uno mismo: con una impoluta disciplina fiscal. 

La solución para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos es el impulso de una responsabilidad patrimonial subsidiaria para los gestores públicos que generen deuda durante su mandato.

Por tanto, habría que promover la implantación de una “responsabilidad patrimonial subsidiaria” para los gestores públicos que generen deudas durante su mandato. Si estas son generadas, deben satisfacerse con su patrimonio personal presente y futuro. De esta manera se conseguirían dos hitos: el primero es que habría un control fiscal (más le vale al gestor público porque si no lo pone de su bolsillo) y, en segundo lugar, se evitarían perfiles que buscan la política para enriquecerse, puesto que por su ineptitud sobrevenida podrían perder su casa y su patrimonio. 

En definitiva: se controlaría el gasto y se atraería a perfiles que de verdad tienen un interés en mejorar lo común. ¿Por qué no se impone esta solución sencilla ya? Porque no interesa y hay muchos que viven de la cosa pública sin ninguna consecuencia de sus actos.